¿Un kirchnerismo tranquilo?

Este nuevo período podría ser la oportunidad para abordar una serie de temas que se vienen arrastrando desde hace tiempo y que reclaman una solución más o menos urgente: revisar algunos aspectos del modelo económico; relanzar la política industrial con una mirada de largo plazo que incluya la construcción de una banca de desarrollo estilo BNDES; avanzar en la articulación infraestructural con el resto de la región y el mundo; profundizar la reforma educativa, en particular reimpulsando las escuelas técnicas; corregir los efectos regresivos de los subsidios a algunos servicios y pensar políticas globales para áreas complejas pero que exigen una reforma integral .

               

José Natanson

Si por algo se ha caracterizado Argentina en sus 200 años de historia es por su discontinuidad, sus saltos al abismo, su apuesta a las opciones excéntricas en su acepción más precisa: fuera del centro, y por el transcurrir de un tiempo político marcado por constantes rupturas. Una independencia tormentosa que dio lugar a una guerra civil de décadas que gestó una organización nacional fundada en una masacre a la que le siguieron una serie de protestas de obreros-inmigrantes inéditas para el contexto latinoamericano y luego un primer populismo quebrado por una dictadura … y así hasta hoy.

No se trata, por supuesto, de capturar la esencia de la argentinidad al estilo de Fabio Alberti en Todo por dos pesos (“¿Qué nos pasa a los argentinos?”), ingrata tarea a la que se han dedicado demasiados textos de historia liviana, filosofía pasteurizada y pensamiento nacional más o menos jaurecheriano, muchos de ellos parte de un curioso subgénero que ha registrado éxitos de venta en los años recientes: la psico-historia, el intento por identificar el trauma fundante –que puede ser el populismo peronista de los 40 o la Revolución Libertadora– a partir del cual comenzó la decadencia nacional, que no se cuestiona ni matiza.

Como las personas, que son flacas o narigonas o malhumoradas o ansiosas, los países tienen ciertos rasgos que los caracterizan y los distinguen del resto, pero éstos no son atribuibles a un inexistente ADN nacional sino a procesos históricos analizables. Un ejemplo entre miles: las corrientes inmigratorias que llegaron entre fines del siglo XIX y principios del XX portaban un rechazo a la autoridad gestado en las experiencias autoritarias sufridas en sus países de origen que, junto a las ideas anarquistas y socialistas en las que muchos de estos “nuevos argentinos” fueron formados, contribuyó a instalar un ideal igualitarista ausente por ejemplo en Brasil, un país inequitativo y elitista en el que la monarquía y la esclavitud moldearon un carácter al que podríamos definir como de alegre resignación.

Pero en Argentina los puntos más altos vienen acompañados por abismos insondables. Al menos en las últimas décadas, nuestro país parece dispuesto a tolerar tasas de daño superiores a las de otras naciones sudamericanas: hay que ir a Centroamérica, a África o a Asia (estoy tentado de escribir: regiones más atrasadas, pero como les temo a los antropólogos, prefiero: regiones menos europeizadas) para encontrar tragedias similares: Alain Roquié señala en su último libro que la tasa de desaparecidos es de 0,1 por cada 100 mil habitantes en Brasil, 1 por cada 100 mil en Uruguay y 31 por cada 100 mil en Argentina (1).

Enumeremos rápido: la dictadura y Malvinas, con todo lo que implicó en términos de orgullo nacional demolido; la híper del 89 y el fracaso de la esperanza alfonsinista; la crisis del 2001 y sus escuelas económicas y sociales. Y entre una caída y otra, el juicio a las juntas, el salto de crecimiento de principios de los 90, la recuperación pos convertibilidad y las reformas implementadas desde el 2003.

Esta volatilidad se refleja en la evolución del vínculo de la sociedad con el kirchnerismo. Un viejo adagio machista, que por supuesto no compartimos, recomienda tratar a las mujeres según el método de la pasteurización –frío, calor, frío, calor, frío… –, procedimiento que muchos argentinos parecen haber seguido en su relación con el gobierno. Y es que Kirchner llegó al poder con sólo el 22 por ciento de los votos pero apenas dos años después, en las legislativas del 2005, derrotaba al duhaldismo en la provincia de Buenos Aires, se apoderaba del PJ y se aseguraba la victoria en las presidenciales del 2007. Al poco tiempo, sin embargo, el conflicto del campo producía un deterioro de la imagen oficial que se reflejó en la aplastante derrota en los comicios del 2009. Ahora, tras su rotundo triunfo en las primarias, el gobierno se acerca a una victoria en la que la única duda es cuántas decenas de puntos le sacará Cristina al principal candidato opositor.

Si, siguiendo a Adam Przeworski, la democracia es la “incertidumbre institucionalizada” (2), con las elecciones como “mini revoluciones” programadas para introducir, cada tantos años, la posibilidad del cambio político, parecería que Argentina se resistiera a aceptar el otro costado, el costado monótono, regular y regulador, que implica toda democracia. ¿Constituye esto un problema? Según cómo se mire: la democracia del cambio permanente puede ser vista como una apertura a los impulsos transformadores de la sociedad tanto como un signo de la imposibilidad de construir colectivamente un orden que permita sostener esos cambios.

Largo plazo

Uno de los tantos lugares comunes que el kirchnerismo ayudó a poner en cuestión es el del consenso, que en su versión más simplona alude a la idea de que los partidos –a veces junto a algunos actores corporativos– deben sentarse a una mesa y acordar una serie de políticas que luego se implementarán exitosamente. Difundido hasta el hartazgo, el mito del eterno consenso ignora las características estructurales del sistema político pos crisis: por ejemplo, el detalle de que los partidos son incapaces ya no de contener a sectores sociales más o menos determinados sino incluso a sus propios dirigentes (la fluidez del tránsito del peronismo kirchnerista al disidente, y viceversa, es solo un ejemplo).

El otro punto que el consensualismo dogmático soslaya es que el apoyo del sistema político a una cierta política no la convierte automáticamente en positiva: la convertibilidad, por ejemplo, fue respaldada por prácticamente todos los líderes políticos y por la mayor parte de la sociedad hasta el día en que voló por los aires.

Esto no implica soslayar el valor de las políticas de Estado –en el sentido de una medida que trasciende a un gobierno determinado y se vuelve más o menos permanente– sino tratar de entender su verdadero origen. Sucede que una política de Estado es menos un acto de voluntad de un puñado de dirigentes inspirados que el resultado complejo –y parcialmente cambiante– de una combinación de fuerzas políticas, equilibrios sociales, historia y cultura. En general, nace cuando una fuerza circunstancialmente hegemónica logra imponer, muchas veces contra la resistencia de la oposición, una decisión que luego es asumida como propia por el resto de los partidos.

Y los argentinos tenemos dos. La primera es la relación con Brasil, que comenzó a dejar atrás su impronta de competencia geoestratégica a partir de 1985, cuando Raúl Alfonsín y José Sarney dieron el primer paso en la desnuclearización del vínculo bilateral y pusieron la semilla de lo que luego sería el Mercosur, cuyo Tratado Constitutivo fue firmado por Carlos Menem en 1991 y cuyo salto en términos de coordinación política fue obra de Néstor Kirchner. Con un sentido de desmilitarización durante el alfonsinismo, de integración comercial durante el menemismo y de alianza política durante el kirchnerismo, la amistad con Brasil es una política que se ha mantenido a lo largo de casi tres décadas de vida democrática.

La segunda política de Estado está obviamente relacionada con la primera y es el sometimiento de los militares a la autoridad democrática y el acotamiento de su rol a las cuestiones de la defensa, decisión que comenzó durante el alfonsinismo con el juicio a las juntas y la sanción de las leyes de defensa y seguridad interior, siguió durante el menemismo con la eliminación del servicio militar obligatorio y el inicio de las misiones de paz (que contribuyeron a darles un nuevo sentido de existencia a las fuerzas armadas) y continuó durante el kirchnerismo, con la política de derechos humanos y las reformas de Nilda Garré. En su libro Dos semanas, cinco presidentes (3), Damián Nabot cuenta que en diciembre del 2001, cuando estallaron los saqueos y los cacerolazos, la conducción del ejército consultó discretamente al gobierno acerca de la posibilidad de una intervención militar en las calles de Buenos Aires. Pero ni siquiera en aquel momento los políticos cayeron en la tentación de ceder a los militares el control de la seguridad interior, una feliz frontera de hierro que se ha mantenido viva en Argentina pero que se encuentra ausente en otros países de la región.

Después de octubre

¿Se convertirá alguna de las decisiones del kirchnerismo en una política de Estado? Hasta hace unos meses, y al menos si uno se guiaba por los discursos de los principales líderes opositores, la sensación era que no, que prácticamente todas las medidas oficiales deberían ser revertidas o corregidas severamente en un futuro no muy lejano. Esta situación, sin embargo, comenzó a cambiar tras el triunfo de Cristina y el ascenso de Hermes Binner, cuyo partido acompañó con su voto en el Congreso proyectos como la estatización de las AFJP y la ley de medios. Si hay que apostar, no parece muy riesgoso aventurar que la Asignación Universal para la Niñez tiene grandes chances de sobrevivir en el largo plazo.

No es un mal momento para pensar estos temas. Con la autoestima fortalecida, el oficialismo ha tomado nota de los errores del pasado y desde hace ya un tiempo viene adoptando un tono de gestión más asertivo. Y es que el conflicto por la 125 y la derrota del 2009 dejaron su huella: una cosa es aceptar que la división del campo político es inevitable para cualquier gobierno con un mínimo de voluntad transformadora, y otra es convertir esa situación puntual en una identidad política duradera y, más peligroso aún, capaz de proyectarse electoralmente: el gobierno machacó tanto contra la oligarquía –una categoría social inaplicable a la realidad rural argentina, donde lo que importa es menos la propiedad de la tierra que su forma de producción–, que terminó por crear un actor político anti natura que antes no existía. Curada en salud, Cristina se cuida ahora de fabricar adversarios más allá de lo estrictamente necesario y avanza en una etapa que podríamos llamar de “kirchnerismo tranquilo”.

Este nuevo período podría ser la oportunidad para abordar una serie de temas que se vienen arrastrando desde hace tiempo y que reclaman una solución más o menos urgente: revisar algunos aspectos del modelo económico, por ejemplo para enfrentar el estancamiento de las reservas; relanzar la política industrial con una mirada de largo plazo que incluya la construcción de una banca de desarrollo estilo BNDES; avanzar en la articulación infraestructural con el resto de la región y el mundo; profundizar la reforma educativa, en particular reimpulsando las escuelas técnicas; corregir los efectos regresivos de los subsidios a algunos servicios (electricidad y gas en la zona metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo) y pensar políticas globales para áreas complejas pero que exigen una reforma integral (el sistema de salud).

Todo esto requeriría dejar de lado el estilo decisionista que caracteriza al kirchnerismo, en particular en su primera etapa, y desarrollar una serie de destrezas nuevas: sofisticación técnica, construcción de equipos, miradas institucionales más matizadas; un hilado fino que supone dosis de paciencia y negociación e incluso mesas de concertación que articulen intereses de diversos actores políticos y sociales. En el curioso clima pos electoral que precede a los comicios de octubre, no suena absurdo. De hecho, algo parecido argumentaba Néstor Kirchner allá por el 2007 para explicar los motivos de la candidatura presidencial de Cristina.


1. Alain Rouquié, A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina, FCE, Buenos Aires, 2011.
2. Adam Przeworski, “Ama a incerteza e seraás democrático”, en Novos Estudos CEBRAP, No 9, San Pablo, julio de 1984.
3. Damián Nabot, Dos semanas, cinco presidentes, Aguilar, Bs. As., 2011.

José Natanson - Outubro de 2011

IN “Le Monde Diplomatique Argentina” (Editorial) No. 148 - http://www.eldiplo.org/index.php/148-el-melodrama-argentino/un-kirchnerismo-tranquilo/

Dez fatos que a "grande" imprensa esconde da sociedade

Ao esconder a existências dessas regras e o modo funcionamento da mídia em outros países, essas entidades empresariais é que estão praticando censura e manifestando a visão autoritária que tem sobre o tema. O acesso à informação de qualidade é um direito. Aqui estão dez regras adotadas em outros países que os barões da mídia brasileira escondem da população

Marco Aurélio Weissheimer

O debate sobre regulação do setor de comunicação social no Brasil, ou regulação da mídia, como preferem alguns, está povoado por fantasmas, gosta de dizer o ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Franklin Martins. O fantasma da censura é o frequentador mais habitual, assombrando os setores da sociedade que defendem a regulamentação do setor, conforme foi estabelecido pela Constituição de 1988.

Regulamentar para quê? – indagam os que enxergam na proposta uma tentativa disfarçada de censura. A mera pergunta já é reveladora da natureza do problema. Como assim, para quê? Por que a comunicação deveria ser um território livre de regras e normas, como acontece com as demais atividades humanas? Por que a palavra “regulação” causa tanta reação entre os empresários brasileiros do setor?

O que pouca gente sabe, em boa parte por responsabilidade dos próprios meios de comunicação que não costumam divulgar esse tema, é que a existência de regras e normas no setor da comunicação é uma prática comum naqueles países apontados por esses empresários como modelos de democracia a serem seguidos.

O seminário internacional Comunicações Eletrônicas e Convergências de Mídias, realizado em Brasília, em novembro de 2010, reuniu representantes das agências reguladoras desses países que relataram diversos casos que, no Brasil, seriam certamente objeto de uma veemente nota da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) denunciando a tentativa de implantar a censura e o totalitarismo no Brasil.

Ao esconder a existências dessas regras e o modo funcionamento da mídia em outros países, essas entidades empresariais é que estão praticando censura e manifestando a visão autoritária que tem sobre o tema. O acesso à informação de qualidade é um direito. Aqui estão dez regras adotadas em outros países que os barões da mídia brasileira escondem da população:

1. A lei inglesa prevê um padrão ético nas transmissões de rádio e TV, que é controlado a partir de uma mescla da atuação da autorregulação dos meios de comunicação ao lado da ação do órgão regulador, o Officee of communications (Ofcom). A Ofcom não monitora o trabalho dos profissionais de mídia, porém, atua se houver queixas contra determinada cobertura ou programa de entretenimento. A agência colhe a íntegra da transmissão e verifica se houve algum problema com relação ao enfoque ou se um dos lados da notícia não recebeu tratamento igual. Após a análise do material, a Ofcom pode punir a emissora com a obrigação de transmitir um direito de resposta, fazer um pedido formal de desculpas no ar ou multa.

2. O representante da Ofcom contou o seguinte exemplo de atuação da agência: o caso de um programa de auditório com sorteios de prêmios para quem telefonasse à emissora. Uma investigação descobriu que o premiado já estava escolhido e muitos ligavam sem chance alguma de vencer. Além disso, as ligações eram cobradas de forma abusiva. A emissora foi investigada, multada e esse tipo de programação foi reduzida de forma geral em todas as outras TVs.

3. Na Espanha, de 1978 até 2010, foram aprovadas várias leis para regular o setor audiovisual, de acordo com as necessidades que surgiam. Entre elas, a titularidade (pública ou privada); área de cobertura (se em todo o Estado espanhol ou nas comunidades autônomas, no âmbito local ou municipa); em função dos meios, das infraestruturas (cabo, o satélite, e as ondas hertzianas); ou pela tecnologia (analógica ou digital).

4. Zelar para o pluralismo das expressões. Esta é uma das mais importantes funções do Conselho Superior para o Audiovisual (CSA) na França. O órgão é especializado no acompanhamento do conteúdo das emissões televisivas e radiofônicas, mesmo as que se utilizam de plataformas digitais. Uma das missões suplementares e mais importantes do CSA é zelar para que haja sempre uma pluralidade de discursos presentes no audiovisual francês. Para isso, o conselho conta com uma equipe de cerca de 300 pessoas, com diversos perfis, para acompanhar, analisar e propor ações, quando constatada alguma irregularidade.

5. A equipe do CSA acompanha cada um dos canais de televisão e rádio para ver se existe um equilíbrio de posições entre diferentes partidos políticos. Um dos princípios dessa ação é observar se há igualdade de oportunidades de exposição de posições tanto por parte do grupo político majoritário quanto por parte da oposição.

6. A CSA é responsável também pelo cumprimento das leis que tornam obrigatórias a difusão de, pelo menos, 40% de filmes de origem francesa e 50% de origem européia; zelar pela proteção da infância e quantidade máxima de inserção de publicidade e distribuição de concessões para emissoras de rádio e TV.

7. A regulação das comunicações em Portugal conta com duas agências: a Entidade reguladora para Comunicação Social (ERC) – cuida da qualidade do conteúdo – e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que distribui o espectro de rádio entre as emissoras de radiodifussão e as empresas de telecomunicações. “A Anacom defende os interesses das pessoas como consumidoras e como cidadãos.

8. Uma das funções da ERC é fazer regulamentos e diretivas, por meio de consultas públicas com a sociedade e o setor. Medidas impositivas, como obrigar que 25% das canções nas rádios sejam portuguesas, só podem ser tomadas por lei. Outra função é servir de ouvidoria da imprensa, a partir da queixa gratuita apresentada por meio de um formulário no site da entidade. As reclamações podem ser feitas por pessoas ou por meio de representações coletivas.

9. A União Européia tem, desde março passado, novas regras para regulamentar o conteúdo audiovisual transmitido também pelos chamados sistemas não lineares, como a Internet e os aparelhos de telecomunicação móvel (aqueles em que o usuário demanda e escolhe o que quer assistir). Segundo as novas regras, esses produtos também estão sujeitos a limites quantitativos e qualitativos para os conteúdos veiculados. Antes, apenas meios lineares, como a televisão tradicional e o rádio, tinham sua utilização definida por lei.

10. Uma das regras mais importantes adotadas recentemente pela União Europeia é a que coloca um limite de 12 minutos ou 20% de publicidade para cada hora de transmissão. Além disso, as publicidades da indústria do tabaco e farmacêutica foram totalmente banidas. A da indústria do álcool são extremamente restritas e existe, ainda, a previsão de direitos de resposta e regras de acessibilidade.

Todas essas informações estão disponíveis ao público na página do Seminário Internacional Comunicações Eletrônicas e Convergências de Mídias. Note-se que a relação não menciona nenhuma das regras adotadas recentemente na Argentina, que vem sendo demonizadas nos editoriais da imprensa brasileira. A omissão é proposital. As regras adotadas acima são tão ou mais "duras" que as argentinas, mas sobre elas reina o silêncio, pois vêm de países apontados como "exemplos a serem seguidos" Dificilmente, você ouvirá falar dessas regras em algum dos veículos da chamada grande imprensa brasileira. É ela, na verdade, quem pratica censura em larga escala hoje no Brasil.

Marco Aurélio Weissheimer – 11.11.2011

IN “Carta Maior” – http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18942

Além das boas intenções?

Crédito mais barato, desoneração fiscal e incentivos à inovação tentam garantir a competitividade do microempresário diante do avanço das importações.

André Siqueira

O Brasil dá sinais de ter aprendido uma lição importante no período após a crise financeira que derrubou a economia mundial entre o fim de 2008 e o início de 2009. A partir dai, as micro e pequenas empresas (MPEs) lideraram a geração de empregos no País, no papel de protagonistas no processo de aquecimento do mercado interno que reduziu os impactos da debacle externa. E agora, em meio a um novo recrudescimento da crise financeira internacional, o governo anuncia uma série de medidas, algumas das quais em vigor, que marcam um novo ponto de inflexão no tratamento conferido aos negócios de pequeno porte.

Apenas nas últimas semanas foram anunciadas novas condições para as operações de microcrédito, desoneração para o microempreendedor individual (MEI) e linhas de financiamento mais atraentes para a MPE, E são esperadas para breve alterações no sistema tributário Simples Nacional e a criação de uma secretaria especifica para o setor, com status de ministério. As mudanças tentam amenizar os efeitos danosos da crescente concorréncia externa, que tem abocanhado parte da receita gerada pelo também crescente mercado doméstico.

Os produtos importados são um adversário a mais para quem enfrenta uma série de problemas internos. Um estudo recente da consultoria BDO RCS sugere que os mecanismos de facilitação tributária ainda não são suficientemente abrangentes. Mais de 70% de uma amostragem de 150 empresas de micro a médioportepesquisadasgastam21%do faturamento com pagamento de impostos. "Ainda há muitas atividades, sobretudo na área de prestação de serviços, que não podem ser incluídas no Simples.

Além disso, as alíquotas mais altas do programa em alguns casos são desvantajosas para as empresas", explica o gerente da Divisão Tributária d a consultoria, Ricardo André Tortoriello.

O especialista afirma que as empresas, ao se aproximarem do teto do faturamento do Simples, são prejudicadas pela dificuldade de realizar planejamento tributário. "Como estão acostumadas a uma tributação única, deixam de levar em conta os benefícios de adotar o sistema de faturamento presumido, ou de se mudar para um município ou estado que dê incentivos à atividade. Isso se torna uma barreira para o crescimento.

O deputado federal Pepe Vargas (PT-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, lembra outro problema que ainda afeta diretamente as MPEs: a substituição tributária, que altera a cobrança de ICMS em muitos estados e pode elevar a fatia a ser paga por empresas optantes pelo Simples. Segundo o parlamentar, a questão tem sido discutida com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). "As medidas adotadas em defesa da microempresa têm se mostrado positivas, mas é preciso aperfeiçoar sempre.

Em 24 de agosto, foi lançado o Programa Crescer, com a promessa de baixar dos atuais 60% para 8% ao ano o custo do chamado microcrédito produtivo orientado, empréstimos voltados a empreendedores informais e individuais com faturamento de até 120 mil reais ao ano. A tarifa de abertura de crédito (TAC) será reduzida de 3% para 1%, em empréstimos que podem chegar a 15 mil reais. Outra meta é destravar a oferta de microcrédito na rede bancária, que atribuía ao alto custo das operações o descumprimento da exigência de destinar à modalidade 2% dos depósitos à vista. O governo federal espera driblar esse obstáculo com o desembolso de 843 milhões de reais para que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia atinjam a meta. Instituições financeiras privadas também poderão solicitar o subsídio, desde que ofereçam as taxas previstas no programa.

No mesmo dia em que foram anunciados os novos moldes do microcrédito orientado, os microempreendedores individuais receberam a notícia de que o teto do faturamento máximo para enquadramento na categoria será elevado de 36 mil para 60 mil reais anuais. Vargas lembra que, no início de agosto, o Senado aprovou a medida provisória que reduz de 11% para 5% a contribuição mínima do MEI à Previdência Social. "Na prática, o custo mensal para o empreendedor caiu de 59,95 reais para 27,25 reais.

Segundo Vargas, desde a criação da figura do MEI, dois anos atrás, 1,3 milhão de profissionais foram enquadrados na categoria. A maioria estava antes na informalidade. "A formalização não só não derrubou, como reforçou a receita de estados, municípios e União. Esse efeito contribuiu decisivamente para o aumento dos empregos formais e para que assim a Previdência urbana passasse a ser superavitária. Além disso, não há dúvida de que parte da classe média emergente é formada por empreendedores individuais.

As facilidades de um regime tributário diferenciado serão estendidas no caso do Simples Nacional, também chamado de Supersimples. O Projeto de Lei Complementar 591 (PLC), de 2010, que deverá ser votado ainda neste ano para alterar a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, vai ampliar de 2,4 milhões para 3,6 milhões de reais anuais o teto de faturamento para o enquadramento no sistema. Além disso, corrige as aliquotas de impostos a serem pagos de acordo com a receita e a área de atividade das empresas.

O PLC 591 vai tornar possível o parcelamento de tributos atrasados, algo que, pelas regras atuais, resulta em descredenciamento do programa. E oferecerá uma vantagem adicional às empresas exportadoras, que poderão efetuar vendas ao exterior até o dobro do limite máximo para enquadramento sem serem excluídas do Simples Nacional.

A criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, bandeira de campanha de Dilma Rousseff, é outra medida à espera da aprovação do Congresso. Em agosto, a chefe do Executivo pediu urgência para a votação, que passará primeiro pela Câmara dos Deputados e depois terá de ser referendada pelo Senado em até 45 dias. A empresária Luiza Helena Trajano, presidente da cadeia varejista Magazine Luiza, foi convidada para assumir a pasta.

"A bola da vez é a microempresa", afirma o diretor do Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Nunes. "Essa aposta permite ao governo precaver-se contra os impactos do ambiente externo negativo." Uma prova de que as MPEs tornaram-se peça fundamental na estratégia de defesa do mercado nacional é o destaque dado ao segmento no Programa Brasil Maior, anunciado no início de agosto. Segundo Nunes, a regulamentação a ser definida no conjunto da nova política industrial para o estímulo à inovação deverá dar espaço para o crescimento de pequenas empresas que apresentem soluções eficientes e criativas para o aperfeiçoamento de cadeias industriais. "Será dada preferência a fornecedores inovadores nas compras governamentais e de estatais, que também vão ser feitas de forma cada vez mais descentralizada.

Além do reforço ao sistema de defesa comercial, que deverá beneficiar indistintamente grandes e pequenos empresários, o Brasil Maior inclui a criação, ampliação e renovação de linhas voltadas aos de menor porte. Um exemplo é a melhora das condições e prazos do Progeren, oferecido pelo BNDES a MPEs que atendem à indústria da transformação, de petróleo e gás e de mineração, além das localizadas em municípios cobertos pelos Fundos Constitucionais do Norte e do Nordeste.

"O esforço para chegar ao micro e pequeno empresário não é recente, mas sem dúvida tem amadurecido", afirma o gerente do Departamento de Relacionamento com Agentes Financeiros e outras Instituições do BNDES, Nelson Tortosa. "Hoje, 42% dos desembolsos realizados pelo banco são voltados para esse público.

O principal instrumento da instituição no relacionamento com as MPEs é o cartão BNDES, que oferece um crédito pré-aprovado para efetuar compras de mais de 32 mil fornecedores, com uma taxa de juro que era de 1% ao mês em agosto. Mais de 420 mil cartões foram emitidos até hoje, e os limites oferecidos atingiram 20 bilhões de reais. "Neste ano, a expectativa é financiar mais de 7,2 bilhões de reais em compras, com valor médio de 14 mil reais por operação."

De acordo com o executivo do Mdic, no fim de julho, o Fórum Permanente da MPE celebrou sete acordos com órgãos públicos para incentivar, de maneiras diferentes, o desenvolvimento de pequenos negócios. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) vai desenvolver estudos sobre a inserção dos pequenos em cadeias produtivas. Os vendedores de artesanato serão incluídos pelo Ministério do Turismo em rotas turísticas oficiais. O acesso a patentes deverá ser facilitado pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi). O Conselho Federal de Administração propôs oferecer capacitação aos empreendedores. O trâmite de questões judiciais de pequenos empresários será acelerado pelo Ministério da Justiça.

Finalmente, em uma parceria entre a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios e o Sebrae, começarão a ser formados os agentes de desenvolvimento, profissionais treinados para orientar MPEs em suas regiões de origem. "Queremos dar capilaridade ao sistema de apoio ao empresário, para que as decisões tomadas em Brasília cheguem ao maior número possível de pessoas", diz Nunes.

De acordo com o diretor-técnico do Sebrae Nacional, Carlos Alberto dos Santos, a grande tarefa do governo é ampliar a cobertura das linhas de financiamento específicas para a MPE. "Há duas referências de custo no sistema financeiro. Quem tem acesso ao crédito direcionado paga taxas reais realmente baixas, mas os recursos livres ainda estão entre os mais caros do mundo. E o problema é que, embora tenha aumentado a oferta de empréstimos direcionados, as grandes empresas são responsáveis pela maior parte da demanda.

Entre as iniciativas necessárias à criação de um ambiente de negócios mais favorável à pequena empresa, Santos cita o aperfeiçoamento dos modelos de análise de crédito e risco utilizados pelos bancos, que não consideram especificidades das MPEs, e o estímulo a mecanismos como as sociedades de garantia de crédito, que facilitam a contratação de empréstimos. "Os grandes bancos ainda estão descobrindo as pequenas empresas.

O ritmo da formalização, segundo Santos, tende a se acelerar nos próximos meses, o que torna ainda mais difícil garantir o acesso de crédito a todas as empresas. "Nos últimos dois anos,1,4 milhão de empreendedores se formalizaram, o que equivale a cerca de 3 mil por dia. Não tenho notícia de outro país em que esse processo tenha ocorrido tão rapidamente." Somente em julho, durante um evento promovido pelo Sebrae em 60 grandes cidades, 44 mil empresas se legalizaram em cinco dias.

"A demanda que surge com a formalização em massa nos coloca tarefas de grande magnitude", diz o diretor do Sebrae. Entre elas, orientar o novo empresário, que assume obrigações como o recolhimento mensal de taxas ao governo. "A informalidade abre espaço para a ilegalidade, e essa constatação, por si só, justifica o esforço a ser feito para manter as novas empresas em situação regular." -

André Siqueira – 16.09.2011

IN “Carta Capital” – http://rio-negocios.com/alem-das-boas-intencoes/

A democracia corre um risco

A gestão irresponsável desta crise está a levar à destruição dos fundamentos da democracia nos Estados europeus.

José Manuel Pureza

O que está hoje em jogo no apodrecimento imparável da crise do euro já não é a sobrevivência de uma moeda nem mesmo a sobrevivência da integração europeia. É a sobrevivência da democracia. Pelas mãos de integristas que idolatram o equilíbrio das contas públicas como supremo bem, a gestão irresponsável desta crise está a levar à destruição dos fundamentos da democracia nos Estados europeus. Entrámos numa era de pós-democracia em que os critérios de legitimidade da governação e dos seus protagonistas deixaram de ser a expressão do voto popular para passarem a ser o alinhamento com o sector financeiro e a suposta capacidade mágica de "tranquilizar os mercados".

Os últimos dias mostraram em que ponto vai já esta pós-democracia. O diretório franco-alemão, reunido em Cannes, não hesitou em perpetrar um verdadeiro golpe de Estado na Grécia, afastando de cena um primeiro-ministro que ousara sugerir que o povo se pronunciasse sobre os ditames da troika. Golpe de Estado, sim: sem eleições, a Grécia passa a ser governada por um homem vindo do Banco Central Europeu e da Trilateral com a óbvia confiança dos mercados. Ei-la enfim no bom caminho, dizem-nos os telejornais e os comentadores encartados. Entretanto, em Itália, é nomeado um Governo presidido por um emissário do sistema bancário e composto por tecnocratas em quem ninguém votou. Definitivamente, a democracia tornou-se um risco para os mercados e, diante disso, a Europa desistiu da democracia.

Entenda-se a lógica que dá suporte a este afastamento da democracia. Tal como na América Latina dos anos 80 e 90, a Europa está hoje a ser bombardeada pela apologia dos gestores como os governantes ideais. A direita liberal, a que se junta muito do antigo campo social-democrata fascinado pelas lendas do new public management, tem sido capaz de fazer vingar a tese de que o Estado tem de ser governado pela mesma lógica das empresas privadas, demonizando o défice e cortando a eito nos serviços públicos (saúde, educação, transportes) e nas políticas sociais. Para essa missão redentora, "os políticos" - e, sobretudo, as exigências da democracia - são descartáveis como "gorduras". A governação, não mais como serviço das populações mas como aplicação dos ditames dos credores, passa a ser empresarializada. E não tardará muito que seja mesmo contratualizada em regime de outsourcing... O horror da política, tão caro aos liberais, é o pórtico para o fim da democracia.

Portugal não escapa a esta onda pós-democrática. As eleições de 5 de Junho foram já um desvio grave ao que deve ser um genuíno pronunciamento popular sobre as propostas dos diferentes partidos - a troika tinha assegurado a assinatura de sangue dos três principais partidos para que, qualquer que fosse o resultado, o programa a aplicar no dia seguinte fosse o acordado com ela. E nas próximas semanas acentuar-se-á a pressão para uma governação "de unidade nacional". PS e PSD, sob a batuta da troika e dos seus ideólogos internos, dão sinais inequívocos de ir nesse caminho. Só que esta não será uma unidade nacional para defender a democracia, mas para a minorar quer no campo político quer no terreno social. Uma "unidade nacional" para mais facilmente conseguir o completo desmantelamento do Estado social, do serviço Nacional de Saúde ao salário mínimo e às pensões.

Refém da irresponsabilidade da ganância, a Europa não hesita em acolher governos ilegítimos e em adotar como seu o discurso de que o voto do povo é um empecilho para "o que tem de ser feito". Esta Europa tem medo da democracia. E só a democracia pode resgatar a Europa.

José Manuel Pureza – Dirigente do Bloco de Esquerda e professor universitário em Portugal –19.11.2011

Artigo publicado no “Diário de Notícias” de 18 de Novembro de 2011

IN “Esquerda.net” – http://www.esquerda.net/opiniao/democracia-como-um-risco       

  

Sancionada Comissão da Verdade e lei de acesso à informações públicas em 18.11.2011

A Comissão da Verdade será formada por sete pessoas, escolhidas pela presidenta da República a partir de critérios como conduta ética e atuação em defesa dos direitos humanos. Ao todo, 14 servidores darão suporte administrativo aos trabalhos. O grupo terá dois anos para ouvir depoimentos em todo o país, requisitar e analisar documentos que ajudem a esclarecer as violações de direitos. De acordo com o texto sancionado, a comissão tem o objetivo de esclarecer fatos e não terá caráter punitivo. O grupo vai aproveitar as informações produzidas há quase 16 anos pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e há dez anos pela Comissão de Anistia.

A Lei de Acesso a Informações Públicas permite que o cidadão consulte documentos produzidos pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de forma a dar mais publicidade e transparência aos atos da administração pública.

Assessoria de Comunicação com Agências da Secretaria de Direitos Humanos

A presidenta Dilma Rousseff sancionou, nesta sexta-feira (18), durante solenidade no Palácio do Planalto, os projetos de lei que criam a Comissão Nacional da Verdade e a lei do Acesso à Informação, que regula o acesso às informações públicas em âmbito federal, estadual e municipal, nos três poderes.

Para a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), a sanção das duas leis inaugura um novo período na história democrática do país. “A sanção dessas leis consagram uma longa caminhada travada por militantes da areia de Direitos Humanos, sociedade e instituições governamentais. Este é um novo momento para o Brasil, um momento onde asseguramos ao povo brasileiro o direito básico à informação e à memória e à verdade sobre os fatos ocorridos no passado e no presente”, disse.

A nova legislação, de acordo com a presidenta, faz uma inversão de toda a lógica vigente no país que dispões sobre o direito à memória e à verdade e também de acesso aos documentos públicos do Estado brasileiro. “O que era lei de sigilo se torna lei de acesso à informação. E nenhum ato ou documento que atente contra os direitos humanos poderá ser colocado sob sigilo. Essa é uma conexão decisiva com a lei que cria a Comissão da Verdade. Uma não existe sem a outra”, frisou Dilma.

Dilma disse que essa nova legislação coloca o país em um patamar de referencia internacional. “O Brasil se encontra consigo mesmo. Sem revanchismo, mas sem a cumplicidade do silêncio. A lei do acesso à informação e a lei que institui a Comissão da Verdade se somam ao esforço e à dedicação de gerações de brasileiros e brasileiras que lutaram e lutarão para fazer do Brasil um país melhor, mais justo e menos desigual, brasileiros que morreram, que hoje homenageamos não com processo de vingança, mas através do processo de construção da verdade e da memória”, disse.

Comissão da Verdade 
A Comissão da Verdade será formada por sete pessoas, escolhidas pela presidenta da República a partir de critérios como conduta ética e atuação em defesa dos direitos humanos. Ao todo, 14 servidores darão suporte administrativo aos trabalhos.

O grupo terá dois anos para ouvir depoimentos em todo o país, requisitar e analisar documentos que ajudem a esclarecer as violações de direitos. De acordo com o texto sancionado, a comissão tem o objetivo de esclarecer fatos e não terá caráter punitivo.

O grupo vai aproveitar as informações produzidas há quase 16 anos pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e há dez anos pela Comissão de Anistia.

A Lei de Acesso a Informações Públicas permite que o cidadão consulte documentos produzidos pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de forma a dar mais publicidade e transparência aos atos da administração pública.

A norma acaba com o sigilo eterno de documentos. Os documentos hoje classificados como ultrassecretos, que são aqueles com informações imprescindíveis à segurança do Estado, estarão protegidos por um prazo máximo de 50 anos. Atualmente, o documento ultrassecreto fica guardado por 30 anos, mas esse prazo pode ser prorrogado sucessivamente.

A lei abrange também estados e municípios e assim, o cidadão poderá, por exemplo, pedir dados sobre como foi empregada a verba do hospital e da merenda escolar de sua cidade. As informações solicitadas pela população devem ser respondidas em, no máximo, 20 dias.

Em seis meses, cada órgão vai ter que publicar em sua página na internet informações sobre sua atuação, como contratos, licitações, gastos com obras, repasses ou transferências de recursos. As entidades que recebem recursos públicos também terão que dar transparência a seus dados.

Assessoria de Comunicação com Agências da Secretaria de Direitos Humanos – 18.11.2011

IN http://www.direitoshumanos.gov.br/2011/11/18-nov-2011-sancionada-comissao-da-verdade-e-lei-de-acesso-a-informacoes-publicas

Comissão da Verdade, mais uma farsa, 

mais um engodo

QUEREMOS SIM UMA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA QUE EFETIVAMENTE INVESTIGUE ONDE, QUANDO, COMO E QUEM FORAM OS RESPONSÁVEIS PELAS ATROCIDADES COMETIDAS EM NOME DA “SEGURANÇA NACIONAL”. QUE SEJAM PUBLICIZADOS E RESPONSABILIZADOS!

Editorial do Jornal do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ

No último dia 21 de setembro, foi votado pela Câmara Federal o PL 7.376/2010 que criou um arremedo de Comissão Nacional da Verdade. Se a proposta apresentada pelo governo federal já se caracterizava por sua timidez, as emendas apresentadas pelo DEM — e aceitas em um grande acordão pela Presidência da República — piorou ainda mais o projeto.

Antes, o texto do projeto estreitava a margem de atuação da Comissão, dando-lhe poderes legais diminutos, fixando um pequeno número de integrantes, negando-lhe orçamento próprio; desviando o foco de sua atuação ao fixar em 42 anos o período a ser investigado (de 1946 a 1988!), extrapolando assim em duas décadas a já extensa duração da Ditadura Militar.

Além disso, impede que a Comissão investigue as responsabilidades pelas atrocidades cometidas e envie as devidas conclusões às autoridades competentes, para que estas promovam a justiça.

Por tudo isto, continuamos reiterando as seguintes considerações, que constam de documento com milhares de assinaturas, encaminhado em junho deste ano à presidenta Dilma Roussef:

Para que tenhamos uma Comissão que efetive a Justiça:

― o período de abrangência do projeto de lei deverá ser restrito ao período de 1964 a 1985;

― a expressão “promover a reconciliação nacional” seja substituída por “promover a consolidação da Democracia”, objetivo mais propício para impedir a repetição dos fatos ocorridos sob a ditadura civil-militar;

― no inciso V, do artigo 3º, deve ser suprimida a referência às Leis: 6.683, de 28 de agosto de 1979; 9.140, de 1995; 10.559, de 13 de novembro de 2002, tendo em vista que estas leis se reportam a períodos históricos e objetivos distintos dos que devem ser cumpridos pela Comissão Nacional da Verdade e Justiça.

― o parágrafo 4°, do artigo 4°, que determina que “as atividades da Comissão Nacional da Verdade não terão caráter jurisdicional ou persecutório”, deve ser substituído por nova redação que delegue à Comissão poderes para apurar os responsáveis pela prática de graves violações de direitos humanos no período em questão e o dever legal de enviar suas conclusões para as autoridades competentes;

Para que tenhamos uma Comissão de verdade:

― o parágrafo 2°, do artigo 4º que dispõe que “os dados, documentos e informações sigilosos fornecidos à Comissão Nacional da Verdade não poderão ser divulgados ou disponibilizados a terceiros, cabendo a seus membros resguardar seu sigilo”, deve ser totalmente suprimido pela necessidade de amplo conhecimento pela sociedade dos fatos que motivaram as graves violações dos direitos humanos;

― o artigo 5°, que determina que “as atividades desenvolvidas pela Comissão Nacional da Verdade serão públicas, exceto nos casos em que, a seu critério, a manutenção do sigilo seja relevante para o alcance de seus objetivos ou para resguardar a intimidade, vida privada, honra ou imagem de pessoas”, deve ser modificado, suprimindo-se a exceção nele referida, estabelecendo que todas as atividades sejam públicas, com ampla divulgação pelos meios de comunicação oficiais.

Para que tenhamos uma Comissão da Verdade legítima:

― os critérios de seleção e o processo de designação dos membros da Comissão, previstos no artigo 2º, deverão ser precedidos de consulta à sociedade civil, em particular aos resistentes (militantes, perseguidos, presos, torturados, exilados, suas entidades de representação e de familiares de mortos e desaparecidos);

― os membros designados e as testemunhas, em decorrência de suas atividades, deverão ter a garantia da imunidade civil e penal e a proteção do Estado.

Para que tenhamos uma Comissão com estrutura adequada:

― a Comissão deverá ter autonomia e estrutura administrativa adequada, contando com orçamento próprio, recursos financeiros, técnicos e humanos para atingir seus objetivos e responsabilidades. Consideramos necessário ampliar o número atual de sete (7) membros integrantes da Comissão e o período de sua atuação, previsto para 2 anos.

Entendemos também que esta Comissão Nacional da Verdade deveria ser autônoma e independente do Estado. 

 A condenação do Brasil pela Organização dos Estados Americanos

Os crimes cometidos pela ditadura que controlou o Brasil por mais de 20 anos permanecem desconhecidos e os documentos que comprovam esses abusos continuam em segredo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA condenou nosso país por esses delitos, exigindo que o governo brasileiro investigue e responsabilize seus autores.

E foi nesse sentido que o Brasil, através do atual governo, apresentou o PL 7.376/2010, na tentativa de ter argumento junto à Corte para afirmar que esclareceu os casos de violação de direitos humanos.

Por tudo isto, afirmamos que queremos sim uma Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça que efetivamente investigue onde, quando, como e quem foram os responsáveis pelas atrocidades cometidas em nome da “Segurança Nacional”. Que sejam publicizados e responsabilizados!

Editorial do Jornal do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ – Setembro 2011

IN Jornal do “Grupo Tortura Nunca Mais RJ”, ano 25,  N°77  – http://www.torturanuncamais-rj.org.br/jornal/gtnm_77/comissao_verdade.html

Políticos fartos de democracia, polícia contra o povo

Em todo o mundo, os manifestantes pacíficos são satanizados como desordeiros. Mas a democracia é desordeira.

Naomi Wolf               

Ao que parece, os políticos estão fartos da democracia. Por todo os EUA, a polícia, atuando sob as ordens das autoridades locais, vem pondo fim aos acampamentos montados pelos manifestantes do movimento Ocupe Wall Street. Às vezes com uma violência escandalosa e totalmente gratuita.

No pior incidente até agora, tropas de choque cercaram o acampamento dos integrantes do movimento em Oakland e dispararam balas de borracha (que podem ser fatais), bombas de efeito moral e granadas de gás lacrimogêneo, com alguns policiais investindo diretamente contra os manifestantes. No canal do Twitter do Ocupe Oakland surgiu uma notícia como se fosse sobre Praça Tahrir do Cairo “eles estão nos cercando; centenas e centenas de policiais; há veículos blindados e tanques”. Foram presas 170 pessoas.

Minha recente prisão, embora eu tenha obedecido as exigências contidas na autorização e realizado um protesto pacífico numa rua em Manhattan, trouxe a realidade da repressão bem próxima de nós. Os Estados Unidos estão acordando para o que foi criado enquanto dormiam: empresas privadas contrataram sua polícia (a JP Morgan doou US$ 4,6 milhões para a Fundação da Polícia da Cidade de Nova York); e o Departamento Federal de Segurança Interna forneceu às forças policiais municipais armas de padrão militar. Os direitos à liberdade de expressão e de reunião do cidadão foram prejudicados sorrateiramente por critérios opacos para obter as autorizações.

Repentinamente, os EUA assemelham-se ao restante do mundo que não é completamente livre, está furioso e protesta. De fato, muitos comentaristas não conseguiram entender completamente que uma guerra mundial está ocorrendo, mas que esse conflito é diferente de qualquer outro na História da humanidade. Pela primeira vez, as pessoas no mundo todo não estão se identificando e se organizando com base em posições religiosas ou nacionais, mas em termos de consciência global e as demandas são de uma vida pacífica, um futuro sustentável, justiça econômica e democracia. Seu inimigo é a “corporatocracia” que comprou governos e parlamentos, criou suas forças armadas, engajou-se numa fraude econômica sistêmica e saqueou ecossistemas e tesouros.

Em todo o mundo, os manifestantes pacíficos são satanizados como desordeiros. Mas a democracia é desordeira. Martin Luther King afirmou que a desordem pacífica é saudável, pois expõe a injustiça sepultada, que pode, então, ser restaurada. O ideal é que os manifestantes se dediquem a uma desordem disciplinada, não violenta, com esse espírito – especialmente a desordem do trânsito, que serve para manter os provocadores à distância e ao mesmo tempo deixar clara a militarização injusta da resposta policial.

Além disso, movimentos de protesto não têm sucesso em horas ou dias; manifestações geralmente implicam sentar num lugar ou “ocupar” áreas por longos períodos. Esta é uma razão pela qual os manifestantes devem arrecadar seu dinheiro e contratar seus advogados. O mundo corporativo está aterrorizado com a possibilidade de os cidadãos reivindicarem o Estado de direito. Em todos os países os manifestantes devem responder com um exército de advogados.

Comunicação. Eles devem criar a própria mídia, em vez de depender de agências de notícias tradicionais para cobrir seus protestos. Devem manter blogs, tuitar, escrever editoriais e comunicados de imprensa, assim como registrar e documentar casos de abusos da polícia.

Infelizmente, existem muitos casos documentados de provocadores violentos infiltrando-se nas manifestações em locais como Toronto, Pittsburgh, Londres e Atenas – pessoas que, segundo me disse um grego, são “desconhecidos conhecidos”. Os provocadores também devem ser fotografados e registrados e por isso é importante não cobrir o rosto durante um protesto.

Os manifestantes nas democracias têm de criar listas de e-mail locais, combinar suas listas com as nacionais e começar a registrar os eleitores. Devem dizer a seus representantes quantos eleitores registraram em cada distrito e devem se organizar para destituir políticos que são brutais ou agressivos. E precisam apoiar aqueles – como em Albany e Nova York, por exemplo, onde a polícia e o Ministério Público locais recusaram-se a reprimir com brutalidade os manifestantes – que respeitam os direitos de liberdade de expressão e de reunião.

Muitos manifestantes insistem em continuar sem uma liderança, o que é um erro. Um líder não tem de se colocar no topo de uma hierarquia: pode ser um simples representante. Eles devem eleger representantes com um “mandato” limitado, como em qualquer democracia, e treinar essas pessoas para conversar com a imprensa e negociar com políticos.

Os protestos devem ser o modelo da sociedade civil que se pretende criar. No Parque Zuccotti, em Manhattan, por exemplo, há uma biblioteca e uma cozinha; o alimento é doado; as crianças são convidadas a passar a noite ali; e aulas são organizadas. Músicos trazem seus instrumentos e a atmosfera deve ser alegre e positiva. Os manifestantes devem procurar manter a limpeza. A ideia é criar uma nova cidade dentro de uma cidade corrompida e mostrar que ela reflete o desejo da maioria e não de uma camada destrutiva e marginal.

Afinal, o que há de mais profundo no caso dos movimentos de protesto não são as demandas, mas sim a infraestrutura nascente de uma humanidade comum. Por décadas o que se tem dito aos cidadãos é que se deve manter a cabeça baixa – seja num mundo de fantasia consumista ou na pobreza e na labuta – e deixar a liderança para as elites. O protesto é transformador precisamente porque as pessoas emergem, encontram-se face a face e, ao reaprender os hábitos da liberdade, criam novas instituições, relacionamentos e organizações.

Nada disso pode ocorrer num ambiente de violência policial e política contra manifestações democráticas e pacíficas. Como indagou Berthold Brecht, após a brutal repressão dos comunistas alemães orientais, em junho de 1952, “não seria mais fácil…para o governo dissolver o povo e eleger um outro?”. Por toda a parte nos Estados Unidos, e em muitos outros países, líderes supostamente democráticos parecem estar considerando seriamente a irônica pergunta de Brecht.

Naomi Wolf – Escritora feminista estadunidense – 04.11.2011

Tradução Terezinha Martino

IN “O Estado de São Paulo” – http://blogs.estadao.com.br/radar-global/visao-global-politicos-fartos-de-democracia-policia-contra-o-povo/

Reforma política tem que ser debate de gente grande

Atualmente, os partidos de direita têm condições privilegiadas de captação de dinheiro privado para as eleições, inclusive para as eleições parlamentares.

 Devem ser pensadas soluções que reduzam o poder corruptor das empresas e aumentem o poder de fiscalização da sociedade e das instituições públicas sobre o poder econômico privado e os eleitos, e também sobre as instituições que mediam esta relação, os partidos politicos.

Maria Inês Nassif

Em 1971, durante o período mais sombrio da ditadura militar, o do governo Emílio Garrastazu Médici, foi promulgada a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a de número 5682. Condizente com a ideia "revolucionária" que levou ao golpe de 1964, de que a política democrática era intrinsicamente corrupta e os políticos, desonestos por princípio, foram definidas regras financeiras muito rígidas para os partidos. Teoricamente, foi instituído o financiamento público: as únicas duas legendas com direito a funcionamento legal, o MDB e a Arena, mantinham os partidos com um fundo composto por multas e penalidades aplicadas no decurso das eleições, recursos orçamentários e doações particulares (desde que destinadas a todo o fundo, e não a partido político). Nem o partido, nem o candidato, podiam receber recursos diretamente de empresas públicas ou privadas, ou de entidades de classe ou sindicais.

A distribuição era feita de uma forma que favorecia francamente o partido do governo, a Arena, enquanto a legenda não despencou ladeira abaixo, junto com o "milagre econômico" e a popularidade dos governos militares: 80% dos recursos eram distribuídos proporcionalmente ao número de cadeiras na Câmara dos Deputados e apenas 20% divididos igualmente entre os dois partidos.

A lei foi mantida após o fim do bipartidarismo, em 1979. E foram essas as regras que comandaram as primeiras eleições presidenciais diretas do período democrático, em 1989. Sem a possibilidade de financiamento privado legal, apeado num partido de ocasião, o PRN, e portanto sem grande participação no fundo público, e disposto a vencer com a ajuda das novíssimas técnicas de marketing político, o então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, usou outros instrumentos. Dois anos depois, a CPI do PC Farias, o nome do tesoureiro de sua campanha e intermediário das conversas entre primeiro o candidato, depois o poder público, e os financiadores de campanha, chegaria à conclusão de que havia sido inaugurado, junto com o voto secreto e direto para presidente, o caixa dois de campanha.

A conclusão, após o processo de impeachment do presidente Collor, em 1992, era a de que a impossibilidade de financiamento privado de campanha acabou por estimular o financiamento eleitoral por debaixo dos panos.

Em 1995, a Lei 9096 alterou a anterior. Criou um fundo partidário, instituindo recursos orçamentários correspondentes a R$ 0,35 por eleitor inscrito (valor de 1995), também levando em conta os critérios de composição da bancada da Câmara Federal: 99% do fundo é, até hoje, distribuído de acordo com a bancada federal dos partidos; 1% é dividido igualmente entre todos os partidos. Além disso, a lei permitiu que os partidos e candidatos recebessem diretamente doações de pessoas físicas ou jurídicas, desde que os recursos fossem declarados à Justiça Eleitoral.

Dezesseis anos e vários escândalos depois, a discussão sobre o financiamento de campanha torna-se o centro do debate, novamente como a solução para todos os problemas do sistema político brasileiro. O financiamento público, de fato, democratiza as condições de disputa eleitoral, mas se for tomado separadamente, sem que se leve em conta as outras variáveis de nosso sistema político, corre o risco de ser responsabilizado, daqui a alguns anos, por outros desmandos políticos.

O fundo público de campanha é uma solução democrática para o problema, desde que o financiamento privado não seja visto exclusivamente como único problema da política brasileira, e os partidos políticos como os grandes responsáveis por todos os seus males. Segundo as crenças pré e pós-redemocratização, os partidos são, em princípio, os agentes da corrupção.

A ideia de que todo político, porque eleito, é corrupto, é uma demonização, uma quase caricatura. Para a média da opinião pública, o político é aquele que, em princípio, achaca empresários bem-intencionados, que são obrigados a comprar a boa vontade de governos futuros, contribuindo para as campanhas. Não existe a ideia de que corruptos e corruptores são parte do mesmo sistema político.

Se as empresas usam caixa dois para financiar campanhas, é por duas razões: primeiro, porque dispõem de caixa dois; segundo, para não ficarem expostas futuramente, quando tiverem interesses atendidos pelo governo, ou assumidos por um parlamentar. A primeira coisa a se considerar, num sistema político com financiamento público, é que as instituições devem coibir caixa dois das empresas, sob pena de manterem o caixa dois dos partidos (além, é lógico, de provocar evasão fiscal e de divisas). Os mesmos partidos que combatem com violência o financiamento público de campanha foram os mesmos que lutaram com a mesma virulência contra a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), um instrumento importante de controle do caixa das empresas, sob o argumento de que o país não aguentava pagar mais impostos. Se fosse mantida, a CPMF teria feito muito mais pelo sistema político, por dar instrumentos de controle de empresas e partidos, do que todas as medidas punitivas que foram tomadas ao longo de muitos escândalos, que acabam virando letra morta por conta das dificuldades de apuração dos delitos. Os instrumentos de controle do Estado sobre a renda das empresas - e portanto arrecadação de impostos - é fundamental nesse debate.

Outro tema que entra timidamente no debate da reforma política é a forma de distribuição desses recursos. Da forma como tradicionalmente é dividido o fundo partidário no país, as legendas maiores são as mais beneficiados pelos recursos. Um partido pequeno, com um nome competitivo mas com poucos deputados na bancada federal, terá certamente dificuldades de ter um candidato a presidente, por exemplo, se for instituído um fundo público exclusivo para campanha sem que se altere as regras de distribuição dos recursos - a não ser que lance mão de recursos de caixa dois. Da mesma forma, uma legenda em crescimento terá condições limitadas à sua participação no fundo para aumentar a sua bancada federal - e, assim, sua participação no fundo.

Atualmente, os partidos de direita têm condições privilegiadas de captação de dinheiro privado para as eleições, inclusive para as eleições parlamentares. Os partidos com maiores chances de vitória também. Caso seja instituído o financiamento público de campanha, sem que se altere as regras de distribuição de recursos, os partidos maiores sempre começarão a disputa eleitoral em condições privilegiadas.

Para que as chances de corromper e ser corrompido se reduzam, o sistema político jamais deve ser olhado como um ente que paira acima das demais instituições e dos demais setores da sociedade. Devem ser pensadas soluções que reduzam o poder corruptor das empresas e aumentem o poder de fiscalização da sociedade e das instituições públicas sobre o poder econômico privado e os eleitos, e também sobre as instituições que mediam esta relação, os partidos politicos. As instituições de controle e fiscalização devem ter agilidade. A Justiça deve julgar e condenar.

Eleger a política, entendida como o sistema representativo constituído pelo voto direto, secreto e livre, como o ente corrupto por excelência da nossa tenra democracia, é desservir a democracia. Na democracia, cada poder tem que assumir o seu papel: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E todas as instituições estão em xeque quando a sociedade se propõe a fazer um debate mais amplo sobre as distorções do sistema. Não consta que as instituições de controle não sujeitas ao voto estejam em melhor situação do que as definidas pela escolha popular.

Maria Inês Nassif  – Colunista política, editora da Carta Maior em São Paulo – 26.10.2011

IN “Agência Carta Maior” – http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5265