Casi la
mitad de los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar
en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y
Honduras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran
envergadura dirigidos por empresas privadas.
Anistia
Internacional
En
toda América, las defensoras y los defensores de derechos humanos sufren
niveles crecientes de intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las
fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y las bandas criminales, ha
afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El
informe, titulado Transformar dolor en esperanza: Defensoras y
defensores de derechos humanos en América, se basa en unos 300 casos de
intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de
derechos humanos en una decena de países, ocurridos principalmente entre enero
de 2010 y septiembre de 2012.
“En
casi todos los países de América se somete sistemáticamente a las defensoras y
los defensores de derechos humanos a hostigamiento, ataques y cargos penales
infundados con el fin de impedirles defender los derechos de las personas más
marginadas”, ha declarado Nancy Tapias Torrado, investigadora de Amnistía
Internacional sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos
humanos en América.
En
todo el continente americano, las defensoras y los defensores han sido tildados
públicamente de “ilegales”, “ilegítimos”, “sin escrúpulos” o incluso
“inmorales”. También se los ha acusado de ser delincuentes, corruptos,
mentirosos, buscapleitos o subversivos, de defender a delincuentes y de apoyar
a grupos guerrilleros. Estas críticas públicas han sido proferidas tanto por
funcionarios del gobierno como por actores no estatales.
“Hombres
y mujeres que trabajan para proteger los derechos humanos también están en la
mira, pues poderosos intereses económicos y políticos los perciben como un
obstáculo a proyectos de desarrollo de gran envergadura”, ha dicho Nancy Tapias
Torrado.
Entre
las personas que son blanco especial de ataque están quienes trabajan en
cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, los derechos de las
mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo,
y los abusos contra las personas migrantes, quienes trabajan para que se haga
justicia por los abusos cometidos contra los derechos humanos, así como
periodistas, blogueras y blogueros y sindicalistas.
De
los casi 300 casos analizados por Amnistía Internacional, sólo en 4 se declaró
culpables a los autores materiales.
Casi
la mitad de los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron
lugar en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y
Honduras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran
envergadura dirigidos por empresas privadas.
En
países como Cuba y México, defensoras y defensores sufren hostigamiento
judicial, son detenidos sobre la base de pruebas deficientes, o pesan durante
años cargos falsos contra ellos porque se dictan órdenes de detención que luego
no se ejecutan.
Los
defensores indígenas de derechos humanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual
Agustín Cruz, de Puebla, México, quedaron en libertad el 28 de noviembre de
2012, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulase la
declaración de culpabilidad dictada injustamente contra ellos.
El
12 de julio de 2010, José Ramón y Pascual habían sido condenados a siete años
de prisión por el robo de un vehículo.
La
denuncia había sido presentada por un miembro del grupo del cacique local que
durante muchos años había restringido el acceso al agua y cobraba por la toma
de agua lo equivalente al salario de cuatro meses de muchos de los integrantes
de la comunidad. Los dos defensores habían luchado para hacer llegar
canalizaciones principales de agua hasta los hogares.
La
decisión de la Suprema Corte sobre este caso confirma la conclusión de Amnistía
Internacional de que la causa emprendida contra estos defensores era una total
injusticia.
En
varios países de América, las defensoras de derechos humanos que hacen campaña
en cuestiones como la violencia contra las mujeres han sufrido violaciones,
amenazas de violación e intimidación, o se ha amenazado a sus familiares.
El
9 de noviembre de 2011, un hombre y una mujer armados entraron en casa de la
defensora de derechos humanos Jackeline Rojas Castañeda en Barrancabermeja,
Colombia. El hombre y la mujer obligaron, pistola en mano, a Jackeline y a su
hija de 15 años a permanecer en habitaciones separadas. Le dijeron que matarían
a su hija si gritaba o trataba de pedir ayuda.
Luego
ataron a Jackeline, la amordazaron y le rociaron el cuerpo y la ropa con
pintura roja. Los asaltantes exigieron repetidamente información sobre el
paradero de su hijo y su esposo, que es líder sindical. Además, se llevaron de
la casa dos computadores portátiles, lápices USB, teléfonos celulares y
documentos.
El
10 de noviembre, Jackeline –integrante destacada de la Organización Femenina
Popular– acudió a denunciar el ataque a la Fiscalía General. En un principio,
el personal no aceptó la denuncia, alegando que ella se había inventado el
ataque.
“Cuando
las autoridades no protegen a quienes trabajan para defender los derechos
humanos de todas las personas y no investigan los ataques perpetrados contra
ellos, transmiten el mensaje de que se toleran los ataques”, ha afirmado Nancy
Tapias Torrado.
“Los
gobiernos deben garantizar que las defensoras y los defensores de derechos
humanos disfrutan de protección integral, que incluyen, como mínimo, reconocer
la importancia y la legitimidad de su trabajo, investigar plenamente los abusos
a los que se enfrentan y proporcionar medidas efectivas de protección.”
Anistia Internacional –
07.12.2012
IN
Anistia internacional - http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/americas-defensores-ddhh-sufren-incremento-ataques-2012-12-07
