segunda-feira, 30 de julho de 2012

50 años de prisión para Videla y 15 para Bignone


Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio.

Editorial Página 12
Después de quince meses de debate el Tribunal Oral Federal 6 que integran los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Penala y Domingo Altieri condenó a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone por "sustracción, retención y ocultamiento" de hijas e hijos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, en veinte y treinta y un casos, respectivamente, y dictó 30 y 40 años de "prisión e inhabilitación absoluta" a los genocidas Antonio Vañek y Jorge "El Tigre" Acosta. En tanto, el represor Santiago Omar Riveros fue condenado a 20 años de prisión; los apropiadores Víctor Gallo e Inés Susana Colombo a 15 y 5 años, respectivamente; Juan Antonio Azic a 14 y 10 años para el médico Jorge Luis Magnacco. Además, el TOF6 definió el robo de niños como plan sistemático, producto de una práctica organizada desde la cúpula del poder militar, y fijó para el 17 de septiembre próximo la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.
A más de tres décadas de cometidos los delitos, y al cabo de dieciséis años de la denuncia original realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, la justicia encontró a Videla penalmente "responsable por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y la supresión de su identidad, en 20 oportunidades", la cantidad de casos ventilados en el juicio durante los últimos 15 meses.
Durante los años que llevó la investigación judicial hasta el juicio oral, se obtuvieron muchos testimonios, pero uno de los más reveladores fue el de la nieta Victoria Montenegro, cuando denunció la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el excoronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes.
Antes de la sentencia, Montenegro, que se reencontró con su familia en 2001, aseguró que "llamar a las cosas por su nombre nos va a hacer mejor a todos", en referencia a la expectativa de que el Tribunal Oral Federal 6 defina como "plan sitemático" el robo de bebés. "Este juicio cierra muchos años de lucha sostenida por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo", sostuvo
Para la joven, que este año también recuperó los restos de su padre, gracias a la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, el significado de alcanzar justicia "sirve para reparar heridas, aunque sabemos que falta mucho más, sabemos que forma parte de la batalla cultural que estamos dando".
Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio.
Las abuelas y familias siguen buscando a los que faltan; sus nombres ayer quedaron escritos a modo de marca en una gacetilla que distribuyó Abuelas de Plaza de Mayo por la sentencia: son Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi; el/la hijo/a de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur; Martín Ogando Montesano; Victoria Petrakos Castellini; la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubén y Hugo Castro que “continúan viviendo con una identidad falsa”.
Editorial Página 12 – 05.07.2012



Un fallo con elogios y también críticas

REPERCUSIONES POR LAS CONDENAS A NUEVE REPRESORES POR EL PLAN SISTEMATICO DE APROPIACION DE NIÑOS.

Editorial Página 12
 “Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” al dictador Jorge Rafael Videla, señaló Abuelas. Abel Madariaga anunció que apelará la pena que recibió la apropiadora de su hijo.
Abuelas de Plaza de Mayo celebró la “sentencia histórica” por el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, causa que comenzó a impulsar formalmente hace 16 años, aunque admitió que le queda “un sabor amargo” por las bajas penas que recibieron los apropiadores de Francisco Madariaga Quintela. Su padre, Abel Madariaga, secretario del organismo, anunció que apelará el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 6 que sentenció con quince años de prisión al apropiador Víctor Gallo, ex capitán del Batallón de Inteligencia 601, y a cinco años de cárcel a su mujer, Susana Colombo. “Me robaron a un hijo durante 32 años y le dieron cinco años a la apropiadora”, resumió Madariaga para explicar su disconformidad. La sentencia fue celebrada mediante comunicados por H.I.J.O.S. Córdoba, Amnistía Internacional y la agrupación Kolina.
“Un tribunal de la democracia condenó a algunos de los mayores responsables” del plan sistemático y “reconoció que hubo una ‘práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores en el marco de un plan general de aniquilación’”, celebró Abuelas. “Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” a Videla, aunque “entendemos que otros represores no fueron sancionados de acuerdo con la magnitud de los crímenes gravísimos que cometieron y que aún perduran en el ocultamiento de la verdadera identidad de casi 500 hombres y mujeres que continúan siendo esclavos del alma”, explicó. Repudió las “bajas condenas” a Gallo y Colombo, y advirtió que “seguiremos exigiendo que los apropiadores sean considerados autores de delitos de lesa humanidad y reciban penas más severas”.
Abel Madariaga, quien recién dos años atrás pudo encontrar a su hijo Francisco, dijo que “en forma global (el fallo) fue ejemplar”, pero cuestionó la condena a cinco años a Colombo porque “me robaron a un hijo durante 32 años”. “Pudimos probar que hubo robo de bebés, que nacieron en Campo de Mayo y en la ESMA, y que no fueron a parar a cualquier lugar sino que fueron apropiados por integrantes del Batallón de Inteligencia 601”, señaló. “Trabajamos 16 años para demostrar esto (el plan sistemático), porque en el Juicio a las Juntas se había dicho que no se podía hablar de robo sistemático de bebés”, remarcó.
H.I.J.O.S. Córdoba valoró que “a 35 años de cometidos los más de 500 robos de bebés, por fin la Justicia condenó a los máximos responsables” y calificó las condenas de “ejemplares”. “Este juicio fue posible gracias a las Abuelas, que lograron transformar su incansable lucha por restituir la identidad a esos niños, hoy jóvenes, en un reclamo de toda la sociedad”, remarcó la entidad. Recordó que los niños, “después de ser separados de sus familias, eran entregados a amigos y conocidos de militares y policías, o criados por los propios asesinos de sus padres biológicos, con la connivencia de la Justicia y de sectores de la Iglesia Católica”. “En la Argentina se implementó desde el Estado un plan sistemático de robo de bebés. El objetivo era sustraerles su identidad, negándoles saber quiénes eran, quiénes fueron sus padres y que toda una familia los estaba buscando”, sintetizó, y valoró como “inédito” que el fallo ordene ampliar las investigaciones en torno del ex capellán de la Armada y secretario del vicario castrense, Emilio Grasselli, y a ex miembros del “Movimiento Familiar Cristiano que habrían intervenido en hacer posible estos delitos”.
Amnistía Internacional calificó el fallo como “un paso histórico hacia la justicia”. Se trata de “un paso muy significativo en el camino emprendido por la Argentina para juzgar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar”, sostuvo en un comunicado, y llamó al Estado a “continuar avanzando en las investigaciones para que recuperen su verdadera identidad las personas que, al día de hoy, todavía siguen siendo víctimas de estos delitos”. “La condena contra Videla y Bignone demuestra que nadie está por encima de la ley”, afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía en el país. Kolina, la agrupación de la ministra Alicia Kirchner, destacó que la sentencia “se debe a la inclaudicable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, al apoyo incondicional de las organizaciones de derechos humanos y a la política de Estado iniciada por el compañero Néstor Kirchner y profundizada por la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.


Editorial Página 12 – 07.07.2012

sábado, 28 de julho de 2012

Os banqueiros são os ditadores do Ocidente


 O Primeiro-Ministro da Irlanda disse a seu povo que eles não eram responsáveis pela crise. Mas ele não disse quem eram os culpados. Já não é hora de que ele e seus colegas o digam? E os jornalistas também?

Robert Fisk
Escrevendo na região que produz mais clichês por metro quadrado que qualquer outra 'história'--o Oriente Médio--, eu deveria talvez fazer uma pausa antes de dizer que nunca li tanto lixo, tanta porcaria como tenho lido a respeito da crise financeira mundial.
Mas não vou me conter. Me parece que o jornalismo sobre este colapso do capitalismo chegou a um novo subsolo que nem mesmo o Oriente Médio é capaz de alcançar, em termos de obediência intocada e completa às próprias instituições e “especialistas” de Harvard que ajudaram a provocar o desastre criminoso.
Comecemos com a “Primavera Árabe”-- já em si mesmo um nome que é uma grotesca distorção verbal do grande despertar árabe/ muçulmano que está sacudindo o Oriente Médio—e com os paralelos falaciosos com os protestos sociais nas capitais ocidentais. Fomos inundados com jornalismo que afirma que os pobres ou os desfavorecidos no Ocidente tiraram uma “página” do livro da “primavera árabe”, que os manifestantes nos EUA, Canadá, Grã-Bretanha, Espanha e Grécia foram “inspirados” pelas enormes manifestações que derrubaram os regimes do Egito, da Tunísia e—até certo ponto—da Líbia. Isso é nonsense.
A comparação real, não é preciso nem dizer, escapou aos jornalistas ocidentais, tão prontos a exaltar as rebeliões anti-ditatoriais dos árabes, tão ansiosos para ignorar os protestos contra os governos “democráticos” do Ocidente, tão desesperados para desqualificar essas demonstrações, para sugerir que elas estão apenas adotando a última moda do mundo árabe. A verdade é um pouco diferente. O que levou os árabes, às dezenas de milhares e depois aos milhões, às ruas das capitais do Oriente Médio foi a exigência de dignidade e a recusa a aceitar que os ditadores locais, de um grupo de famílias, fossem dos donos dos países. Os Mubaraks e os Ben Alis e os Gaddafis e os reis e os emires do Golfo (e da Jordânia) e os Assads acreditavam que tinham direitos de propriedade sobre a totalidade de suas nações. O Egito pertencia à Mubarak Inc., a Tunísia à Ben Ali Inc. (e à família Traboulsi), a Líbia à Gaddafi Inc. E assim por diante. Os mártires árabes contra as ditaduras morreram para provar que seus países pertenciam a seus próprios povos.
E esse é o verdadeiro paralelo com o Ocidente. Os movimentos de protesto são, deveras, contra os Grandes Negócios—uma causa perfeitamente justificada—e contra os “governos”. O que eles realmente perceberam, ainda que de forma um pouco tardia, é que durante décadas se iludiram com uma democracia fraudulenta: votam civicamente em partidos políticos, que então entregam seus mandatos democráticos e o poder do povo aos bancos, aos seus negociadores derivados e às suas agências de classificação de risco, todos eles sustentados pela corja preguiçosa e desonesta dos “especialistas” dos "think tanks" e das principais universidades estadounidenses, que mantêm a ficção de que esta é uma crise da globalização, e não um massivo engano financeiro imposto aos eleitores.
Os bancos e as agências de classificação de risco se tornaram os ditadores do Ocidente. Como os Mubaraks e os Ben Alis, os bancos acreditaram—e ainda acreditam—que são os donos de seus países. As eleições que lhes conferem o poder se tornaram—pelo conluio e falta de vergonha dos governos—tão falsas como as urnas às quais os árabes eram obrigados a marchar década após década para ungir os seus próprios donos da propriedade nacional. Goldman Sachs e o Banco Real da Escócia se tornaram os Mubaraks e Ben Alis dos EUA e do Reino Unido, cada um deles engolindo as riquezas de seu povo em recompensas e bônus de araque para seus patrões viciosos, numa escala infinitamente mais voraz que as gananciosas famílias de ditadores árabes jamais poderiam imaginar.
Eu não precisava do documentário "Inside Job", de Charles Ferguson, na BBC-2, esta semana (apesar de que ele ajudou), para me mostrar que as agências de classificação de risco e os bancos dos EUA são intercambiáveis, de que seu pessoal se move sem sobressaltos entre agência, banco e governo. Os senhores da classificação (quase sempre senhores, claro) que deram nota AAA aos empréstimos sub-prime e seus derivativos nos EUA estão agora—através de sua influência venenosa nos mercados—cravando suas garras no povo da Europa, ao ameaçar reduzir ou retirar, das nações europeias, a mesma nota que eles haviam concedido a criminosos antes do colapso financeiro nos EUA. Eu sempre acreditei que atenuar é a melhor forma de vencer discussões. Mas, me perdoem, quem são essas criaturas cujas agências de classificação agora dão mais medo nos franceses do que Rommel dava em 1940?
Por que meus colegas jornalistas lá em Wall Street não me ensinam? Como é possível que a BBC e a CNN—e, ó queridos, até a Al Jazeera—tratem essas comunidades de criminosos como instituições inquestionáveis do poder? Por que não há investigações—o “Inside Job” começou a assinalar o caminho—desses escandalosos negociadores duplos? Isso me lembra a forma igualmente covarde em que tantos jornalistas estadounidenses cobrem o Oriente Médio, evitando, assustados, qualquer crítica direta a Israel, com a cumplicidade de um exército de lobistas pró-Likud, tudo para explicar aos espectadores por que devemos confiar nas “iniciativas de paz” dos EUA no conflito israelo-palestino, por que os bons são os “moderados” e os maus são os “terroristas”.
Os árabes pelo menos já começaram a questionar esse nonsense. Mas, quando os manifestantes de Wall Street começam a fazer o mesmo, eles se tornam “anarquistas”, os “terroristas” sociais das ruas americanas, que ousam exigir que os Bernankes e os Geithners encarem o mesmo tipo de tribunal que Hosni Mubarak. Nós, no Ocidente—nossos governos—criamos nossos ditadores. Mas, ao contrário dos árabes, não podemos tocá-los.
O Primeiro-Ministro da Irlanda, Enda Kenny, informou solenemente a seu povo, esta semana, que eles não eram os responsáveis pela crise em que se encontravam. Eles já sabiam disso, é claro. O que ele não disse foi quem eram os culpados. Já não é hora de que ele e seus colegas europeus o digam? E nossos jornalistas também?


Robert Fisk – 11.12.2011
Tradução de Idelber Avelar
IN “Revista Forum” (original no “The independent”) – http://www.revistaforum.com.br/conteudo/detalhe_noticia.php?codNoticia=9632/os-banqueiros-sao-os-ditadores-do-ocidente

quarta-feira, 25 de julho de 2012

A conta não ficou só nos pedágios



Após a privatização das rodovias, a Dersa acumulou prejuízos bilionários.


Rodrigo Martins
As privatizações das rodovias paulistas i9niciadas no fim dos anos 1990 prometeram o céu: pistas melhores e menos gastos públicos. As estradas são realmente boas. Quanto à redução das despesas do governo... Basta ver a situação da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.), que operou as rodovias por 40 anos e hoje está em situação calamitosa. Em 2919, a empresa de economia mista vinculada à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, apurou um prejuízo de 583 milhões de reais. Com esse resultado, o roombo acumulado pela companhia desde a sua fundação ultrapassou a marca dos 8,32 bilhões de reais. No fim do ano passado, se a empresa tivesse de fechar as portas, o seu patrimônio não seria suficiente para quitar os débitos. Faltariam 967,2 milhões de reais para honrar todos os compromissos.
O cenário é ruim, mas, de acordo com uma auditoria da KPMG, poderia ser melhor caso o governo do estado tivesse quitado as indenizações que deve à empresa pelas rodovias que entregou à iniciativa privada com o Programa Estadual de Desestatização. A dívida soma 2,5 bilhões de reais. Esse valor, por sinal, seria bem maior hoje se a companhia não tivesse abdicado de cobrar juros e correção monetária sobre o débito. O prejuízo da Dersa em 2010, por exemplo, seria 40% menor, uma diferença de ao menos 240 milhões de reais, segundo os cálculos da KPMG.
Em 2009, a empresa perdeu a operação das últimas três estradas que controlava, encerrando uma história de 40 anos como concessionária de rodovias. A Eco-pistas pagou 595 milhões de reais e prometeu investir outros 828 milhões para explorar, por 30 anos, o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Já a rodovia D. Pedro I foi outorgada à concessionária Rota das Bandeiras por 1,39 bilhão de reais, mais investimentos de 2,1 bilhões até 2039. Como a Dersa poderia explorar esses corredores por mais 13 anos, ficou acertado que a empresa receberia 1,58 bilhão de reais a título de indenização no primeiro caso e 935 milhões no outro. A Dersa não sabe estimar quanto deixa de arrecadar em pedágios atualmente pela privatização dessas estradas. No último ano em que as operou por 12 meses completos, faturou 281 milhões.


O que chama mais a atenção no relatório da KPMG, datado de 29 de março, é a constatação de que "a continuidade das operações da companhia depende do aporte de recursos financeiros do governo do estado de São Paulo, seu principal acionista, e do recebimento das indenizações citadas anteriormente". Além disso, o texto assinado pelo auditor Wagner Petelin levanta "dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional" da empresa. É por essa razão que o deputado Luiz Claudio Marcolino (PT), da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de São Paulo, pretende incluir questionamentos sobre a saúde financeira da Dersa durante uma audiência a ser realizada no parlamento paulista. A oposição espera convocar o presidente da empresa, Laurence Casagrande Lourenço, para esclarecer o excesso de aditivos em obras da Dersa. "Os empreendimentos costumam terminar com um preço bem superior ao do contrato original e causa estranhamento saber que, apesar de estar à frente das maiores obras viárias do estado, a Dersa tenha acumulado prejuízos tão elevados."

De acordo com Márcio Cammarosano, professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), os administradores da Dersa podem exigir o pagamento das indenizações devidas pelo governo paulista, mesmo sendo o estado o seu principal acionista. "Trata-se de uma empresa de economia mista, que também deve satisfações aos seus sócios privados. Se a Dersa tinha direito a explorar essas rodovias por mais tempo e foi impedida, deve ser ressarcida, porque isso pode afetar a economia interna da empresa", avalia. É pouco provável, no entanto, que os sócios privados da companhia venham requerer alguma coisa. Eles detêm apenas 0,000001% das ações da Dersa. O restante pertence à Fazenda paulista. "Normalmente, numa situação como essa, a administração da empresa entra em acordo com o estado, o principal acionista."
Por meio de nota, a Dersa diz ter solicitado ao Estado "autorização para converter em capital social a parcela do passivo não circulante, registrada como `adiantamento parafuturo aumento de capitar. Em outras palavras, o governo pode autorizar o aporte de 3,4 bilhões de reais para tapar o buraco contábil da empresa. "Tão logo sejamos autorizados pelo nosso acionista, faremos a atualização contábil e passaremos a uma situação de patrimônio líquido positivo".
Esse investimento, contudo, não diz respeito ao pagamento das indenizações devidas à Dersa pela privatização das rodovias, um débito que deve ser quitado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A nota afirma ainda que a Dersa está negociando com o DER, mas informa que a empresa também possui dívidas com o órgão estadual, sem, no entanto, especificar esses valores. "Ao final das tratativas teremos um encontro de contas, com resultado positivo em favor da Dersa, e um plano de quitação desse débito", completa o texto. Quanto à decisão de não cobrar juros e correção monetária correspondente às indenizações, a companhia alega ter agido em conformidade com o "princípio da prudência", uma vez que "não existia naquele momento uma expectativa do correspondente ingresso financeiro imediato".
Atualmente, a Dersa sobrevive com a receita das travessias de lanchas e ferry-boats que operam no litoral paulista e a prestação de serviços técnicos no campo da infraestrutura de transportes e logística, sobretudo no apoio a grandes projetos viários do governo. A empresa garante não ser dependente do Tesouro paulista, "o que significa que os aportes de capital do acionista são dirigidos somente a investimentos da empresa". Por essa razão, as contas da Dersa não são registradas no Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária (Sigeo), mecanismo de controle dos gastos públicos aberto aos parlamentares. No fim, a empresa virou uma caixa-preta que não permite avaliar até que ponto as privatizações de rodovias prejudicaram a Dersa e, a despeito do pagamento das concessões, criaram, na prática, um rombo a ser coberto pelos cofres públicos.



Rodrigo Martins – 17.08.2011
IN “Carta Capital” – http://www.cartacapital.com.br/politica/veja-os-destaques-da-edicao-impressa-de-cartacapital-4