Europa: las huelgas de la dignidad

En este contexto, millones de ciudadanos, por primera vez en la historia contemporánea de Europa occidental, deciden salir a la calle y levantar juntos su voz contra las políticas de austeridad y recortes diseñadas por Alemania, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los países del G-8.

Marcos Roitman Rosenmann

En 24 países de la Europa comunitaria, este 14 de noviembre se han convocado paros parciales, y en España, Portugal, Malta y Grecia los sindicatos se han decantado por la huelga general. Un malestar acompañado de indignación y, por qué no decirlo, de frustración, se adueña de las clases trabajadoras.

Desde hace dos décadas, en Europa, de forma lenta pero continuada, desaparecen derechos considerados universales y de calidad. Asimilados como un logro de la democracia representativa y una sociedad más justa e igualitaria, pocos podrían haber vaticinado su defunción política. Hablamos de educación pública, salud universal, vivienda social, salarios dignos o trabajo estable. Hoy estos derechos se extinguen en medio de la algarabía de las clases dominantes. El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, Joan Rosell, se mofa de las protestas y sus convocantes. No tienen propuestas y desde el punto de vista interior, y todavía más desde el punto de vista exterior, la huelga supone un torpedo contra la recuperación. Dicho argumento lo acompaña con su frase preferida: se acabó el café para todos, aludiendo a la necesidad de acabar definitivamente con el Estado de bienestar. Rosell, acusa a la clase trabajadora de vivir del desempleo y aprovecharse de la buena voluntad de empresarios honrados que trabajan 14 o 16 horas al día, mientras el obrero sólo lo hace ocho horas y protegido por una legislación paternalista. Lo que no dice Rosell es que la CEOE ha recibido 20 mil millones en subvenciones del Instituto de Crédito Oficial en 2012, y la banca, 50 mil millones. Rosell no tiene empacho. Según su teoría, los trabajadores son responsables, en gran medida, de la crisis. Han vivido por encima de sus posibilidades. Hoy deben pagar la factura.

La política de austeridad diseñada por el capital financiero y las burguesías trasnacionales no tiene límite, engullendo y desprendiéndose de lo considerado superfluo. Entre lo prescindible se hallan personas jóvenes, ancianos, trabajadores, campesinos, familias y emigrantes. Pero también instituciones. Universidades, polideportivos municipales, centros de salud primaria, oficinas de empleo público. Ambos, personas e instituciones, son un obstáculo en su camino por lograr el control de la sociedad. Hay que dejar paso libre a las compañías de seguros privados, de trabajo temporal. La educación se transforma en un negocio. Todo se mide en función del beneficio económico. No hay consideraciones sociales, sólo monetarias.

En este contexto, millones de ciudadanos, por primera vez en la historia contemporánea de Europa occidental, deciden salir a la calle y levantar juntos su voz contra las políticas de austeridad y recortes diseñadas por Alemania, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los países del G-8. Políticas cuyo resultado es un incremento de la pobreza, reapareciendo el hambre, la desnutrición y las enfermedades de salud pública, piojos, liendres y, como broche de oro, el sarampión.

En España, el desamparo que supone perder el empleo y la imposibilidad de seguir pagando alquiler y préstamo hipotecario se traduce en miles de órdenes de embargo y desahucio. Familias enteras se han quedado en la calle, sin techo, sin medios para sobrevivir ni cobertura sanitaria. La acción depredadora de los bancos, en complicidad con los grandes partidos y sus gobiernos, les permite seguir actuando con total impunidad. Pero las entidades financieras no están conformes: exigen más y más. Ahora piden la cabeza de los avalistas, quienes son desposeídos de sus bienes. Es la otra parte de la historia. Padres que estamparon su firma apoyando la hipoteca de sus hijos se ven sometidos al mismo proceso. Embargados y expulsados de sus casas se convierten en víctimas propicias de contratos usureros y perversos. Por el precio de una, los bancos obtienen dos viviendas. Ahora nos encontramos con personas que han estado toda una vida trabajando, ahorrando, que han pagado sus letras, que tienen el piso en propiedad, sin cargas, con edades comprendidas entre 50 y más años, siendo despojados de su vivienda.

La huelga general es un grito a la esperanza. No todo está perdido. Sin embargo, los empresarios y la patronal hacen lo posible por impedir que sus trabajadores ejerzan el derecho a huelga. Las reformas laborales impulsadas por el PSOE, primero, y ahora por el Partido Popular, permiten el despido libre. El miedo de cientos de personas que comparten los motivos y desean participar de la jornada de huelga los hace abstenerse y acudir a sus centros de trabajo. Son conscientes, se están jugando su empleo y en tiempos de crisis, no es aconsejable hacerlo. Los empresarios se frotan las manos. Si usted hace huelga, aténgase a las consecuencias. Con 5 millones de desempleados no tengo problemas. El despido sale barato y un contrato basura siempre es una buena opción de cambio.

Aun así, hay quienes deciden enfrentar el miedo, seguros de la dignidad que los embarga. Acuden al trabajo pero dejan constancia pública de la presión a que son sometidos por parte de sus jefes. En esta dinámica, tras la jornada laboral se suman a las manifestaciones convocadas en cada ciudad y pueblo de España cientos de jóvenes, estudiantes, médicos, enfermeras, trabajadores, agricultores, mineros, pescadores, empleados públicos, campesinos, jornaleros. Su presencia calla bocas. Es posible que los empresarios boicotearan la huelga y el gobierno señalase que el llamado fue un fracaso. Pero el lema Nos dejan sin futuro resulta ser suficientemente explícito para acudir a la cita. El triunfo de la huelga general es un hecho. Cientos de miles de voces se funden en un solo grito: no a las políticas de austeridad. La dignidad no se extravió en el camino. Mientras tanto, los políticos corruptos, de espalda a los ciudadanos, aprueban su plan de recortes, en un Parlamento desprestigiado y sin vocación democrática.

Marcos Roitman Rosenmann – 14.11.2012

IN “El Clarin de Chile” – http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=6496&Itemid=14

Greve geral na Grécia: Europa afunda

Para quem achava que a luta de classes havia terminado, a Europa promete dias bem quentes!

Altamiro Borges

Milhares de trabalhadores saíram às ruas ontem (06) na Grécia. Os protestos fazem parte da nova greve geral convocada pelas duas principais centrais sindicais do país para protestar contra as medidas de "austeridade" impostas pelo governo a mando dos credores internacionais. Estão previstas manifestações hoje em frente ao parlamento, em Atenas, com o objetivo de pressionar os deputados a rejeitarem o pacote de corte de gastos e aumento de impostos. A Europa afunda na crise capitalista e os trabalhadores resistem!

O novo pacote de austeridade do governo do primeiro-ministro conservador Antonis Samaras foi imposto pela famigerada "troika" – que reúne o Banco Central da Europa, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia. Através do corte dos gastos públicos e da elevação dos tributos, ele visa arrecadar 13,5 bilhões de euros, que servirão para enriquecer ainda mais os banqueiros. Ele prevê mais demissões no setor público e mais arrocho salarial, num quadro de agravamento da crise econômica europeia.

Na semana passada, a prepotente chanceler da Alemanha, Angela Merkel, exigiu mais cinco anos de "austeridade" no velho continente para saciar a sede de lucro do capital financeiro. As medidas de austeridade, porém, só tem agravado a crise na Europa. O euro segue em queda livre e os "investidores" continuam em fuga da região à deriva. A própria Alemanha, que banca ortodoxia neoliberal, começa a sentir os impactos do acelerado declínio. Em outubro, mais de 20 mil trabalhadores foram demitidos no país.

Na zona do euro, o desemprego já atinge a taxa recorde de 11,6%, com 18,5 milhões de vítimas – o equivalente a toda a população da região metropolitana de São Paulo. Entre os mais jovens, a taxa sobe para 23,3%. Este quadro dramático explica o aumento da revolta no velho continente. A Confederação de Sindicatos da Europa organiza para 14 de novembro uma jornada unitária de lutas, com greves e passeatas. Para quem achava que a luta de classes havia terminado, a Europa promete dias bem quentes!

Altamiro Borges – 10.11.2012

IN “Blog do Miro” – http://altamiroborges.blogspot.com.br/2012/11/greve-geral-na-grecia-europa-afunda.html

O Bolsa Família e seus inimigos

Para a oposição – especialmente a menos informada –, o Bolsa Família é o grande culpado pela reeleição de Lula e a vitória de Dilma Rousseff. Não admira que o deteste.

Para os políticos, as coisas são, porém, mais complicadas. Como hostilizar um programa que a população apoia?

Por isso, quando vão à rua disputar eleições, se apresentam como seus defensores. 

Marcos Coimbra

O pensamento conservador brasileiro – na política, na mídia, no meio acadêmico, na sociedade – tem horror ao Bolsa Família. É só colocar dois conservadores para conversar que, mais cedo ou mais tarde, acabam falando mal do programa.

Não é apenas no Brasil que conservadores abominam iniciativas desse tipo. No mundo inteiro, a expansão da cidadania social e a consolidação do chamado “Estado do Bem-Estar” aconteceu, apesar de sua reação.

Costumamos nos esquecer dos “sólidos argumentos” que se opunham contra políticas que hoje em dia são vistas como naturais e se tornaram rotina. Quem discutiria, atualmente, a necessidade da Previdência Social, da ação do Estado na saúde pública, na assistência médica e na educação continuada?

Mas todas já foram consideradas áreas interditas ao Estado. Que melhor funcionariam se permanecessem regidas, exclusivamente, pela “dinâmica do mercado”. Tem quem pode, paga quem consegue. Mesmo se bem-intencionado, o “estatismo” terminaria por desencorajar o esforço individual e provocar o agravamento – em vez da solução – do problema original.

O axioma do pensamento conservador é simples: a cada vez que se “ajuda” um pobre, fabricam-se mais pobres.

Passaram-se os tempos e ninguém mais diz essas barbaridades, ainda que muitos continuem a acreditar nelas. Hoje, o alvo principal das críticas conservadoras são os programas de transferência direta de renda. Naturalmente, os que crescem e se consolidam. Se permanecerem pequenos, são vistos até com simpatia, uma espécie de aceno que sinaliza a “preocupação social” de seus formuladores.

Mas é uma relação ambígua: ao mesmo tempo que criticam os programas de larga escala, dizem-se seus mentores. Da versão “correta”. Veja-se a polêmica a respeito de quem inventou o Bolsa Família: irrelevante para a opinião pública, mas central para as oposições. À medida que o programa avançou e se expandiu ao longo do primeiro governo Lula, tornando-se sua marca mais conhecida e aprovada, sua paternidade começou a ser reivindicada pelo PSDB. Argumentavam que sua origem era um programa instituído pelo prefeito tucano de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, em 1994.

Ele criou de fato o Programa de Renda Mínima, que complementava a receita de pessoas em situação de miséria. Por razões evidentes, limitava-se à cidade e beneficiava apenas 2,5 mil famílias, com uma administração tão complexa que era impossível expandi-lo com os recursos da prefeitura.

Tem sentido dizer que o Bolsa Família nasceu assim? Que esse pequeno experimento local é a matriz do que temos hoje? O maior e mais bem avaliado programa do gênero existente no mundo e que serve de modelo para países ricos e pobres?

O que a discussão sobre o Renda Mínima de Campinas levanta é uma pergunta: se o PSDB estava convencido da necessidade de elaborar um programa nacional baseado nele, por que não o fez?

Não foi Fernando Henrique Cardoso quem venceu a eleição de 1994? O novo presidente não era amigo e correligionário do prefeito? Ou será que FHC não levou o programa do companheiro para o nível federal por ignorá-lo?

Quem sabe conhecesse a iniciativa e até a aplaudisse, mas não fazia parte do arsenal de medidas que achava adequadas para enfrentar o problema da pobreza. Não eram “coisas desse tipo” que o Brasil precisava.

Goste-se ou não de Lula, o fato é que o Bolsa Família só nasceu quando ele chegou à Presidência. E é muito provável que não existisse se José Serra tivesse vencido aquela eleição.

Fazer a arqueologia do programa é bizantino. Para as pessoas comuns não quer dizer nada. Como se vê nas pesquisas, acham até engraçado sustentar que o Bolsa Família não tem a cara de Lula.

Não é isso, no entanto, o que pensam os conservadores. Para eles, continua a ser necessário evitar que essa bandeira permaneça nas mãos do ex-presidente. O curioso é que não gostam do programa. E que, toda vez que o discutem, só conseguem pensar no que fazer para excluir beneficiários: são obcecados pela ideia de “porta de saída”.

Outro dia, tudo isso estava em um editorial de O Globo intitulado “Efeitos colaterais do Bolsa Família”: a tese da ancestralidade tucana, a depreciação do programa – apresentado como reunião de “linhas de sustentação social (?) já existentes” –, a opinião de que teria ficado “grande demais”, a crítica de que causaria escassez de mão de obra no Nordeste, e por aí vai (em momento revelador, escreveu “Era FHC” e “período Lula” – como se somente o primeiro merecesse a maiúscula).

Para a oposição – especialmente a menos informada –, o Bolsa Família é o grande culpado pela reeleição de Lula e a vitória de Dilma Rousseff. Não admira que o deteste.

Para os políticos, as coisas são, porém, mais complicadas. Como hostilizar um programa que a população apoia?

Por isso, quando vão à rua disputar eleições, se apresentam como seus defensores. Como na inesquecível campanha de Serra em 2010: “Eu sou o Zé que vai continuar a obra do Lula!”.

Alguém acredita?

Marcos Coimbra – Sociólogo – 26.06.2012

IN “Carta Capital” – http://www.cartacapital.com.br/politica/o-bolsa-familia-e-seus-inimigos/

Acorda, Brasil

 LIBerdade de expressão para todos: Argentina sai na frente ao criar televisão aberta a todos os sotaques e vozes. No Brasil, a sociedade cobra Dilma para avançar projeto já rascunhado. A Bahia saiu na frente.

João Peres

Damián Loreti olhava com ciúme para o outro lado da fronteira. O Brasil tinha tantos grupos que discutiam a necessidade de democratizar a comunicação e o debate era tão avançado que o veterano estudioso do tema sentia saudável inveja. Na Argentina da virada do século, o tema estava restrito a algumas dezenas de “maníacos”, mas em pouco tempo a equação se inverteu. Quem acompanha o assunto do lado de cá olha para o lado de lá admirado.

 “Sem vontade política é impossível. Sem um bom projeto, também”, resume o decano do curso de Comunicação da Universidade de Buenos Aires (UBA) sobre a Lei de Meios, sancionada em 2009. O projeto existia havia tempos, composto por 21 objetivos, e a vontade política amadureceu na entrada do novo século, quando centenas de entidades se somaram na Coalizão por uma Radiodifusão Democrática. Corria 2008 e o governo de Cristina Kirchner estava em pé de guerra com os representantes do agronegócio. 

Não tardou para que o gabinete presidencial se desse conta de que circulava somente uma versão dos fatos: a dos empresários, fruto da concentração de emissoras de rádio e TV nas mãos do grupo Clarín, comparável às Organizações Globo. Apenas sete cidades recebiam mais de um sinal de canal de televisão aberta. Sem programações que mostrassem o mundo de diferentes pontos de vista, estava imposta uma verdade única. Era hora de tirar o pó do projeto apresentado pela sociedade quatro anos antes.

Na ocasião, o Brasil preparava a Conferência Nacional de Comunicação (Confecom). Pela primeira vez reuniram-se governos, empresários – embora alguns tenham se negado ao debate – e pessoas dos mais diversos segmentos em torno do objetivo de tornar a produção de informação um retrato mais fiel da diversidade cultural, geográfica e política do país. Foram centenas de reuniões primeiro nas cidades, com propostas depois levadas a edições estaduais e, por fim, ao encontro nacional, em dezembro de 2009.

O então ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, Franklin Martins, experiente jornalista com passagens por Globo e Bandeirantes, começou a elaborar um anteprojeto para promover a democratização da comunicação. O texto tomou como base os debates da conferência nacional e as experiências de diversos países de avançada democracia – entre os quais a Argentina, já com sua nova legislação em vigor. O esboço de Franklin foi repassado ao ministério de Dilma Rousseff, mas ainda não andou.

Como se faz democracia

Cem mil mulheres chegam a Brasília vindas de todas as partes do território nacional. São trabalhadoras rurais, caminham durante dias e são recebidas pela presidenta da República para discutir reforma agrária. Em outro dia, 20 mil produtores rurais ocupam a Esplanada dos Ministérios. Querem que o Congresso vote as mudanças na legislação florestal para poder desmatar além dos limites atuais. Dois temas relevantes para a sociedade? Não para a Globo. A Marcha das Margaridas recebeu 18 segundos da edição de 17 de agosto de 2011 do Jornal Nacional. Já o churrasco da maior entidade ruralista, 127 segundos.

“Ninguém quer acabar com a Globo nem democratizar a Globo. Ela cumpre um papel político e cultural no Brasil”, diz Renata Mielli, da coordenação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). Em outras palavras, cada empresa pode transmitir o que achar importante, mas as margaridas, as acácias, as violetas e todas as flores têm direito a uma emissora que as represente – e todo cidadão, o direito de buscar e encontrar uma cobertura diferente. “O objetivo é fortalecer um campo público de comunicação e discutir regras transparentes para a concessão de canais.”

As estações de televisão ou de rádio que escolhemos todos os dias são um espaço público. Esse espaço é invisível, está no ar, mas é limitado, o que significa que não se pode abrir infinitas emissoras. Essa restrição torna necessária a presença do Estado para regular e disciplinar a distribuição das concessões, feitas mediante leilões válidos para um determinado período. Na prática, é como se uma pessoa alugasse uma frequência. 

Como qualquer contrato de aluguel, há direitos e deveres. Se descumpridos, implicam advertência, multa e até rompimento do vínculo. O Brasil, por enquanto, não discutiu essas regras. Há conceitos apresentados pela Constituição a ser ­refinados para, caso o inquilino desrespeite o acordo, o locatário – o povo bra-sileiro – poder solicitar de volta o imóvel, ou melhor, a frequência.

O texto constitucional de 1988 diz que o setor não pode ser alvo de monopólio ou oligopólio, mas não estão definidos quais são os parâmetros que configuram essa concentração. Os veículos de rádio e TV devem dar preferência a conteúdos educativos e culturais – porém, sem esmiuçar o que isso significa, a sociedade não tem como cobrar a aplicação.

“O discurso da censura é o discurso dos censores”, lamenta João Brant, do Coletivo Intervozes, atuante na batalha pela democratização da comunicação. “A regulação precisa incidir diretamente sobre a questão do pluralismo e da democracia e garantir que as diferentes vozes e perspectivas fluam ao debate público.”

Assim ficou definido nas nações europeias e nos Estados Unidos, e é desse modo que deseja a Unesco, órgão das Nações Unidas para a educação e a cultura. Toby Mendel, consultor internacional da entidade, lembrou durante um seminário realizado em Brasília em 2010 que liberdade de expressão não é só o direito de ouvir: é o direito de falar. O preceito é reafirmado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), que enxerga a comunicação como um direito humano básico, a exemplo da saúde, da educação e da alimentação. Se há conselhos municipais, estaduais e nacionais para discutir essas questões, por que a comunicação ficaria de fora?

Na Argentina, diferentemente da Europa, as concessões sempre estiveram com o setor privado. Sempre esteve evidente que poder e comunicação andam juntos, e rapidamente as frequências de transmissão foram distribuídas ­entre amigos. “Se há algo claro é que o mercado não assegura pluralismos. Os que não têm dinheiro não falam”, ­adverte Loreti. Quadro parecido com o brasileiro. As outorgas são de atribuição do Ministério das Comunicações e o governo precisa de apoio no Congresso. Parlamentares querem o seu veículo para controlar o noticiário em sua região. 

A organização Transparência Brasil encontrou 52 deputados e 18 senadores associados a empresas concessionárias de comunicação. A renovação das outorgas é atribuição dos parlamentares. 

Por essa e por outras, a Constituição prevê que eles não participem de concessões de serviços públicos, para evitar que legislem em causa própria. Em dezembro passado, o Intervozes e o PSOL ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar essa situação.

Pontapé inicial 

Chega o domingo à tarde e você está sedento pela partida de seu time. Liga a tevê e aparece a arquibancada repleta. Ajeita-se, separa o amendoim, a cerveja, junta os amigos. Começa o espetáculo. A câmera continua mostrando a torcida. Um narrador conta o que ocorre no gramado – e você, que não comprou o pacote premium, não verá o jogo. 

Até 2009, os direitos de exibição do futebol eram um monopólio na Argentina. O Clarín, detentor desses direitos, é também proprietário de operadoras de TV a cabo. Os demais operadores, impedidos de exibir o esporte popular, fecharam as portas. O Clarín passou a controlar a maior parte dos assinantes, 65% da população, e o espectador, sem direito de escolha, submeteu-se ao “pague para ver”, o que deu ao grupo uma enorme escala financeira. O quadro foi revertido quando Cristina declarou o futebol bem de interesse público e as transmissões passaram à TV aberta.

No Brasil, as operadoras que transmitem as partidas controlam mais de 90% da base de assinantes, 11 milhões de pessoas. No último Campeonato Brasileiro, a Globo, que tem o monopólio do setor, convenceu mais de 1 milhão deles a aderir ao “pague para ver”. O acesso às partidas custou entre R$ 40 e R$ 60 ao mês. 

Quando apresentou suas vantagens para a renovação do contrato com os clubes, a Globo lembrou que chega a 99,67% dos lares brasileiros. Uma situação que mataria de susto estudiosos da comunicação na França. Nenhuma emissora daquela nação pode atingir mais de 20% da audiência nacional – se passar disso, deve se livrar de canais até que volte aos níveis permitidos. Há restrições também à chamada propriedade cruzada, que é o controle por um mesmo grupo empresarial de veículos de rádio, TV, internet e impressos.

Na Argentina, o Clarín diz contar com 237 licenças de rádio e TV, além de jornais, revistas e páginas na rede mundial de computadores. Suficiente para endeusar ou demonizar a imagem de qualquer governo ou personalidade e condenar qualquer cidadão acusado de um crime pelo qual não foi julgado. Quando os Kirchner se deram conta do problema, os 21 pontos defendidos pela sociedade civil foram encaminhados ao Congresso, passaram por mais de um ano de discussão, receberam centenas de aportes, votação e em 2009 estavam sancionados. O mote “Hablemos todos”, falemos todos, levou milhares às ruas e a população se apropriou do tema.

O Clarín conseguiu rapidamente uma liminar que impede colocar em curso os dispositivos anticoncentração. Espera-se que a Corte Suprema se manifeste neste ano a favor da lei, o que forçará o conglomerado a se desfazer de muitas de suas licenças, várias obtidas pelo grupo com a última ditadura (1976-1983). 

O espaço de frequências ficará em três fatias iguais: estatal, privado com fins de lucro e privado sem fins de lucro, destinado a sindicatos e emissoras comunitárias. Os indígenas foram incluídos na fatia do setor estatal, conquistaram frequências de rádio, reuniram em todo o país 250 comunicadores e aguardam a montagem da primeira emissora voltada aos povos originários, o que deve ocorrer em 2012. “Há que romper os cercos que foram criando monopólios da comunicação e as distorções da identidade indígena”, relata Matías Melillán, mapuche da província de Neuquén, na Patagônia. 

Dividir o bolo

Representante dos povos originários no Conselho Nacional de Comunicação Audiovisual, Matías diz que a comunicação já era debate antigo entre os indígenas, que finalmente passaram a ter voz e agora entram na via de mão dupla da informação. “Não se pode ter preconceito, nem nutrir uma visão que nos folclorize.”

Além de garantir concessões a grupos até então não representados, a Lei de Meios prevê que 30% da programação terá de ser exibida com conteúdo local e, nas maiores cidades, 30% da grade diária de atrações será de produção local independente. Nenhuma rede poderá controlar mais de 35% da audiência nacional. 

No Brasil, segundo o projeto Os Donos da Mídia, há 34 redes de comunicação, mas mais da metade das emissoras está afiliada a quatro delas (Globo, SBT, Band e Record). O grupo Rede Bahia controla dez veículos de comunicação no estado, entre os quais seis geradoras de TV e três rádios, que costumam retransmitir a programação da Globo. “Nós queremos nos ver na televisão. A televisão neste país é Sudeste, ela não é a cara de todo o povo brasileiro”, queixa-se Julieta Palmeira, médica e integrante do recém-criado Conselho Estadual de Comunicação da Bahia. 

“Queremos incentivos à produção independente e à produção regional para que nosso povo possa se ver na televisão.” Como as chamadas “cabeças de rede” ficam no Sudeste, concentra-se aí 60% do faturamento em publicidade. 

Na Argentina, a expectativa é garantir a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento de um mercado de comunicação fora de Buenos Aires, com o que se desconcentra também a verba publicitária e se assegura a valorização das notícias e dos aspectos culturais de cada região, sem que a visão portenha se transforme na visão nacional. Para os grupos que querem discutir a regulação, reside aí uma das explicações para que as redes de televisão brasileiras não tenham a mesma disposição. 

A distribuição da publicidade do governo brasileiro passou por um processo importante de desconcentração ao longo da última década. Em 2003, receberam recursos de campanhas federais 499 ­veículos em 182 municípios; em 2010, ­foram 8.094 veículos em 2.733 municípios – mas a maior fatia ainda fica com a televisão aberta.

Questionado pela repórter Lúcia Rodrigues, da Rádio Brasil Atual, sobre a lentidão na comparação com o país vizinho, o ex-ministro Franklin Martins lançou uma hipótese: “O Brasil não caminha galopando, tirando as quatro patas do chão ao mesmo tempo como um potro argentino, que é muito rápido, mas às vezes corre para um lado e depois é obrigado a voltar porque não tinha criado um consenso. O Brasil é como um elefante, para movimentar uma pata, precisa ter as outras três no chão”.

A metáfora, se não bate de frente, também não alivia para o ministro das Comunicações do governo Dilma, Paulo Bernardo – em cuja gaveta hiberna o anteprojeto de regulação rascunhado há quase dois anos. De acordo com o Observatório do Direito à Comunicação, Bernardo afirmou durante um seminário dias antes do Carnaval que a revisão do projeto de marco regulatório já estaria concluída e deverá ser objeto de consulta pública em breve. O ministro não mencionou prazos e ponderou que vai precisar conversar mais dentro do governo.

Em seu primeiro ano de gestão, Dilma quase não tocou no assunto. Agora, o tema parece ter dado um sinal de vida. Na mensagem do Executivo ao Congresso Nacional, na abertura do ano legislativo de 2012, é citada a pretensão do governo de concluir o Regulamento do Serviço de Radiodifusão (de 1963). E também de “prosseguir com ações voltadas à atualização do marco legal das comunicações eletrônicas”. Os brasileiros ávidos por um sistema mais democrático esperam, enfim, ter tocado o coração da presidenta. Sem a ajuda dela, o elefante segue adormecido, sufocando as vozes de quem ficou lá embaixo. 

Ouça um bom conselho

A Bahia inaugurou em janeiro o primeiro conselho estadual de comunicação do Brasil. Outros projetos do gênero surgiram em 2010, mas o apoio do governo de Jaques Wagner foi decisivo para que o colegiado baiano, fruto de uma iniciativa de movimentos da sociedade, fosse instalado.

A ideia é discutir o fortalecimento da rede pública de televisão e rádio, o papel das emissoras comunitárias e a distribuição de verbas publicitárias estaduais. “Isso traz desenvolvimento regional à medida que se apoia o produtor de conteúdo onde ele estiver”, diz Julieta Palmeira, empossada no Conselho Estadual de Comunicação da Bahia em 10 de janeiro. Julieta, também do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, considera importante o fato de empresários, sociedade civil e governo terem se sentado à mesma mesa para debater o tema, apagando o preconceito em torno dos militantes. “O conselho tem caráter deliberativo, e isso ocorreu com a aceitação dos empresários, o que não é uma coisa menor.”

A Rede Globo foi a exceção. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), representante dos maiores grupos midiáticos, que já havia se negado a participar da Conferência Nacional de Comunicação em 2009, tampouco quis integrar o grupo de trabalho que elaborou o projeto do conselho baiano. Em nota, a Abert manifestou considerar inconstitucional a iniciativa por acreditar se tratar de uma prerrogativa da Federação, vetada aos estados. “A Constituição brasileira é clara ao garantir o exercício da liberdade de expressão e de imprensa, da manifestação do pensamento e de opinião, sem nenhum tipo de censura, licença ou controle”, acrescenta.

“Não pode haver temas interditados para o debate público”, rebate Renata Mielli, do FNDC. “Como vou controlar a Globo? Não tem como controlar. Mas tenho como discutir critérios de distribuição de publicidade oficial. Quando se fala sobre isso, esses veículos ficam enlouquecidos.”

João Peres – Março de 2012

IN “Revista do Brasil”, No. 69 – http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/69/acorda-brasil/view