50 años de prisión para Videla y 15 para Bignone

Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio.

Editorial Página 12

Después de quince meses de debate el Tribunal Oral Federal 6 que integran los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Penala y Domingo Altieri condenó a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone por "sustracción, retención y ocultamiento" de hijas e hijos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, en veinte y treinta y un casos, respectivamente, y dictó 30 y 40 años de "prisión e inhabilitación absoluta" a los genocidas Antonio Vañek y Jorge "El Tigre" Acosta. En tanto, el represor Santiago Omar Riveros fue condenado a 20 años de prisión; los apropiadores Víctor Gallo e Inés Susana Colombo a 15 y 5 años, respectivamente; Juan Antonio Azic a 14 y 10 años para el médico Jorge Luis Magnacco. Además, el TOF6 definió el robo de niños como plan sistemático, producto de una práctica organizada desde la cúpula del poder militar, y fijó para el 17 de septiembre próximo la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.

A más de tres décadas de cometidos los delitos, y al cabo de dieciséis años de la denuncia original realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, la justicia encontró a Videla penalmente "responsable por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y la supresión de su identidad, en 20 oportunidades", la cantidad de casos ventilados en el juicio durante los últimos 15 meses.

Durante los años que llevó la investigación judicial hasta el juicio oral, se obtuvieron muchos testimonios, pero uno de los más reveladores fue el de la nieta Victoria Montenegro, cuando denunció la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el excoronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes.

Antes de la sentencia, Montenegro, que se reencontró con su familia en 2001, aseguró que "llamar a las cosas por su nombre nos va a hacer mejor a todos", en referencia a la expectativa de que el Tribunal Oral Federal 6 defina como "plan sitemático" el robo de bebés. "Este juicio cierra muchos años de lucha sostenida por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo", sostuvo

Para la joven, que este año también recuperó los restos de su padre, gracias a la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, el significado de alcanzar justicia "sirve para reparar heridas, aunque sabemos que falta mucho más, sabemos que forma parte de la batalla cultural que estamos dando".

Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio.

Las abuelas y familias siguen buscando a los que faltan; sus nombres ayer quedaron escritos a modo de marca en una gacetilla que distribuyó Abuelas de Plaza de Mayo por la sentencia: son Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi; el/la hijo/a de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur; Martín Ogando Montesano; Victoria Petrakos Castellini; la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubén y Hugo Castro que “continúan viviendo con una identidad falsa”.

Editorial Página 12 – 05.07.2012

IN “Pagina 12” – http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-197993-2012-07-05.html

Un fallo con elogios y también críticas

REPERCUSIONES POR LAS CONDENAS A NUEVE REPRESORES POR EL PLAN SISTEMATICO DE APROPIACION DE NIÑOS.

Editorial Página 12

 “Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” al dictador Jorge Rafael Videla, señaló Abuelas. Abel Madariaga anunció que apelará la pena que recibió la apropiadora de su hijo.

Abuelas de Plaza de Mayo celebró la “sentencia histórica” por el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, causa que comenzó a impulsar formalmente hace 16 años, aunque admitió que le queda “un sabor amargo” por las bajas penas que recibieron los apropiadores de Francisco Madariaga Quintela. Su padre, Abel Madariaga, secretario del organismo, anunció que apelará el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 6 que sentenció con quince años de prisión al apropiador Víctor Gallo, ex capitán del Batallón de Inteligencia 601, y a cinco años de cárcel a su mujer, Susana Colombo. “Me robaron a un hijo durante 32 años y le dieron cinco años a la apropiadora”, resumió Madariaga para explicar su disconformidad. La sentencia fue celebrada mediante comunicados por H.I.J.O.S. Córdoba, Amnistía Internacional y la agrupación Kolina.

“Un tribunal de la democracia condenó a algunos de los mayores responsables” del plan sistemático y “reconoció que hubo una ‘práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores en el marco de un plan general de aniquilación’”, celebró Abuelas. “Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” a Videla, aunque “entendemos que otros represores no fueron sancionados de acuerdo con la magnitud de los crímenes gravísimos que cometieron y que aún perduran en el ocultamiento de la verdadera identidad de casi 500 hombres y mujeres que continúan siendo esclavos del alma”, explicó. Repudió las “bajas condenas” a Gallo y Colombo, y advirtió que “seguiremos exigiendo que los apropiadores sean considerados autores de delitos de lesa humanidad y reciban penas más severas”.

Abel Madariaga, quien recién dos años atrás pudo encontrar a su hijo Francisco, dijo que “en forma global (el fallo) fue ejemplar”, pero cuestionó la condena a cinco años a Colombo porque “me robaron a un hijo durante 32 años”. “Pudimos probar que hubo robo de bebés, que nacieron en Campo de Mayo y en la ESMA, y que no fueron a parar a cualquier lugar sino que fueron apropiados por integrantes del Batallón de Inteligencia 601”, señaló. “Trabajamos 16 años para demostrar esto (el plan sistemático), porque en el Juicio a las Juntas se había dicho que no se podía hablar de robo sistemático de bebés”, remarcó.

H.I.J.O.S. Córdoba valoró que “a 35 años de cometidos los más de 500 robos de bebés, por fin la Justicia condenó a los máximos responsables” y calificó las condenas de “ejemplares”. “Este juicio fue posible gracias a las Abuelas, que lograron transformar su incansable lucha por restituir la identidad a esos niños, hoy jóvenes, en un reclamo de toda la sociedad”, remarcó la entidad. Recordó que los niños, “después de ser separados de sus familias, eran entregados a amigos y conocidos de militares y policías, o criados por los propios asesinos de sus padres biológicos, con la connivencia de la Justicia y de sectores de la Iglesia Católica”. “En la Argentina se implementó desde el Estado un plan sistemático de robo de bebés. El objetivo era sustraerles su identidad, negándoles saber quiénes eran, quiénes fueron sus padres y que toda una familia los estaba buscando”, sintetizó, y valoró como “inédito” que el fallo ordene ampliar las investigaciones en torno del ex capellán de la Armada y secretario del vicario castrense, Emilio Grasselli, y a ex miembros del “Movimiento Familiar Cristiano que habrían intervenido en hacer posible estos delitos”.

Amnistía Internacional calificó el fallo como “un paso histórico hacia la justicia”. Se trata de “un paso muy significativo en el camino emprendido por la Argentina para juzgar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar”, sostuvo en un comunicado, y llamó al Estado a “continuar avanzando en las investigaciones para que recuperen su verdadera identidad las personas que, al día de hoy, todavía siguen siendo víctimas de estos delitos”. “La condena contra Videla y Bignone demuestra que nadie está por encima de la ley”, afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía en el país. Kolina, la agrupación de la ministra Alicia Kirchner, destacó que la sentencia “se debe a la inclaudicable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, al apoyo incondicional de las organizaciones de derechos humanos y a la política de Estado iniciada por el compañero Néstor Kirchner y profundizada por la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.

Editorial Página 12 – 07.07.2012

IN “Pagina 12” – http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-198140-2012-07-07.html

Os banqueiros são os ditadores do Ocidente

 O Primeiro-Ministro da Irlanda disse a seu povo que eles não eram responsáveis pela crise. Mas ele não disse quem eram os culpados. Já não é hora de que ele e seus colegas o digam? E os jornalistas também?

Robert Fisk

Escrevendo na região que produz mais clichês por metro quadrado que qualquer outra 'história'--o Oriente Médio--, eu deveria talvez fazer uma pausa antes de dizer que nunca li tanto lixo, tanta porcaria como tenho lido a respeito da crise financeira mundial.

Mas não vou me conter. Me parece que o jornalismo sobre este colapso do capitalismo chegou a um novo subsolo que nem mesmo o Oriente Médio é capaz de alcançar, em termos de obediência intocada e completa às próprias instituições e “especialistas” de Harvard que ajudaram a provocar o desastre criminoso.

Comecemos com a “Primavera Árabe”-- já em si mesmo um nome que é uma grotesca distorção verbal do grande despertar árabe/ muçulmano que está sacudindo o Oriente Médio—e com os paralelos falaciosos com os protestos sociais nas capitais ocidentais. Fomos inundados com jornalismo que afirma que os pobres ou os desfavorecidos no Ocidente tiraram uma “página” do livro da “primavera árabe”, que os manifestantes nos EUA, Canadá, Grã-Bretanha, Espanha e Grécia foram “inspirados” pelas enormes manifestações que derrubaram os regimes do Egito, da Tunísia e—até certo ponto—da Líbia. Isso é nonsense.

A comparação real, não é preciso nem dizer, escapou aos jornalistas ocidentais, tão prontos a exaltar as rebeliões anti-ditatoriais dos árabes, tão ansiosos para ignorar os protestos contra os governos “democráticos” do Ocidente, tão desesperados para desqualificar essas demonstrações, para sugerir que elas estão apenas adotando a última moda do mundo árabe. A verdade é um pouco diferente. O que levou os árabes, às dezenas de milhares e depois aos milhões, às ruas das capitais do Oriente Médio foi a exigência de dignidade e a recusa a aceitar que os ditadores locais, de um grupo de famílias, fossem dos donos dos países. Os Mubaraks e os Ben Alis e os Gaddafis e os reis e os emires do Golfo (e da Jordânia) e os Assads acreditavam que tinham direitos de propriedade sobre a totalidade de suas nações. O Egito pertencia à Mubarak Inc., a Tunísia à Ben Ali Inc. (e à família Traboulsi), a Líbia à Gaddafi Inc. E assim por diante. Os mártires árabes contra as ditaduras morreram para provar que seus países pertenciam a seus próprios povos.

E esse é o verdadeiro paralelo com o Ocidente. Os movimentos de protesto são, deveras, contra os Grandes Negócios—uma causa perfeitamente justificada—e contra os “governos”. O que eles realmente perceberam, ainda que de forma um pouco tardia, é que durante décadas se iludiram com uma democracia fraudulenta: votam civicamente em partidos políticos, que então entregam seus mandatos democráticos e o poder do povo aos bancos, aos seus negociadores derivados e às suas agências de classificação de risco, todos eles sustentados pela corja preguiçosa e desonesta dos “especialistas” dos "think tanks" e das principais universidades estadounidenses, que mantêm a ficção de que esta é uma crise da globalização, e não um massivo engano financeiro imposto aos eleitores.

Os bancos e as agências de classificação de risco se tornaram os ditadores do Ocidente. Como os Mubaraks e os Ben Alis, os bancos acreditaram—e ainda acreditam—que são os donos de seus países. As eleições que lhes conferem o poder se tornaram—pelo conluio e falta de vergonha dos governos—tão falsas como as urnas às quais os árabes eram obrigados a marchar década após década para ungir os seus próprios donos da propriedade nacional. Goldman Sachs e o Banco Real da Escócia se tornaram os Mubaraks e Ben Alis dos EUA e do Reino Unido, cada um deles engolindo as riquezas de seu povo em recompensas e bônus de araque para seus patrões viciosos, numa escala infinitamente mais voraz que as gananciosas famílias de ditadores árabes jamais poderiam imaginar.

Eu não precisava do documentário "Inside Job", de Charles Ferguson, na BBC-2, esta semana (apesar de que ele ajudou), para me mostrar que as agências de classificação de risco e os bancos dos EUA são intercambiáveis, de que seu pessoal se move sem sobressaltos entre agência, banco e governo. Os senhores da classificação (quase sempre senhores, claro) que deram nota AAA aos empréstimos sub-prime e seus derivativos nos EUA estão agora—através de sua influência venenosa nos mercados—cravando suas garras no povo da Europa, ao ameaçar reduzir ou retirar, das nações europeias, a mesma nota que eles haviam concedido a criminosos antes do colapso financeiro nos EUA. Eu sempre acreditei que atenuar é a melhor forma de vencer discussões. Mas, me perdoem, quem são essas criaturas cujas agências de classificação agora dão mais medo nos franceses do que Rommel dava em 1940?

Por que meus colegas jornalistas lá em Wall Street não me ensinam? Como é possível que a BBC e a CNN—e, ó queridos, até a Al Jazeera—tratem essas comunidades de criminosos como instituições inquestionáveis do poder? Por que não há investigações—o “Inside Job” começou a assinalar o caminho—desses escandalosos negociadores duplos? Isso me lembra a forma igualmente covarde em que tantos jornalistas estadounidenses cobrem o Oriente Médio, evitando, assustados, qualquer crítica direta a Israel, com a cumplicidade de um exército de lobistas pró-Likud, tudo para explicar aos espectadores por que devemos confiar nas “iniciativas de paz” dos EUA no conflito israelo-palestino, por que os bons são os “moderados” e os maus são os “terroristas”.

Os árabes pelo menos já começaram a questionar esse nonsense. Mas, quando os manifestantes de Wall Street começam a fazer o mesmo, eles se tornam “anarquistas”, os “terroristas” sociais das ruas americanas, que ousam exigir que os Bernankes e os Geithners encarem o mesmo tipo de tribunal que Hosni Mubarak. Nós, no Ocidente—nossos governos—criamos nossos ditadores. Mas, ao contrário dos árabes, não podemos tocá-los.

O Primeiro-Ministro da Irlanda, Enda Kenny, informou solenemente a seu povo, esta semana, que eles não eram os responsáveis pela crise em que se encontravam. Eles já sabiam disso, é claro. O que ele não disse foi quem eram os culpados. Já não é hora de que ele e seus colegas europeus o digam? E nossos jornalistas também?

Robert Fisk – 11.12.2011

Tradução de Idelber Avelar

IN “Revista Forum” (original no “The independent”) – http://www.revistaforum.com.br/conteudo/detalhe_noticia.php?codNoticia=9632/os-banqueiros-sao-os-ditadores-do-ocidente

A conta não ficou só nos pedágios

Após a privatização das rodovias, a Dersa acumulou prejuízos bilionários.

Rodrigo Martins

As privatizações das rodovias paulistas i9niciadas no fim dos anos 1990 prometeram o céu: pistas melhores e menos gastos públicos. As estradas são realmente boas. Quanto à redução das despesas do governo... Basta ver a situação da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.), que operou as rodovias por 40 anos e hoje está em situação calamitosa. Em 2919, a empresa de economia mista vinculada à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, apurou um prejuízo de 583 milhões de reais. Com esse resultado, o roombo acumulado pela companhia desde a sua fundação ultrapassou a marca dos 8,32 bilhões de reais. No fim do ano passado, se a empresa tivesse de fechar as portas, o seu patrimônio não seria suficiente para quitar os débitos. Faltariam 967,2 milhões de reais para honrar todos os compromissos.

O cenário é ruim, mas, de acordo com uma auditoria da KPMG, poderia ser melhor caso o governo do estado tivesse quitado as indenizações que deve à empresa pelas rodovias que entregou à iniciativa privada com o Programa Estadual de Desestatização. A dívida soma 2,5 bilhões de reais. Esse valor, por sinal, seria bem maior hoje se a companhia não tivesse abdicado de cobrar juros e correção monetária sobre o débito. O prejuízo da Dersa em 2010, por exemplo, seria 40% menor, uma diferença de ao menos 240 milhões de reais, segundo os cálculos da KPMG.

Em 2009, a empresa perdeu a operação das últimas três estradas que controlava, encerrando uma história de 40 anos como concessionária de rodovias. A Eco-pistas pagou 595 milhões de reais e prometeu investir outros 828 milhões para explorar, por 30 anos, o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Já a rodovia D. Pedro I foi outorgada à concessionária Rota das Bandeiras por 1,39 bilhão de reais, mais investimentos de 2,1 bilhões até 2039. Como a Dersa poderia explorar esses corredores por mais 13 anos, ficou acertado que a empresa receberia 1,58 bilhão de reais a título de indenização no primeiro caso e 935 milhões no outro. A Dersa não sabe estimar quanto deixa de arrecadar em pedágios atualmente pela privatização dessas estradas. No último ano em que as operou por 12 meses completos, faturou 281 milhões.

O que chama mais a atenção no relatório da KPMG, datado de 29 de março, é a constatação de que "a continuidade das operações da companhia depende do aporte de recursos financeiros do governo do estado de São Paulo, seu principal acionista, e do recebimento das indenizações citadas anteriormente". Além disso, o texto assinado pelo auditor Wagner Petelin levanta "dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional" da empresa. É por essa razão que o deputado Luiz Claudio Marcolino (PT), da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de São Paulo, pretende incluir questionamentos sobre a saúde financeira da Dersa durante uma audiência a ser realizada no parlamento paulista. A oposição espera convocar o presidente da empresa, Laurence Casagrande Lourenço, para esclarecer o excesso de aditivos em obras da Dersa. "Os empreendimentos costumam terminar com um preço bem superior ao do contrato original e causa estranhamento saber que, apesar de estar à frente das maiores obras viárias do estado, a Dersa tenha acumulado prejuízos tão elevados."

De acordo com Márcio Cammarosano, professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), os administradores da Dersa podem exigir o pagamento das indenizações devidas pelo governo paulista, mesmo sendo o estado o seu principal acionista. "Trata-se de uma empresa de economia mista, que também deve satisfações aos seus sócios privados. Se a Dersa tinha direito a explorar essas rodovias por mais tempo e foi impedida, deve ser ressarcida, porque isso pode afetar a economia interna da empresa", avalia. É pouco provável, no entanto, que os sócios privados da companhia venham requerer alguma coisa. Eles detêm apenas 0,000001% das ações da Dersa. O restante pertence à Fazenda paulista. "Normalmente, numa situação como essa, a administração da empresa entra em acordo com o estado, o principal acionista."

Por meio de nota, a Dersa diz ter solicitado ao Estado "autorização para converter em capital social a parcela do passivo não circulante, registrada como `adiantamento parafuturo aumento de capitar. Em outras palavras, o governo pode autorizar o aporte de 3,4 bilhões de reais para tapar o buraco contábil da empresa. "Tão logo sejamos autorizados pelo nosso acionista, faremos a atualização contábil e passaremos a uma situação de patrimônio líquido positivo".

Esse investimento, contudo, não diz respeito ao pagamento das indenizações devidas à Dersa pela privatização das rodovias, um débito que deve ser quitado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A nota afirma ainda que a Dersa está negociando com o DER, mas informa que a empresa também possui dívidas com o órgão estadual, sem, no entanto, especificar esses valores. "Ao final das tratativas teremos um encontro de contas, com resultado positivo em favor da Dersa, e um plano de quitação desse débito", completa o texto. Quanto à decisão de não cobrar juros e correção monetária correspondente às indenizações, a companhia alega ter agido em conformidade com o "princípio da prudência", uma vez que "não existia naquele momento uma expectativa do correspondente ingresso financeiro imediato".

Atualmente, a Dersa sobrevive com a receita das travessias de lanchas e ferry-boats que operam no litoral paulista e a prestação de serviços técnicos no campo da infraestrutura de transportes e logística, sobretudo no apoio a grandes projetos viários do governo. A empresa garante não ser dependente do Tesouro paulista, "o que significa que os aportes de capital do acionista são dirigidos somente a investimentos da empresa". Por essa razão, as contas da Dersa não são registradas no Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária (Sigeo), mecanismo de controle dos gastos públicos aberto aos parlamentares. No fim, a empresa virou uma caixa-preta que não permite avaliar até que ponto as privatizações de rodovias prejudicaram a Dersa e, a despeito do pagamento das concessões, criaram, na prática, um rombo a ser coberto pelos cofres públicos.

Rodrigo Martins – 17.08.2011

IN “Carta Capital” – http://www.cartacapital.com.br/politica/veja-os-destaques-da-edicao-impressa-de-cartacapital-4

Segurança alimentar na AL e Caribe

Apoiar pequenos agricultores familiares traz um duplo benefício. O setor representa uma das populações mais vulneráveis à fome mas, apesar da sua situação precária, é responsável por produzir a maior parte do alimento consumido na região.

 José Graziano da Silva

Erradicar a fome é um desafio em todos os cantos do planeta. E a América Latina e Caribe é a região em desenvolvimento em melhor condições de fazê-lo, superando o paradoxo de ser uma das maiores produtoras de alimentos do mundo e conviver com mais de 50 milhões de subnutridos.

Este será um dos temas em discussão nos próximos dias em Buenos Aires, durante a 32ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, reunião ministerial que ajuda a definir as ações da organização em nível mundial e definir suas prioridades de trabalho na região.

A conferência aproxima a FAO dos países da região e garante que o trabalho da organização atenda às suas necessidades. É um exercício que se repete em diferentes regiões do mundo. Em meados de março, foi realizada no Vietnã a Conferência Regional para a Ásia e o Pacífico. Nessa reunião, que contou com a participação de 39 países, ficou clara a necessidade de estratégias regionais de arroz e aquicultura e de apoiar as pequenas ilhas do Pacífico na criação e fortalecimento dos circuitos locais de produção e consumo vinculados ao turismo.

O potencial da cooperação Sul-Sul para enfrentar os desafios, somada à vontade dos países em compartilhar seus conhecimentos, foi outra notável conclusão da conferência asiática e que tem grande potencial também na América Latina e Caribe.

Brasil e Argentina, entre outros países, possuem conhecimentos na área de agricultura tropical que pode ajudar o desenvolvimento de outros países da região e do mundo. No caso brasileiro, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - pelo domínio tecnológico - e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) - por ser a cara da nossa cooperação externa - são atores fundamentais e precisam ter estrutura, institucionalidade e recursos adequados à contribuição que o Brasil pode e quer dar a nível mundial.

Da conferência em Buenos Aires, espera-se sair com prioridades claras para o trabalho da FAO na região e reafirmar o nosso compromisso conjunto para a erradicação da fome.

Isso não só é compatível com o desenvolvimento econômico, a gestão sustentável dos recursos naturais e a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, mas também é uma contribuição para atingir esses objetivos.

Há uma grande convergência entre as agendas de mudanças climáticas e segurança alimentar: ambas exigem mudanças significativas no sentido de padrões mais sustentáveis de produção e consumo. Há poucos meses da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), temos a oportunidade e a necessidade de explorar essa convergência, que oferece a possibilidade de um novo caminho de desenvolvimento mais sustentável, inclusivo e que contribua na redução da desigualdade na América Latina e no Caribe.

Essa desigualdade se deve principalmente à concentração de renda e dos meios de produção. Por exemplo, a América Latina e Caribe é a região mais desigual do planeta em relação ao acesso à terra.

A insegurança alimentar é uma das manifestações da nossa desigualdade: a causa da fome na América Latina e no Caribe é a incapacidade dos pobres de comprar a comida de que necessitam. É um problema de acesso, esse é o nosso calcanhar de Aquiles.

Para resolver o problema, é necessária uma abordagem em âmbito social, econômico e produtivo. É essencial melhorar o acesso dos pobres em todos os sentidos: acesso a melhores empregos e renda; acesso a oportunidades; à terra e água.

As crises recentes recordam a vulnerabilidade que a região ainda tem: a inclusão social ainda depende, em grande parte, do crescimento econômico. No entanto, vários países conseguiram proteger a população vulnerável usando programas de transferência de renda e outras estratégicas de proteção social e incentivos econômicos e produtivos.

Esses programas são especialmente importantes nas áreas rurais, onde cerca de metade da população regional que vive em situação de pobreza extrema está localizada. Muitos são pequenos agricultores sem acesso a recursos naturais e apoio produtivo.

Apoiar esses agricultores familiares traz um duplo benefício. O setor representa uma das populações mais vulneráveis à fome mas, apesar da sua situação precária, é responsável por produzir a maior parte do alimento consumido na região.

Apesar de desempenhar importante papel, o setor ainda tem um grande potencial a ser desenvolvido. Os benefícios podem ser multiplicados se a agricultura familiar for vinculada a programas de transferência de renda, ao fortalecimento de mercados locais e também à alimentação escolar.

Não existem receitas mágicas para garantir o direito à alimentação, mas acabar com a fome não é tão difícil ou caro quanto mandar alguém à Lua. Erradicar a fome é uma meta possível, mas exige o compromisso de toda a sociedade e ações nos níveis nacional e internacional. A FAO está pronta para contribuir para esse objetivo, apoiando os países em seus esforços. Espero que a Conferência Regional em Buenos Aires dê um passo a mais, decidido, nessa direção.

José Graziano da Silva - Diretor-geral da agência Food and Agricultural Administration (FAO) – 29.03.2012

 IN “Valor Econômico” – http://www2.valoronline.com.br/opiniao/2592898/seguranca-alimentar-na-al-e-caribe

A hora do Supremo

 Impressiona a lista de casos que vem sendo enfrentada pelo STF, como confirmar poderes do CNJ e reconhecer direitos de minorias É tudo da Lei.

Oscar Vilhena Vieira

Com a Constituição de 1988 o STF assumiu posição de grande proeminência em nosso sistema político. Afinal, guardar uma Constituição tão ambiciosa não é missão destituída de enormes desafios. Impressiona a qualquer um a lista de casos relevantes enfrentada pelo Supremo nos últimos anos. Importante que se diga, no entanto, que na ampla maioria desses casos o STF apenas reagiu a demandas formuladas por atores políticos e sociais inconformados com suas derrotas sofridas no plano democrático. Ou seja, sua atuação predominante se deu no campo da análise de políticas públicas ou medidas legislativas aprovadas e colocadas em prática pelo sistema representativo. O que indica que a proeminência do STF não resulta da omissão do Executivo e do Legislativo, mas, sobretudo, em função de políticas promovidas por governos reformistas que desagradaram a setores da sociedade.

O caso das ações afirmativas e do ProUni, julgado nessa semana, constituem bom exemplo. Essas políticas foram desenhadas e implementadas pelas universidades, pelo governo federal e pelo legislador, cumprindo ao Supremo apenas convalidá-las da perspectiva constitucional. Não há, portanto, que se falar em uma postura ativista. O mesmo poderia ser dito em relação a decisão tomada pelo tribunal no caso da lei de biossegurança, que autorizou a utilização de embriões congelados inviáveis para a realização de pesquisa com células-tronco; da decisão que legitimou a proibição estabelecida pelo governo em relação à importação de pneus usados da União Europeia, que se tornariam um enorme ônus ambiental para a sociedade brasileira; ou, ainda, da decisão que confirmou a demarcação de Raposa Serra do Sol. Nessa mesma linha, o STF proferiu decisões relevantíssimas para o aprofundamento do Estado de Direito e da democracia, ao confirmar os poderes do CNJ, criado pela emenda 45, e respaldar a Lei da Ficha Limpa, o que certamente produzirá efeitos saneadores sobre nossas instituições políticas e jurídicas.

O tribunal foi mais ousado, no entanto, ao reconhecer direitos de minorias insulares e tradicionalmente excluídas do processo político, como os homossexuais ou as mulheres portadoras de fetos anencéfalos. Aqui, a ausência de norma legal foi superada por uma decisão que extraiu diretamente da Constituição, mais especificamente do princípio da dignidade humana, a proteção devida. Ao expressar publicamente a constitucionalidade de políticas e extrair sentido concreto do texto constitucional, o Supremo favorece o enraizamento de nosso pacto constitucional, estabiliza o sistema político e permite que as mudanças que a sociedade brasileira exige sejam realizadas sem maiores conflitos. Ao proferir o último voto no caso das ações afirmativas, o novo presidente da corte, ministro Carlos Ayres Britto, reivindicou que o STF estaria dando sua contribuição ao processo de construção de uma verdadeira nação, que a todos reconhece como sujeitos de direito e obrigações. Vejo nessa reivindicação uma aguda percepção de que o direito pode ter um importante papel no processo de desenvolvimento de uma sociedade e para isso é indispensável que as instituições cumpram, sem tergiversar, seu papel.

Ao assumir tamanhas responsabilidades, no entanto, o Supremo demonstra suas fragilidades e angaria adversários. O recente projeto voltado a conferir ao Congresso poderes para suspender atos normativas é uma demonstração rústica dos descontentes que não deve prosperar. O momento, no entanto, é oportuno para que o Supremo qualifique seu processo decisório de forma a ampliar a autoridade de suas decisões. Deveriam constar de uma agenda de reformas de nosso processo constitucional as seguintes medidas: racionalização e transparência da agenda do tribunal. Não se pode aceitar que questões de alta relevância durmam por décadas nos gabinetes enquanto outras sejam julgadas em semanas e é urgente reduzir as decisões monocráticas no Supremo, pois essas subvertem a própria natureza de um tribunal. Aquele que tem por responsabilidade dar a última palavra deve se cercar de todos os cuidados para que essa seja a palavra mais certa possível; a construção de decisões consensuais, que expressem razões e a interpretação dada pela maioria dos ministros da corte. Hoje, mesmo em decisões unânimes, temos a concorrência de 11 votos, cada um com sua lógica, o que dificulta o estabelecimento de precedentes que pautem as demais instâncias do Judiciário, do poder público e da sociedade. Para que o STF possa continuar exercendo sua missão de garantir a Constituição, é indispensável que sua transparência, autoridade e a integridade de suas decisões estejam reforçadas.

Oscar Vilhena Vieira – Professor de Direito Constitucional, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em SP - 06 de maio de 2012

IN “O Estado de São Paulo” – http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-hora-do-supremo-impressiona-a-lista-de-casos-que-vem-sendo-enfrentada-pelo-stf-como-confirmar-poderes-do-cnj-e-reconhecer-direitos-de-minorias--e-tudo-da-lei-,869319,0.htm

O perigoso charme do Supremo

O Supremo está discutindo o que deveria ser debatido pelos partidos – da marcha da maconha às cotas.

Fernando Abrúcio

O aumento do poder do STF tem sido interpretado, geralmente, de dois modos. De um lado, há aqueles que louvam a visão progressista de seus ministros, capazes de resolver de forma parcimoniosa problemas como o da reserva Raposa Serra do Sol ou de solucionar questões que o Congresso evita deliberar, como a união homoafetiva ou a recente decisão contra a guerra fiscal. De outro, existem os críticos a esta maior judicialização da política, uma vez que os togados não foram eleitos pelo povo e estariam usurpando funções dos que têm voto – como no caso da verticalização das eleições.

As duas interpretações contêm parcelas da verdade. Obviamente que é perigoso repassar a não eleitos atividades que deveriam ficar com os políticos, depositários últimos da soberania popular. Mas também é fato que o Supremo tem garantido espaço a uma agenda essencial ao país que não tem sido resolvida pelo Congresso Nacional. Por essa razão, a legitimidade do STF tem se fortalecido, tornando a instituição cada vez mais respeitada.

Mais ativista, o Supremo Tribunal Federal gera, a um só tempo, desequilíbrio na relação entre os Poderes e aumento da necessidade de atuação do Executivo e, sobretudo, do Legislativo em temáticas centrais para a sociedade. Em outras palavras, o STF pode se envolver nas funções dos demais, mas também incentivá-los a reagir e a atuar mais intensamente na agenda que interessa ao país. No jogo entre esses dois vetores, nem sempre a melhor resposta será obtida. Talvez somente o aprendizado cotidiano com o sistema democrático nos leve, ao longo do tempo, a melhores resultados.

O ponto mais preocupante não está numa pretensa usurpação de poderes, embora, por vezes, ministros togados exagerem no exercício de seu poder. Também não creio, em hipótese alguma, no esvaziamento do Executivo ou do Legislativo por conta do ativismo do Supremo. O Executivo continua com grande força por conta de seus instrumentos burocráticos, financeiros e políticos. A centralidade da Presidência no sistema político é evidente. O Congresso em muitas ocasiões abdica ou delega poderes, mas também é fato que assuntos fulcrais passam por sua alçada, como recentemente foram os casos do Código Florestal e do sigilo dos documentos oficiais.

O STF está discutindo aquilo que deveria ser debatido pelos partidos políticos e estes, infelizmente, não conseguem se posicionar sobre o que mais importa à sociedade brasileira. Afinal, para além dos discursos genéricos e vazios, qual é a visão de PT e PSDB sobre a reforma tributária? Alguém pode dizer que essa é uma questão muito complexa. Retruco: em relação ao Código Florestal, tão em voga e que será definido em breve pelo Congresso Nacional, o que tucanos e petistas pensam como agremiação política? Passando para o terreno dos valores, o que as duas maiores siglas do país acham da decisão do Supremo de liberar a “marcha da Maconha”? Ou sobre as cotas para negros, tema que será definido pelos ministros togados no próximo semestre?

Poderia fazer essas mesmas perguntas ao PMDB, DEM, PSB e outros. Obviamente que não as faria ao PSD, que já se disse ser de todos os espectros ideológicos. Se a resposta permanecer basicamente a mesma, fica a constatação de uma grande preocupação: os partidos não discutem e nem se definem em relação ao que é central na agenda do país. No contraste com esta situação, e diante da fragmentação da sociedade brasileira, é que se afirma o perigoso charme do STF.

Fernando Abrúcio – Doutor em ciência política pela USP e professor na FGV – 24.06.2011

IN “Época” – http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI242342-15230,00.html

O inimigo da moral

O primeiro atributo dos julgamentos morais é a universalidade. Pois espera-se de tais julgamentos que sejam simétricos, que tratem casos semelhantes de forma equivalente. Quando tal simetria se quebra, então os gritos moralizadores começam a soar como astúcia estratégica submetida à lógica do "para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei".

Vladimir Safatle

O maior inimigo da moralidade não é a imoralidade, mas a parcialidade.

O primeiro atributo dos julgamentos morais é a universalidade. Pois espera-se de tais julgamentos que sejam simétricos, que tratem casos semelhantes de forma equivalente. Quando tal simetria se quebra, então os gritos moralizadores começam a soar como astúcia estratégica submetida à lógica do "para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei".

Devemos ter isso em mente quando a questão é pensar as relações entre moral e política no Brasil. Muitas vezes, a imprensa desempenhou um papel importante na revelação de práticas de corrupção arraigadas em vários estratos dos governos. No entanto houve momentos em que seu silêncio foi inaceitável.

Por exemplo, no auge do dito caso do mensalão, descobriu-se que o esquema de corrupção que gerou o escândalo fora montado pelo presidente do maior partido de oposição. Esquema criado não só para financiar sua campanha como senador mas (como o próprio afirmou em entrevista à Folha) também para arrecadar fundos para a campanha presidencial de seu candidato.

Em qualquer lugar do mundo, uma informação dessa natureza seria uma notícia espetacular. No Brasil, alguns importantes veículos da imprensa simplesmente omitiram essa informação a seus leitores durante meses.

Outro exemplo ilustrativo acontece com o metrô de São Paulo. Não bastasse ser uma obra construída a passos inacreditavelmente lentos, marcada por adiamentos reiterados, com direito a acidentes mortais resultantes de parcerias público-privadas lesivas aos interesses públicos, temos um histórico de denúncias de corrupção (caso Alstom), licitações forjadas e afastamento de seu presidente pela Justiça, que justificariam que nossos melhores jornalistas investigativos se voltassem ao subsolo de São Paulo.

Agora volta a discussão sobre o processo de privatização do governo FHC. Na época, as denúncias de malversações se avolumaram, algumas apresentadas por esta Folha. Mas vimos um festival de "engavetamento" de pedidos de investigação pela Procuradoria-Geral da União, assim como CPIs abortadas por manobras regimentais ou sufocadas em seu nascedouro. Ou seja, nada foi, de fato, investigado.

O povo brasileiro tem o direito de saber o que realmente aconteceu na venda de algumas de suas empresas mais importantes. Não é mais possível vermos essa situação na qual uma exigência de investigação concreta de corrupção é imediatamente vista por alguns como expressão de interesses partidários. O Brasil será melhor quando o ímpeto investigativo atingir a todos de maneira simétrica.

Vladimir Safatle – Professor livre-docente do departamento de filosofia da USP – 20.12.2011

IN “Folha de São Paulo” – http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/1023663-o-inimigo-da-moral.shtml

Democraduras

tivemos uma redemocratização institucional, mas o Brasil não se democratizou do ponto de vista econômico, social e cultural. Continuamos - até o governo Lula – a ser o país mais desigual do continente mais desigual.

O Egito e o Paraguai vivem situações que podem ser comparadas com essa.

Emir Sader

Países com longas ditaduras não passam simplesmente da ditadura à democracia, apagando seu passado e escrevendo a nova página da sua história como se fosse uma página em branco. Até mesmo porque costumam ser transições institucionais, pacíficas, não rupturas radicais. O passado pesa fortemente sobre as novas democracias, condicionando seu futuro fortemente.

Tem acontecido como regra nos países latino-americanos. O próprio Brasil foi vítima desses condicionamentos. Incapaz de obter os 2/3 do Congresso para convocar eleições diretas para presidente – que teriam em Ulysses Guimaraes seu mais forte candidato a ser o primeiro civil a presidir o Brasil desde 1964 -, o país se viu às voltas com mais um pacto de elite na sua história, configurado no Colégio Eleitoral, fundado num acordo entre o novo – as forças democráticas, constituídas na oposição à ditadura – e o velho – advindas da ditadura, para somar-se ao novo regime, quando o antigo se esboroava. 

O preço pago não foi barato. Ao invés da democratização das profundas estruturas de poder consolidadas pela ditadura – no campo, nos bancos, nas grandes corporações industriais e comerciais, nos meios de comunicação -, o novo regime – sob a presidência do até pouco tempo antes presidente do partido da ditadura – limitou-se, bem ao estilo liberal, à democratização institucional. O país profundo seguiu igual, até piorou em alguns aspectos, como nos meios de comunicação, em que o ministro das comunicações, ACM, encarregou-se de terminar a monopolização da mídia.

Como resultado, tivemos uma redemocratização institucional, mas o Brasil não se democratizou do ponto de vista econômico, social e cultural. Continuamos - até o governo Lula – a ser o país mais desigual do continente mais desigual.

Essas são analises que podem ser estendidas a outros países do continente que passaram por ditaduras.

O Egito e o Paraguai vivem situações que podem ser comparadas com essa. Durante as longas ditaduras que os dois países sofreram, só foi tolerada a oposição moderada, que compactuava com a ditadura: o Partido Liberal no Paraguai, a Irmandade Muçulmana no Egito. Quando termina a ditadura, os partidos ligados ao regime e essas forças de oposição estão nas melhores condições para protagonizar o que deveria ser a transição para a democracia.

No Egito, os dois candidatos provinham dessas forças: um ex-ministro do Mubarak e um candidato muçulmano. No Paraguai o Congresso continua a ser dominado pelos partidos Colorado e Liberal. Foram estes dois partidos que se uniram – juntando-se aos oviedistas, partidários de Lino Oviedo, caudilho tradicional – para derrubar Fernando Lugo em processo expeditivo.

No Brasil foi preciso passar 17 anos de terminada a ditadura para que o PT chegasse a ter forças para conquistar a presidência.

Enquanto isso, existem democraduras, cruzamento de democracia com ditadura.

Emir Sader – Sociólogo – 24.06.2012

IN “Blog do Emir” – http://cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=1&post_id=1019

Diplomata vê onda neogolpista na América do Sul

Samuel Pinheiro Guimarães: Há um neogolpismo na América do Sul, promovido pelas classes tradicionais hegemônicas que enfrentam governos populares. Essas classes tradicionais, diante da vitória de candidatos progressistas, constroem toda uma teoria de que foram eleitos, mas não governam democraticamente; de que fazem políticas populistas; de que são contra a liberdade de imprensa (deles) e assim por diante.

Eleonora de Lucena

Foi golpe o que ocorreu no Paraguai. As classes tradicionais hegemônicas promovem um neogolpismo na América do Sul e a democracia está em risco na região. Fernando Lugo caiu porque queria fazer uma reforma agrária que contrariava interesses.

A visão é do diplomata brasileiro Samuel Pinheiro Guimarães Neto, que está deixando o cargo de alto representante do Mercosul. A entrevista foi dada antes de ele anunciar sua saída.

Para ele, o novo presidente, Federico Franco, representa a oligarquia agrária, interesses ligados ao contrabando e é defensor de ligações mais estreitas com os EUA.

Folha - Como o sr. define o que ocorreu no Paraguai?

Samuel Pinheiro Guimarães Neto - Foi golpe. Há um neogolpismo na América do Sul, promovido pelas classes tradicionais hegemônicas que enfrentam governos populares.

Essas classes tradicionais, diante da vitória de candidatos progressistas, constroem toda uma teoria de que foram eleitos, mas não governam democraticamente; de que fazem políticas populistas; de que são contra a liberdade de imprensa (deles) e assim por diante.

Constroem e favorecem na sua mídia uma imagem de que tais governos são na realidade ditaduras e criam o clima para sua derrubada, com auxílio muitas vezes externo.

O que está por trás da queda de Lugo? Os apoiadores dele afirmam que ele caiu porque contrariou fortes interesses.

Essa análise faz sentido?

A reforma agrária pretendida pelo governo Lugo seria uma das principais razões para o golpe, assim como o inicio do movimento popular para reformar o sistema eleitoral de listas fechadas que beneficia oligarquias agrárias e corruptas ligadas ao "comércio" exterior.

Certamente, a queda de Lugo não contraria a política exterior americana, assim como a erosão do poder e da unidade do Mercosul e o enfraquecimento dos governos progressistas do Uruguai, do Brasil e da Argentina.

O projeto dos EUA para a América do Sul não é o Mercosul, e sim as "mini-Alcas" bilaterais, Aliança do Pacifico.

Quais são os interesses representados por Franco?

Franco representa os interesses da oligarquia agrária, representados pelos partidos tradicionais, liberal e conservador, e os interesses ligados ao comércio exterior informal, ao contrabando.

Além disso, é conhecido defensor de relações mais estreitas do Paraguai com os EUA e da celebração de um acordo de livre-comércio.

A reação popular ficou aquém do esperado?

A reação dos movimentos populares, tomados de surpresa pelo golpe, não foi divulgada. Todavia, é certo que o apoio popular ao governo de Fernando Lugo no Paraguai é amplo e sua nova resistência ao golpe mobilizará esses movimentos.

A democracia está em risco na América Latina?

Sim, permanentemente. A América Latina é o continente de maior concentração de renda do mundo. Em regimes democráticos, candidatos progressistas são eleitos para cargos majoritários (presidentes), enquanto os que representam as classes hegemônicas tradicionais controlam os Legislativos.

A tentativa de realizar programas sociais, que implicam distribuição de renda, encontra forte resistência e aí começam manobras do neogolpismo.

Eleonora de Lucena – 29.06.2012

IN “Folha de São Paulo” – http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/51567-diplomata-ve-onda-neogolpista-na-america-do-sul.shtml

Uma história de pronunciamientos

A atual crise é só continuação da tradicional instabilidade política do Paraguai, que, para o autor, ainda está longe da democracia.

Moacir Assunção

A crise política vivida nos dias de hoje pelo Paraguai não deveria nos surpreender. Na verdade, durante toda sua história, praticamente desde sua independência da Argentina, que integrava como uma das Províncias Unidas do Rio da Prata, em 1811, o país vizinho sempre conviveu com a instabilidade política e a fragilidade de suas instituições democráticas. Durante toda sua trajetória, os famosos pronunciamientos (quarteladas) sempre estiveram no horizonte da nação, forjada em meio a guerras e tentativas de anexação por parte da Argentina, que demorou muito para reconhecer sua independência. Por uma questão de justiça, vale lembrar que os pronunciamientos sempre foram comuns na região. O caso paraguaio, entretanto, se destaca pela frequência com que isso ocorreu.

Ao Brasil Império, interessava um Paraguai autônomo. A razão é simples: tudo que o Império não queria era ter de manter duas fronteiras com a Argentina, eterna rival na luta pela hegemonia da América do Sul. Para a diplomacia brasileira, o Paraguai representava um anteparo às pretensões territoriais e de poder da Argentina na região. Assim, o Império foi o primeiro país a reconhecer a independência paraguaia, em 1844, algo que os argentinos só fizeram dez anos depois. Em seus primeiros anos como nação independente, o Paraguai conviveu, entre 1814 e 1843, com a figura mítica de d. José Gaspar Rodríguez de Francia, que governava o país como se fosse uma grande estância, como um ditador perpétuo.

Temido e autoritário, Rodríguez de Francia expulsou todos os rivais, principalmente os descendentes de criollos espanhóis, de Assunção, internando-os no interior. Metia tanto medo nos conterrâneos que, após sua morte, o corpo permaneceu três dias no quarto sem que ninguém tivesse coragem de retirá-lo. Ele se tornaria conhecido como El Defunto. Com seu desaparecimento, assumiria o poder em 1844 Carlos Antonio López, advogado assunceno que havia sido desterrado para distantes regiões do país. A vida mudaria pouco para o cidadão comum. Tal como o antigo mandatário, López também governaria como um tirano.

Com a morte de Carlos López, em 1860, assumiu o mandato - tal como se o país fosse uma monarquia absolutista - o filho Francisco Solano López, o generalito (generalzinho), único oficial à época com essa patente no Exército paraguaio. Cedo, López filho trataria de afastar o irmão, Benigno, o preferido do pai, e enfeixar o poder, como um ditador. Embora em algum momento tenha sido retratado como um líder quase socialista por uma certa historiografia brasileira e também argentina, López filho, assim como o pai, pouco tinha de democrata. Em seu governo, a liberdade política era praticamente inexistente, assim como o direito à opinião.

O jovem e impetuoso general iniciou uma guerra em fins de 1864 contra o Brasil, motivado pelo ataque brasileiro ao Uruguai e, no fundo, pela vontade de ter voz ativa na região. Seu pai, antes de morrer, havia dito que ele devia resolver os problemas de fronteira com o Brasil usando a pena e não a espada. Para complicar ainda mais a equação, López iniciou uma guerra também contra a Argentina, quando cruzou com suas tropas a região de Missiones visando a atacar os brasileiros no Uruguai. Assim, de forma atabalhoada, López, dono do maior Exército da região, com 80 mil homens ante apenas 19 mil do Exército brasileiro e cerca de 10 mil argentinos, iniciava ao mesmo tempo um conflito contra as duas principais potências da região. A conflagração, encerrada em 1.º de março de 1870 com a morte de López, nas mãos de soldados brasileiros em Cerro Corá, custou a perda de 75% da população masculina do Paraguai e 40% do território nacional para o Brasil e a Argentina.

Um dos legados da guerra foi a fragilização da política nacional. Depois da conflagração, os partidos políticos paraguaios - o Colorado e o Liberal - foram construídos sob influência dos vitoriosos no conflito, o que ajudou a conferir grande instabilidade à política nacional. O Colorado nasceu da liderança do general Bernardino Caballero, o Centauro de Ibucuy, um dos melhores oficiais de López, que se rendeu aos brasileiros dias após a batalha final. O Liberal, por sua vez, surgiu sob os auspícios da Argentina, o segundo membro mais importante da Tríplice Aliança. Contrariamente ao que se poderia imaginar, os colorados se tornaram muito próximos do Brasil. Caballero viveu no País e se tornou amigo do Barão do Rio Branco. Os liberais, por sua vez, historicamente sempre penderam para a Argentina.

O Paraguai enfrentou numerosas crises em sua trajetória, quase sempre ligadas às dificuldades vividas pelos dois poderosos vizinhos, Brasil e Argentina, que se revezavam no comando da política nacional paraguaia. É que, após a guerra, o país se tornou quase um protetorado brasileiro, que impôs seu primeiro governo pós-López. Cerca de 70 mil soldados do Império (o Exército crescera durante a guerra) permaneceram no país até 1876. O excesso de poder brasileiro levou a reclamações da Argentina e a um quase conflito entre os dois ex-aliados da Tríplice Aliança, que só não ocorreu por absoluta falta de condições de parte a parte. O fato é que a Argentina ansiava por tomar todo o Paraguai, transformando-o em uma província. Só não o fez porque o Brasil manobrou nos bastidores e frustrou a operação, rompendo, na prática, o Tratado da Tríplice Aliança ao negociar diretamente com o Paraguai.

Hegemônico logo após o conflito, o Brasil perdeu a supremacia para a Argentina em 1904, quando caiu o governo colorado de Juan Ezcurra, atacado por revolucionários paraguaios com apoio de Buenos Aires. Fragilizada pela Revolta da Armada em 1893, a esquadra brasileira não tinha condições de se contrapor aos argentinos, então superiores militarmente. Os colorados só recuperariam o poder em outra quartelada, em 1936,quando o então coronel Rafael Franco, herói da Guerra do Chaco contra a Bolívia, entre 1932 e 1935, derrubou o presidente Eusebio Ayala, do Partido Liberal. Aliás, essa nova guerra, desta vez vencida pelo Paraguai contra as desorganizadas tropas bolivianas, contribuiu para trazer ainda mais problemas políticos à nação que tentava se firmar, com um forte predomínio dos militares na política.

O Brasil só recuperou a supremacia no Paraguai em 1954, quando Alfredo Stroessner que, aliás, estudou em escolas militares brasileiras, deu um golpe no governo do também colorado Federico Chávez e empalmou o poder. Muito próximo do País, Stroessner negociou a construção da Hidrelétrica de Itaipu e permitiu a instalação na fronteira com o Brasil dos chamados brasiguaios - a segunda maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas da dos Estados Unidos, que chegou a ter 300 mil membros e fundar cidades nas quais o português era mais falado que o espanhol ou o guarani, as duas línguas oficiais do país vizinho.

Stroessner foi derrubado em 1989 num golpe de Estado liderado pelo general Andrés Rodríguez, seu parente, em mais um da longa lista de golpes militares no país. Somente em 1993 o Paraguai conheceu o seu primeiro presidente eleito democraticamente desde a independência, o engenheiro Juan Carlos Wasmoy Monti, que conseguiu terminar seu mandato, em 1998, mas foi acusado de vários crimes na condução do país. Raúl Cubas, cujo vice, José María Argaña, foi assassinado nas ruas de Assunção, o sucedeu. Posteriormente, vieram González Macchi, Nicanor Duarte, Fernando Lugo e agora Federico Franco. Como se pode notar por este relato, ainda falta muito para o Paraguai atingir um estágio que se poderia chamar de democrático em sua vida política. A atual crise, portanto, é só uma continuação da tradicional instabilidade política daquele país.

Moacir Assunção – Jornalista, historiador, professor da Universidade São Judas Tadeu, autor do livro, recém-lançado, Nem Heróis Nem Vilões - Curepas, Caboclos, Cambás, Macaquitos e Outras Revelações da Sangrenta Guerra do Paraguai (Record) – 01.07.2012

IN “O Estado de São Paulo”, caderno “Aliás” – http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,uma-historia-de-pronunciamientos,894215,0.htm