sexta-feira, 30 de março de 2012

La justicia salta el muro


La organización abogados de abYesh Din, compuesta por israelíes, lleva cinco años representando a palestinos en sus procesos contra la ocupación.
El 90% de las denuncias de palestinos quedan en nada, sin condena o sin investigación

Carmen Rengel
La segunda acepción del diccionario de la RAE sostiene que “justicia” es igual a “derecho, razón, equidad”. Nada que ver con lo que los palestinos reciben cuando tratan de defenderse del expolio de sus recursos naturales, el cerco de sus tierras de labor, el veto a los pasos de su ganado o la invasión de su suelo por viviendas de judíos. “Los arrollan”, resume lacónico Michael Sfard, uno de los abogados de Yesh Din, una asociación de letrados israelíes que combate la violación de derechos humanos en los Territorios Ocupados y que desde hace cinco años se encarga de llevar ante el Tribunal Supremo del país a todo aquel que ataque a los palestinos, sea colono, militar o político. Son israelíes, son judíos, pero ante todo son abogados con un profundo sentido de esa justicia que tanto echan en falta al otro lado del muro. A llenar el vacío legal que rodea a sus vecinos-enemigos es a lo que dedican su tiempo, cuando acaban los casos de rutina. Asistencia letrada e informes de denuncia son sus armas para equilibrar la balanza de esta dama ciega.
Yesh Din (“Existe la Ley”, en hebreo) sigue siendo noticia estos días en Israel porque el pasado 22 de diciembre se produjo un robo en sus oficinas centrales, en Tel Aviv. Han desaparecido pen-drives y documentos en papel, pero no se ha forzado ni una puerta. Temen que un infiltrado de ultraderecha haya hecho de topo en la organización y les haya jugado una mala pasada. La Policía no tiene pistas, pero las amenazas van a más. ”Estamos en una fase nueva y peligrosa del asalto a las organizaciones de derechos humanos en Israel”, denuncia Sfard. Los nombres de los abogados de la ONG han aparecido publicados en revistas financiadas con dinero de las colonias ilegales in Cisjordania y desde su creación, en 2005, reciben periódicamente anónimos amenazantes que se han intensificado y recrudecido en los últimos meses. “Si aprietan su cerco, nosotros forzaremos el nuestro”, lanza desafiante Ziv Stahl, del equipo de asesores de la asociación. El apoyo creciente de prominentes personalidades (ex ministros, artistas, fiscales y militares retirados) y hasta de la Comisión Europea han puesto a la entidad en el punto de mira de la venganza. Eso, y sus victorias en cadena en los tribunales israelíes.

La más reciente es la lograda con la condena de Zvi Struck
, un joven colono condenado por secuestrar a un niño palestino de 15 años. A falta de conocer la pena total, ha sido declarado culpable de asalto, agresión con agravantes, secuestro con lesiones y abuso de animales. El condenado se encaró con el adolescente porque estaba pastoreando “en lo que él consideraba suelo judío”, en la localidad cisjordana de Kusra. El menor fue golpeado, apuntado con un rifle, atado a un tractor y arrastrado por el campo, desnudado, amarrado a un árbol y abandonado inconsciente. A su lado, Struck y su ayudante (que no ha sido identificado aún) dejaron un cordero muerto. El colono ya había apaleado al mismo niño meses antes por el mismo motivo. Tres años ha tardado el proceso en fructificar, pero la condena ya no es recurrible. Sfard explica que el fallo ha sido especialmente trascendente porque la madre del acusado es una de las principales defensoras de los derechos de los colonos. “Un derecho entendido desde la visión parcial y excluyente de los que han quitado la tierra a su legítimo dueño”, abunda el abogado israelí. Según datos de la asociación corroborados por la ONU, el 90% de las denuncias que interponen los palestinos por violación de cualquiera de sus derechos quedan en nada, bien sin condena, bien sin investigación siquiera. Ahí está Yesh Din: “Sabemos que no ponemos más que un grano de arena, que las grandes injusticias siguen reinando en Israel, ¿pero cómo no intentarlo siquiera? No podemos rendirnos ante la violación de libertades o el robo de territorio. El derecho internacional básico ya nos da fundamentos suficientes para actuar, pero es que las leyes de Israel nos dan la razón y abundan en los preceptos que defendemos. La contradicción para un israelí no debería ser que nosotros ayudemos a los palestinos, sino que nuestros tribunales empleen un rasero diferente para una persona u otra en función de dónde nació y qué bandera lleva”, resume Zachary Shlomy, otro de los componentes del equipo, “judío hasta en el nombre”, señala jocoso.
Cumplidor del shabbat, maldice en yiddish cuando rememora los sinsabores de su batalla, los casos estancados, bloqueados por una justicia “absolutamente imbricada con la política cuando de los Territorios Palestinos se trata” y que “olvida la separación de poderes y la igualdad del ser humano ante la ley”. El ejemplo más doloroso con que explica sus fracasos es el del ataque a dos jóvenes árabes de 19 años en Awarta, cerca de Naplusa, cuando iban al campo a trabajar con sus padres. Fueron tiroteados por los soldados de un puesto de vigilancia cercano y uno de ellos murió. El Supremo israelí va a archivar el caso, porque entiende “justificada” la actuación de los militares. Las IDF explicaron que las víctimas iban “disfrazadas de agricultores” y que con sus balas lo que hicieron fue “repeler un ataque terrorista”. Los aperos de labranza que portaban los jóvenes han sido catalogados como “armas” del atentado frustrado. Fin del caso. Shlomy sostiene que las pruebas que ha aportado Yesh Din son concluyentes, pero suspira y reconoce que todo depende en última instancia “de la sensibilidad del juez” y de “la complicidad del fiscal con la verdad”.


La frustración es mayor debido al esfuerzo que despliega la asociación para hacer acopio de casos, de documentos, de testimonios, pruebas en general, que sustenten sus argumentos. Los israelíes tienen vetado el acceso a los Territorios, por lo que se valen de voluntarios árabes para pasar papeles a Palestina, o se envían cartas desde Estados Unidos o Reino Unido, aprovechan falsas citas médicas para encontrarse con palestinos que cruzan a Jerusalén… No siempre ven con sus propios ojos lo que ocurre, pero confían en sus defendidos, “por supuesto”. “Hay compañeros que defienden a hombres que matan a su familia o a ladrones que esquilman a un banco, pero tienen reparos en hacer lo mismo con un palestino. A veces los escrúpulos están alterados en este país”, abunda Lev Avisar, otro de los letrados más activos del grupo.

La Policía se ha aliado con los colonos y comete sus mismas tropelías. Han dejado de perseguir a los ladrones y ahora actúan como ellos
Las colonias y sus consecuencias centran su actividad de estos meses en la Corte Suprema de Israel, última fase de alegaciones posible. Suyo es el informe que denunció más de 40 actos de sabotaje a la campaña de la aceituna en Cisjordania, con árboles quemados y envenenados, tocones arrancados y olivas robadas por parte de los colonos en suelo palestino, especialmente en el área de Nablus, Farata o Burqa. Suya la denuncia contra el Ejército y el Consejo de Samaria (una especie de gobernador de las colonias) por impedir a los habitantes de Yusuf y sus alrededores acceder de forma libre y segura a las tierras donde cultivan higos y aceitunas; hay barreras y cercas ilegales, los soldados escoltan a los colonos de Tapuach mientras intimidan a los palestinos y miran a otro lado si se emplea la fuerza o el insulto, denuncian. “Ayudan a los infractores en sus prácticas ilegales en vez de ayudar a las víctimas. Es sólo un ejemplo de la incompetencia de las autoridades israelíes. Y los vecinos llevan una década así”, lamenta Avisar.


En Modi´in Illit, la pugna es por derribar varias oficinas públicas, pagadas con dinero de los contribuyentes israelíes, entre ellas una comisaría y una estación de bomberos, todo sobre suelo de la aldea palestina de Nilin. “Es absurdo. Un grupo de edificios de autoridades que atienden la aplicación de las leyes se basa justamente en un flagrante desprecio por la ley, levantado sin permiso de obra, a la vista de todos, durante 10 años, y con varias órdenes de demolición que no se han cumplido. La Policía se ha aliado con los colonos y comete sus mismas tropelías. Han dejado de perseguir a los ladrones y ahora actúan como ellos”, acusa Sfard, en un discurso tan duro que le ha costado perder a varios de sus clientes por ser “pro-palestino o antisemita, que para ellos es igual”. Las represalias en el trabajo son “notables”, reconoce, y han bajado los casos, pero las ayudas de entidades colaboradoras como los Gobiernos de Holanda, Irlanda, Alemania y Reino Unido, y ONG como Oxfam, les mantienen a flote.
Lo más importante, destacan, es la “fuerza” que están tomando en la calle, en las instituciones, en los centros de poder, pese al vacío que oficialmente se les hace. Sólo gracias a la colaboración de gente de dentro han logrado saber –valga de muestra- que en Dir Nizam no hay ningún yacimiento arqueológico de impagable valor histórico y que, por tanto, la zona no debe estar acotada sino abierta y en pleno uso de sus propietarios. La historia es “retorcidamente sencilla”, define Avisar: los colonos cierran el paso a un manantial asegurando que se halla en zona de valor arqueológico, lo que les ha permitido tomar el uso de una tierra de propiedad palestina. La fuente de Al-Kis, junto al asentamiento de Neve Tzuf, es un área tradicional agrícola que, desde la pasada primavera, se llena de colonos haciendo pic-nics. Han colocado una barrera para impedir el paso a los legales propietarios del suelo y afirman que es terreno protegido. Sólo la sintonía con determinados funcionarios ha permitido que Yesh Din demuestre que no existe tal declaración de zona arqueológica, que el cartel que luce el terreno es falso y que “sencillamente se trata de complicar la subsistencia agrícola de los palestinos y de buscar un nuevo foco de conflicto”. Han logrado el papel que desmiente el caso, pero el Estado sigue impidiendo el paso a los jornaleros. “Es una excusa, una decisión parcial e irracional”, denuncia la asociación. Y en esas andan, enredados en los tribunales para impedir un nuevo paso, pequeño pero dramático, en la humillación de los palestinos. “Es la única manera de poder mirar en un futuro a los ojos de nuestros vecinos sin sentir vergüenza, es la única manera de sentirme realmente abogado y humano”, defiende Avisar mientras suena el teléfono. Es la Policía. Siguen sin pistas del robo. Ahora seguirán golpeando los nudillos contra un muro, pero con el miedo en el cuerpo. La incógnita está en saber si logrará pararlos.



Carmen RengelJornalista – 02.03.2011

terça-feira, 27 de março de 2012

Fonte vital


estamos longe de gerenciar bem os recursos hídricos que seriam uma grande vantagem competitiva. "Mais de 50% da população não têm acesso sequer à coleta de esgoto, que dirá ao esgoto tratado", diz. "Com isso, as fontes próximas ficam inutilizáveis e nossas cidades vão buscar água cada vez mais longe, o que torna o abastecimento cada vez mais caro, além de afetar o fornecimento em outras áreas urbanas, como acontece com São Paulo em relação a Campinas, por exemplo," aponta Canedo.

Carlos Vasconcellos
A preservação dos recursos hídricos será um dos temas de destaque da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20, que será realizada no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de junho. Como anfitrião do encontro, o Brasil encontra-se em uma posição privilegiada no panorama global. Com cerca de 3% da população mundial, o país detém aproximadamente 13% das reservas de água doce do planeta. Água abundante, predominantemente superficial, que não está congelada em geleiras e é fácil de ser usada.
Esse, no entanto, é apenas o lado "meio cheio" do copo. Na verdade, cerca de 70% dessas reservas estão localizadas na Amazônia, distantes dos grandes centros urbanos onde vive a maior parte da população brasileira. "Nossas reservas são mal distribuídas", diz o geógrafo Wagner Costa Ribeiro, da USP. "Com isso temos dois grandes problemas: abastecer as grandes metrópoles, que já vivem uma condição crítica em termos de fornecimento de água, e o Semiárido nordestino, que representa 10% do território nacional e é a região mais povoada do mundo com esse tipo de clima."
E o problema pode se agravar. "Quanto mais a população se urbaniza, quanto mais aumenta a renda, mais aumenta o consumo de água. Isso já é visível em conglomerados urbanos como a região de Campina Grande, na Paraíba, onde vivem cerca de meio milhão de pessoas", diz.
De fato, o padrão de consumo é um dos pontos-chave para o futuro das reservas hídricas mundiais. "Somos educados para enxergar apenas o consumo doméstico", afirma Paulo Canedo, coordenador do Laboratório de Hidrologia da Coppe-UFRJ. "Ninguém se dá conta de que gastamos 11 mil litros de água para produzir uma calça jeans, três mil litros para produzir uma camiseta, 15 mil litros para produzir um quilo de picanha", enumera. "Os EUA gastam 400 litros de água por habitante ao dia. O mundo não comporta oito bilhões de pessoas com esse nível de gasto", diz Canedo.
Diante desse quadro, o Brasil pode ter boas oportunidades no futuro, aponta o especialista. "Com a dificuldade de produção de alimentos, podemos nos tornar um supermercado para o mundo, pois temos água, terra e variedade climática para isso."
Por outro lado, aponta Canedo, estamos longe de gerenciar bem os recursos hídricos que seriam uma grande vantagem competitiva. "Mais de 50% da população não têm acesso sequer à coleta de esgoto, que dirá ao esgoto tratado", diz. "Com isso, as fontes próximas ficam inutilizáveis e nossas cidades vão buscar água cada vez mais longe, o que torna o abastecimento cada vez mais caro, além de afetar o fornecimento em outras áreas urbanas, como acontece com São Paulo em relação a Campinas, por exemplo."
Isso é uma realidade também no Rio de Janeiro, onde 70% do abastecimento provém do sistema do Guandu, interligado à Bacia do Paraíba do Sul. "Isso traz uma certa fragilidade, embora tenhamos uma relativa abundância hídrica no Estado", diz a presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea) do Rio, Marilene Ramos. Canedo, por sua vez, aponta um possível conflito futuro entre Rio e São Paulo, no momento em que São Paulo precisar avançar até a Bacia do Paraíba do Sul para buscar água para sua região metropolitana.
Enquanto isso não acontece, os investimentos não podem parar. "Em 2011, demos início a uma Parceria Público-Privada para aumentar a vazão de 10 m3 para 15 m3 por segundo no sistema do Alto Tietê, e neste mês terminaremos a modelagem de nova PPP, para aumentar em 4,7 m3 por segundo a vazão na Bacia de Ribeira do Iguape", diz o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, Edson Giriboni.
As ações da secretaria, explica Giriboni, não se limitam aos investimentos em transposições e obras para aumentar a oferta. "Temos vários projetos no âmbito do Programa Mananciais, como o projeto de recuperação das bacias Guarapiranga e Billings, vamos começar a incentivar programas para o reúso da água nas indústrias e também firmamos um acordo com o banco japonês Jica, para financiar um programa de redução de perdas no sistema da Sabesp ", diz.
Vicente Andreu, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), órgão que tem como função regular o uso da água bruta nos corpos hídricos de domínio da União e implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, aponta alguns avanços no gerenciamento das águas no país, inspirado no modelo francês, que prevê a criação de comitês gestores por bacias hidrográficas. "O Brasil foi destacado, junto com a África do Sul, como um dos países com a legislação mais moderna para a gestão de recursos hídricos no 6º Fórum Mundial das Águas."
No entanto, Andreu admite que ainda há um longo caminho a percorrer. E a poluição continua sendo um problema dramático. "Embora o último Atlas de Abastecimento Urbano da ANA aponte que mais de 70% das águas tenham boa qualidade, e 11% tenham ótima qualidade, isso não acontece nas grandes cidades", explica. "Além disso, começam a surgir problemas de contaminação por agrotóxicos e fertilizantes no Cerrado e de poluição por esgoto e dejetos no Nordeste."
Entre 2001 e 2011, o Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas, da ANA, investiu R$ 200,82 milhões na instalação de 55 estações de tratamento de esgoto, que custaram R$ 720 milhões. A universalização dos serviços de saneamento, no entanto, continua uma meta distante. "O governo federal vem investindo fortemente, mas o atraso é grande e não vamos cumprir as Metas do Milênio da ONU nessa área", diz Andreu. Apesar dos esforços, 2011 registrou uma queda de 20% nos investimentos do setor em relação ao ano anterior.
Segundo a própria ANA, seriam necessários R$ 40,8 bilhões de investimentos em coleta e R$ 7 bilhões em tratamento até 2015 para implantar uma rede apenas nos municípios em que o lançamento de esgotos tem potencial para poluir mananciais de captação para o abastecimento público de água. O nó, explica Andreu, não é a falta de recursos, mas de capacidade de aplicação do dinheiro. "Os municípios não têm capacidade para elaborar projetos nessa área", diz. "Por isso, estamos começando a financiar não apenas obras, mas também a elaboração de projetos."
Para Giriboni, o país precisa avançar mais rápido nesse campo. "A sociedade e os agentes políticos precisam se conscientizar de que o dinheiro gasto nessa área não é a fundo perdido, ele traz ganhos para a economia, a saúde e o ambiente", diz o secretário de Saneamento de São Paulo, que defende a desoneração do PIS/Cofins para o setor.
Outro fenômeno negativo apontado por Andreu é o que ele chama de "guerra ambiental" entre Estados e municípios, que aliada a estruturas ineficientes de fiscalização, pode aumentar o problema de escassez. "Na pressa de atrair e garantir investimentos, muitos Estados e municípios aceleram a concessão de licenças ambientais sem o devido cuidado e os conselhos gestores de recursos hídricos acabam se tornando meros validadores, autorizando o uso em projetos que podem ameaçar o abastecimento de água no futuro", explica.
Uma solução, defende o diretor-presidente da ANA seria vincular os financiamentos públicos de projetos, à regularização das outorgas para a utilização de água.


Carlos Vasconcellos 22.03.2012
IN “Valor Econômico”, caderno especial – http://www.valor.com.br/especiais/2581410/fonte-vital



Campanhas eficazes são as que mudam a atitude das pessoas

Gilmar Altamirano, diretor-presidente da Universidade da Água, aponta três fatores para tornar as campanhas mais efetivas: medo da lei, conduta moral, que se aprende em casa, e aprovação social. "Na campanha para estimular o respeito à faixa de pedestres, por exemplo, falta ainda a reprovação social, ou seja, a pessoa ter medo ou vergonha de infringir a lei na frente dos outros, e isso demora", explica.

Maria Carolina Nomura
Não há como contestar a importância das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água, mas sua eficácia só é percebida quando há, de fato, uma mudança no comportamento de quem utiliza esse recurso natural. E para isso, segundo os especialistas, é preciso que se coloquem em prática projetos de educação continuada que ensinem não só o valor da água como bem de consumo, mas sua relevância para a vida em si.
"Não basta dizer tome banho em cinco minutos, use a água racionalmente ou não lave a calçada com mangueira. É preciso, primeiro, entender qual é a relação do ser humano com a água e mostrar qual é o sua importância por meio de ações permanentes", explica José Galizia Tundisi, especialista em recursos hídricos, livre-docente em Ecologia pela Universidade de São Paulo (USP) e presidente do Instituto Internacional de Ecologia (IIE).
Mais do que falar é preciso fazer. "Uma coisa é dizer que não se deve escovar os dentes com a torneira aberta. Outra, é distribuir copos para as crianças na escola e dizer que elas só poderão escovar os dentes com a quantidade de água que cabe neles. Fazendo assim, a criança assimila muito mais a mensagem e consegue replicá-la em casa", exemplifica.
Gilmar Altamirano, diretor-presidente da Universidade da Água, aponta três fatores para tornar as campanhas mais efetivas: medo da lei, conduta moral, que se aprende em casa, e aprovação social. "Na campanha para estimular o respeito à faixa de pedestres, por exemplo, falta ainda a reprovação social, ou seja, a pessoa ter medo ou vergonha de infringir a lei na frente dos outros, e isso demora", explica.
Outra deficiência é a abordagem excessivamente técnica das campanhas, diz Yazmín Trejos, gerente de comunicação corporativa da Mexichem. A empresa, que integra o grupo Kaluz, lançou neste mês o Projeto Hydros, uma campanha permanente que estimula a reflexão e a ação. Todo o material do projeto é oferecido gratuitamente na internet para ser divulgado em todas as redes sociais, pessoais e corporativas.
Mais do que espalhar mensagens de preservação da água, é preciso que as pessoas acreditem que esse recurso é finito, afirma Albano Araújo, coordenador de estratégia de água doce da ONG TNC (The Nature Conservancy). Wilson Passeto, diretor da ONG Água e Cidade e empreendedor social da Ashoka, dá como exemplo o programa Água na Escola, promovido pela ONG, cujo foco são crianças e professores dos ensinos básico e médio. Durante sete anos, a ONG realizou ações em escolas de Cachoeiro de Itapemirim (ES), cidade de 200 mil habitantes. "Capacitamos professores que educaram mais de 29 mil alunos. Como resultado, o consumo diário de água caiu de 178 litros por habitante, em 2000, para 121 litros em 2009. Com um investimento inferior a R$ 250 mil a cidade diminuiu o impacto ambiental hídrico em mais de 30%."


Maria Carolina Nomura 22.03.2012

domingo, 25 de março de 2012

Copa 2014: A Lei Geral dos interesses particulares


Autoridades brasileiras parecem admitir que a recepção de um megaevento esportivo autoriza também megaviolações de direitos, megaendividamento público e megairregularidades. É preciso questionar a legitimidade dessa relação de vassalagem política, que endossa negócios privados que geram considerável ônus público

Leandro Franklin Gorsdorf e Thiago A. P. Hoshino
Diz-se que agosto é mês de desgosto. Pelo andar da carruagem, novembro quer assumir a alcunha este ano. Joseph Blatter, presidente da Fifa, já declarou que poderá vir pessoalmente ao Brasil nesse período para aparar, de uma vez por todas, as arestas com o governo federal sobre a legislação que regulamentará a realização da Copa do Mundo de 2014.
O meio de campo político desse encontro permanece conturbado: além de um conjunto de escândalos e acusações direcionadas ao ex-ministro dos Esportes, Orlando Silva – que vinha intermediando as negociações –, segue-se uma falsa disputa que envolve, de um lado, os entes federativos e, de outro, as instituições organizadoras, em torno de um conjunto de alterações legislativas e medidas administrativas de caráter excepcional. No centro da discussão, o Projeto de Lei n. 2.330/2011, a chamada Lei Geral da Copa, apresentada em setembro ao Congresso.
A tendência desconcertante, contudo, é que essa queda de braço se transforme, paulatinamente, num caloroso aperto de mão. Afinal, ambos os lados parecem admitir, ainda que com pequenas divergências, que a recepção de um megaevento esportivo como esse autoriza também megaviolações de direitos, megaendividamento público e megairregularidades.

Ex-porte: negócios privados, ônus público
Este é o padrão do modelo empresarial assumido pelo Mundial de Futebol e pelas Olimpíadas em suas edições anteriores: especulação imobiliária em Barcelona, remoções maciças em Pequim, superendividamento na Grécia, higienização social na África do Sul. Tais casos são sintomas de que já não está em jogo o esporte, mas, primordialmente, o leque de possibilidades econômicas a ele vinculado. E, como em toda atividade capitalista, também aqui emerge um esforço bastante weberiano dos agentes de mercado por garantir previsibilidade e calculabilidade para seus investimentos.
Essas garantias são, amiúde, traduzidas na forma de uma demanda das empresas, dos consórcios e das instituições financeiras por maior segurança jurídica em suas transações. Concretamente, a Fifa tem sido o canal de vazão desses interesses, a partir do conjunto de contratos de caráter particular entabulados com os países anfitriões e cidades-sede, desde o momento de sua candidatura. Cadernos de Encargos, Matrizes de Responsabilidade e Host City Agreements estabelecem uma série de exigências aos países, muitas das quais representando, na prática, significativos prejuízos à sua própria população. Portanto, uma equação de ganhos e perdas que não é equânime. É preciso urgentemente questionar a legitimidade social desse tipo de relação de vassalagem política, que endossa um bloco de negócios privados gerador de considerável ônus público.

Ordem e desordem jurídica
Vale dizer: a maior parte dessas movimentações se processa à revelia ou em contradição com os próprios ordenamentos jurídicos nacionais. Por esse motivo é tão importante para organismos como a Fifa a aprovação de mudanças na legislação interna dos países. A atual proposta de Lei Geral da Copa, por sua vez, é também fruto de pressões desse tipo e se insere num panorama mais amplo de mutação jurídica encomendada.
Perante as diversas leis e atos “de exceção”, a dúvida que resta é se direitos fundamentais constitucionalmente considerados cláusulas pétreas, isto é, princípios intocáveis pelo próprio Poder Legislativo, podem ser abolidos ou atropelados por acordos com a Fifa e o COI. Processo semelhante de desconstrução de direitos não é novo no Brasil, e têm sido reiteradas as tentativas de enfraquecê-los. Uma das estratégias mais frequentes nesse campo é a utilização de medidas provisórias, que, de instrumentos de exceção, passaram a constituir ferramenta cotidiana de ingerência imediata do Executivo: com Fernando Henrique Cardoso, foram editadas 82 delas; com Lula, 72.
Parafraseando Giorgio Agamben, é possível afirmar que quando a exceção se transforma em regra, ou melhor, quando regra e exceção se mostram indistinguíveis, ordem e desordem jurídicas se confundem, e o paradigma da política tem no campo, seja ele de extermínio, de concentração ou de refugiados – e, talvez, em nosso caso, o de futebol –, sua principal referência e imagem da exclusão.

Interesses enviesados e oportunidades políticas
Sujeitas a essa dinâmica, outras alterações legais precedem a própria Lei Geral. Inúmeras formas de isenção fiscal, por exemplo, têm sido disciplinadas em diplomas, como o Decreto n. 7.578/2011. É igualmente central na engenharia jurídica da Copa a recente Lei n. 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, ou simplesmente RDC, um verdadeiro atalho à Lei de Licitações. Não por acaso, essa brecha foi aberta com a picareta de uma medida provisória, a MPV n. 527, de 2011. Aliás, uma não, mas várias, pois, na realidade, foram necessárias quatro tentativas do governo e sua bancada congressual até a aprovação definitiva da lei. Em todas elas, foram inseridos a posteriori os respectivos artigos em normas que versavam sobre temas diversos. No caso da MPV n. 527, os enxertos foram levados a cabo num texto que originalmente dispunha sobre a criação da Secretaria de Aviação Civil. Antes dela, as MPVs n. 489 e n. 521 haviam perdido eficácia por falta de apreciação, e a MPV n. 503 fora rejeitada, ainda em 2010. Uma trajetória no mínimo curiosa para uma lei que regulamenta o destino de dezenas de bilhões de reais. Para ser mais exato, R$ 112 bilhões, segundo um estudo elaborado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), parceira, inclusive, da CBF.
Diante de tais evidências, não se sustenta o discurso oficial do “legado”. Há outros interesses mais prementes e menos anunciáveis em pauta, entre eles a repercussão política de hospedar os jogos, marco que deveria simbolizar a projeção definitiva do Brasil como protagonista regional e internacional. Nenhuma oportunidade melhor do que uma Copa no “país do futebol” para festejar o baile de debutante do novo global player. Em nome desse objetivo, vale forjar consensos e escamotear os conflitos sociais emergentes, manipulando o imaginário ufanista que o evento naturalmente suscita. Valem também barganhas políticas nas quais entra até mesmo o novo Código Florestal, que tampouco saiu ileso da avalanche de modificações legais em marcha: já foi introduzida no Senado a possibilidade de desmatamento em Áreas de Preservação Permanente para as obras relacionadas à Copa do Mundo.

O jogo dos sete erros
Num contexto como esse, a proposta de uma Lei Geral da Copa surge como mais um pacote de violação de direitos e de abertura de precedentes incômodos em nossa legislação, com os quais, mais cedo ou mais tarde, teremos de nos haver. Para além do alarmismo sobre as pressões e ameaças da Fifa, é imprescindível uma avaliação cuidadosa de ao menos sete dos principais pontos críticos do projeto:

1. Proteção da propriedade industrial
Trata-se da criação de um “regime especial” de procedimentos para pedidos de registro de marcas, emblemas e demais “símbolos oficiais” da Fifa junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), para fins de proteção de propriedade industrial. Contudo, não há qualquer restrição ou definição sobre o significado do termo “símbolos oficiais”, que pode abranger, efetivamente, qualquer imagem, ideia e mesmo expressões linguísticas. Mais de mil itens já foram objeto de requisição de registro pela entidade, entre eles o nome das cidades-sede e até o numeral “2014”. De fato, estamos diante de um processo de privatização da cultura por meio da constituição de direitos de uso exclusivistas. Para piorar a situação, o artigo 5º, §1º, I do projeto de lei prevê que “o Inpi não requererá à Fifa a comprovação da condição de alto renome de suas marcas ou da caracterização de suas marcas como notoriamente conhecidas”, deixando, na prática, a cargo tão somente da arbitrariedade da organização a escolha do menu de bens imateriais que monopolizará.

2. Direitos de imagem, som e radiodifusão
Na mesma tônica segue o capítulo sobre captação de imagem, som e retransmissão dos jogos e eventos paralelos. Aqui, a Fifa é considerada “titular exclusiva” de todos os direitos a eles relacionados, podendo impedir a presença da imprensa – como, em todo caso, já ocorreu durante o sorteio das eliminatórias, em julho – e selecionar os “flagrantes de imagem” de tempo limitado que disponibilizará para uso não comercial em noticiários e congêneres.

3. Áreas de restrição comercial
Outra decorrência importante da Lei Geral da Copa diz respeito às restrições e condicionantes impostas ao direito de ir e vir e à livre-iniciativa. De acordo com o artigo 11 do projeto, seria concedida “à Fifa e às pessoas por ela indicadas a autorização para, com exclusividade, divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou realizar propaganda de produtos e serviços, bem como outras atividades promocionais ou de comércio de rua” em locais como imediações de estádios e suas vias de acesso. Essa disposição implica uma proibição de venda ou exposição de quaisquer mercadorias dentro desses perímetros que não obtenham permissão expressa da entidade, impactando fortemente o comércio local e os trabalhadores ambulantes. Ademais, sugere a possibilidade de demarcação de territórios de interdição, com a instalação das chamadas Zonas de Exclusão, podendo inviabilizar ou dificultar, inclusive, o funcionamento de equipamentos públicos essenciais próximos, como escolas e hospitais.

4. Venda e preço de ingressos
Ignorando direitos do consumidor, a proposta de lei oferece à Fifa amplos poderes para determinar tanto o preço quanto as regras de compra e venda, alteração e cancelamento de ingressos. Tais critérios poderão ser estabelecidos unilateralmente e sem aviso prévio pela entidade, nos termos do artigo 33, incluindo-se a supressão do direito de arrependimento e a permissão da prática comercial abusiva da venda casada.
Não bastasse isso, a pressão do organismo avança sobre assuntos ainda não constantes da proposta entregue ao Congresso. A intenção declarada da Fifa é suspender também parte do Estatuto do Torcedor, do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor, para anular o direito de meia-entrada para estudantes e idosos. Os brasileiros, ao que tudo indica, não estão convidados para a festa em sua própria casa.

5. Tipos penais, sanções civis e juízos especiais
Especialmente alarmante, no projeto, é a confecção de três tipos penais específicos, os crimes de “Utilização indevida de símbolos oficiais”, “Marketing de emboscada por associação” e “Marketing de emboscada por intrusão”, de natureza pontual e temporária. Acompanhando as penas de detenção e multa, um conjunto de sanções civis relacionadas à venda de produtos, uso de ingressos e atividades de publicidade. Medidas como essas desconsideram todas as críticas à tendência de hiperpenalização já acentuada na política criminal brasileira e à punição seletiva do sistema penal. Os pobres continuam sendo, afinal, seus “clientes preferenciais”.
Fechando o circuito de criminalização da espontaneidade, o artigo 37, timidamente inserido nas disposições finais do projeto, permite criar juizados especiais, varas, turmas e câmaras especializadas para causas relativas aos eventos. A disposição, nesse caso, é flagrantemente inconstitucional e pretende instituir uma justiça paralela dentro do sistema vigente, na esteira do modelo sul-africano, que inovou com a criação de 56 Tribunais Especiais da Copa. A legislação aplicada por esses tribunais de exceção também se mostrou absolutamente desproporcional: condenações de quinze anos por furto de uma câmera fotográfica e distinções entre turistas brancos e negros fizeram parte da lista de absurdos da edição de 2010. No Brasil, ministros do STF, como Marco Aurélio Mello, já se manifestaram desfavoráveis à proposta. Resta saber se seguiremos ou não o rastro de repressão da Jabulani.

6. Vistos de entrada e permissões de trabalho
A ideologia da soberania, que em alguns momentos tanto atormenta o Estado brasileiro, não parece causar celeuma diante de pressões externas. Para a Copa do Mundo de 2014, a combinação é no mínimo inusitada: proibições de acesso para cidadãos brasileiros e liberação sumária do ingresso para membros, funcionários, parceiros, convidados, delegados ou clientes da Fifa. Segundo consta no projeto de Lei Geral, seria suficiente sua credencial para afastar qualquer discricionariedade na concessão de vistos de entrada em território nacional, assemelhando o país a uma gigantesca arquibancada. A síntese é a seguinte: instalação de fronteiras internas no espaço de nossas cidades e dissolução das fronteiras externas sob o ditame de organismos internacionais. Basta comprar seu ingresso.

7. Responsabilidade da União
Por fim, como todo empreendimento necessita de garantias, a Fifa soube escolher bem as suas: ninguém menos que a própria União deve assumir a responsabilidade por danos e prejuízos causados à entidade. Pela forma como se encontra redigido o artigo 30 do projeto de lei, não se trata apenas de responsabilidade civil pessoal. Ao contrário, a União responderá amplamente por “todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos eventos”. Nada poderia ser mais genérico e, em última instância, quase toda eventualidade se enquadraria nessa formulação, aumentando substancialmente a conta da Copa do Mundo em reparações e indenizações com verbas públicas. A situação é kafkiana. O Estado brasileiro tornou-se de repente, não mais que de repente, o fiador da Fifa em seus negócios particulares.

Batendo bola, mas também panela
Num balanço geral, o horizonte é suficientemente caótico para justificar inquietação. Algumas reações têm sido esboçadas por movimentos sociais, setores da academia, órgãos e instituições de fiscalização e defesa de direitos. A Relatora Especial para o Direito Humano à Moradia Adequada da ONU, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana já se manifestaram, reconhecendo a existência de motivos de sobra para preocupação.
No tocante às alterações legislativas, foram ajuizadas até o momento duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra o RDC. A mais abrangente delas, interposta pelo Ministério Público Federal, questiona diversos aspectos formais e materiais da lei. Isso parece indicar que o campo judicial será um dos espaços de disputa acerca do modelo imposto de realização do evento, a exemplo do que atualmente ocorre com outros grandes projetos, como a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
A sociedade não está omissa nem pretende assistir passivamente a esse processo. Nas doze cidades-sede dos jogos do Mundial já existem Comitês Populares de composição ampla, os quais têm saído às ruas e se posicionado de maneira crítica, a favor do esporte, mas contra sua utilização como desculpa para violações de direitos, mau uso de recursos públicos, criminalização da pobreza, limpeza étnico-social, mercantilização e militarização das cidades brasileiras. Desde 2010, esses atores encontram-se organizados também numa Articulação Nacional Popular dos Megaeventos, produzindo contrainformação, mobilização e resistências. O pontapé inicial está dado. Mesmo que o Estado se recuse a assumir seu papel de árbitro justo nessa partida, os movimentos populares não estão dispostos a retirar seu time de campo.


Leandro Franklin GorsdorfProfessor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná;  Thiago A. P. Hoshino – Assessor jurídico da organização Terra de Direitos e membro do Comitê Popular da Copa de Curitiba – 01.11.2011
IN “Le Monde Diplomatique Brasil” – http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=1039

sexta-feira, 23 de março de 2012

Costura pelo alto



O PSD, de Kassab, ilustra a tradição nacional dos partidos criados por líderes descontentes que já nascem com estrutura nacional.

Rachel Meneguello
Para as democracias Para as democracias partidárias, é importante que as opções políticas para organizar a competição sejam múltiplas e reflitam os variados interesses e distinções existentes no País. Mas em contextos institucionais flexíveis para a organização de partidos, a variedade de siglas não significa necessariamente a presença de alternativas capazes de estruturar o voto e organizar a política. No caso brasileiro, temos visto em geral a proliferação de legendas, criadas para abrigar vontades e interesses locais ou regionais, com uma representatividade limitada ou minúscula em boa parte dos casos. Apenas para exemplificar: nas eleições de 2010 para as assembleias legislativas dos estados, 13 dos 27 partidos então registrados no TSE (atualmente são 29) não conseguiram chegar a 2,5% das cadeiras de deputados estaduais, que são mais de mil.

Esse não é o caso do recém-criado PSD. Surgido de dentro do DEM, o Partido Social Democrático é um exemplo de reorganização de quadros políticos descontentes, "organizado pelo alto", que já nasce com recursos políticos poderosos, de nível nacional. O TSE registra para ele uma bancada de 48 deputados e dois senadores, as contas do partido indicam mais de 6ÿ0 prefeitos, com destaque para a capital paulista, e mais de 100 deputados estaduais.

O partido recebeu deputados oriundos de 16 das 212 legendas ingressantes na Câmara dos Deputados etu 2010. O DEM forneceu o maior número de parlamentares, compondo pouco menos da metade da nova bancada. Mas o PSD recebeu também deputados das grandes legendas PMDB, PSDB e PT, das médias PDT, PTB, PP, PSB, PPS e PV, e das pequenas siglas PHS, PSL, PMN, PCdoB, PR e PSC, à esquerda e à direita, componentes da base do governo e de fora dela. O descontentamento com o limitado espaço de atuação e poder nas siglas de origem parece ser o principal motivo da atração exercida pelo novo partido a essa peculiar variedade de políticos. E exemplar o caso do PV paulista, que forneceu três deputados federais saídos do estreito espaço definido pelo presidente do partido José Luiz Penna.

Mesmo gestado em São Paulo, assim como as grandes siglas PT e PSDB, o estado é o que menos colabora com as bases do partido. São Paulo é um potencial terreno de organização de legendas. Todos os 27 partidos registrados têm alguma votação no estado. Mas por isso mesmo é superpovoado de interesses organizados. Foram poucas as prefeituras que o PSD conseguiu atrair. Além disso, não bateu tão frontalmente contra o PSDB paulista, o governador Geraldo Alckmin e José Serra, seu padrinho original. Em vez disso, partiu para angariar apoio e bases em outros estados e conseguiu atrair bases locais significativas em Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso e Ceará, além de outras localidades com menor intensidade, mas na maior parte ferindo agudamente a organização do DEM. O êxito notável na composição de bases distribuídas no País ocorre em um volume que os grandes partidos levaram anos para conseguir.

Essa janela de oportunidades para políticos e parlamentares dos mais variados matizes, siglas e estados não faz, porém, perder de vista que o PSD é de fato uma nova reorganização da direita partidária. E nisso não há nada de novo.

A criação do PSD não é novidade em vários sentidos. Primeiro, a repetição da sigla. A sigla é velha conhecida do sistema partidário brasileiro e repete duas experiências da vida política nacional. A mais recente e menos importante deu-se já no atual período democrático. Criado em1987, aquele PSD esteve concentrado na Região Centro-Oeste, teve Ronaldo Caiado na presidência (atualmente deputado pelo DEM), à época também presidente da União Democrática Ruralista, e serviu como sigla para lançá-lo candidato à Presidência em 1989. Aquela versão peessedista limitou-se a um instrumento de defesa de interesses de fazendeiros, nunca obteve mais que quatro cadeiras na Câmara de Deputados no período e, em 2002, logo após aquelas eleições, foi incorporado pelo PTB.

Mas a experiência mais consistente deu-se no período da democracia de 1946 a1964. O PSD, criado em1945, foi o veículo conservador do getulismo, nasceu da burocracia do Estado Novo e tinha como finalidade preservar as máquinas políticas constituídas durante aquele período. Além da propaganda explícita deste novo PSD em querer associar-se à memória do partido que acolheu o governo Juscelino Kubitschek, a mais forte semelhança entre as siglas está no uso de recursos das máquinas públicas para a construção das legendas.

E o que sugere a ampliação protagonizada pelo prefeito Kassab do número de secretarias municipais, cargos e nomeações a conselhos ligados à prefeitura de São Paulo, para atrair integrantes e aliados ao novo partido. Mas aqui, para avaliar o efeito eleitoral dessa estratégia, ainda precisamos conhecer seu futuro desempenho. Em 2012, o teste das eleições municipais deverá mostrar a capacidade organizativa que a nova sigla afirma já possuir no âmbito local. Só em 2014 conheceremos, porém, seu real potencial político para composição de candidaturas nos estados e no âmbito nacional.

Vale lembrar que, apesar de herdeiras de máquinas políticas, as lideranças do antigo PSD se estabeleceram por meio do jogo eleitoral, e foram as condições de competição daquele período que possibilitaram que o partido liderasse todo processo político e contribuísse definitivamente para a estabilidade governamental. Apesar de sua centralidade, o PSD de 1946 nunca foi majoritário o suficiente para prescindir de alianças e foi essa dinâmica que inspirou a ciência política, no caso brasileiro, a forjar a expressão "presidencialismo de coalizão". Ao emergir já de início como quarta bancada da Câmara de Deputados, com 9% das cadeiras, o atual PSD garante importância na dinâmica altamente fragmentada do Legislativo, e pode vir a ganhar espaço maior na dinâmica de coalizões que rege a política nacional.

Em segundo lugar, também não há nada de inovador nesse movimento de elites conservadoras formando mais um novo partido. Uma análise do campo de partidos à direita e centro-direita no Brasil revela a maior fragmentação de toda a América Latina. No período democrático recente, entre 1985 e 2010, Dentre movimentos de criação, extinção, fusão e incorporação de siglas, 20 partidos compartilharam o terreno conservador, na grande maioria pequenas legendas que em algum momento elegeram representantes no Congresso Nacional. Embora a legislação partidária flexível tenha contribuído com esse panorama, a principal explicação para a grande fragmentação reside na dinâmica de formação de lealdades políticas e práticas clientelistas que predominam na organização da política partidária no País. O campo partidário à esquerda e centro-esquerda não segue esse molde. Esse polo partidário organiza-se em poucas agremiações, e desde os anos 1990 0 PT assumiu seu eixo de articulação, abrangendo fundamentalmente o PSB e o PDT e o pequeno PC do B, seu parceiro histórico.

Nossas elites conservadoras adaptaram-se bem à vida em poliarquia constituída com a transição democrática, obviamente tendo nos governos de coalizão do período entre 1985 até 2002, na política de alianças das eleições presidenciais de 1994 e 1998 e na implementação de políticas específicas, como as reformas econômicas liberais as privatizações e as reformas administrativas, algumas das garantias para a defesa de seus interesses. Em termos programáticos, as linhas partidárias orientam pouco as atuações das 13 legendas localizadas na centro-direita, componentes de aproximadamente 36% da atual Câmara de Deputados. Todas elas têm, no entanto, lugar no terreno ideológico. Não existe partido suspenso no ar, que seja "nem de direita nem de centro nem de esquerda", tal como o PSD se apresenta na afirmação de Kassab, seu presidente e fundador. Essa retórica ideologicamente insossa é apenas estratégica para indicar que o mote do partido, ao menos nesse período inicial, é ser disputado pelos dois blocos, governo e oposição à política nacional. Tanto é assim que sua bancada na Câmara, majoritariamente constituída de parlamentares advindos de partidos fora da base governamental, estreou suas atividades votando pela Desvinculação de Receitas da união (DRU) ao lado do governo federal.

Então, o que significa o PSD? Antes de tudo, a ocupação do espaço que a desarticulada oposição abriu e deixou esgarçar durante os oito anos do governo Lula. A iniciativa de Kassab deve ser entendida como uma estratégia interessada de rearticulação de bases políticas que se aproveitou sobretudo do crescente declínio do DEM e dás imprecisões do PSDB. Com a vitória do PT no âmbito federal e em alguns estados em 2002 e 2006, a desocupação da oposição dos espaços de poder a que os conservadores estavam acostumados durante anos desarticulou suas formas de ação e de preservação de lealdades políticas

Mas as perdas desses partidos nao foram somente de espaço e de bases organizativas, foram igualmente de discurso e propostas. Os conservadores e a oposição em geral não deram conta de constituir um norte propositivo capaz de contrapor o projeto político e a sucesso do governo petista. A campanha presidencial de 2010 e as agendas indiferenciadas dos três principais candidatos do primeiro turno merecem ser lembradas como exemplo. Nesse ponto, o PSD certamente não é o partido conservador que nosso sistema partidário necessita, seja para preencher com substância o campo à direita da disputa política, seja para, inclusive, aperfeiçoar o desempenho da esquerda. Ainda sem programa e sem diretrizes partidárias que o diferencie claramente no conjunto de legendas afins, até o presente sua forma de ação limita-se a articular lideranças. É possível que sua estratégia em se apresentar disponível a todos os lados da disputa política o limite a atuar como um satélite de negociações no Parlamento e parceiro de alianças eleitorais.

Sobre o papel do PSD para o sistema partidário nacional há outro ponto a tratar, mas esse diz respeito ao contexto institucional que regula o sistema representativo. Apesar das positivas mudanças que temos tido na redefinição de normas e regulamentações, a organização do PSD revela mais uma incongruência da legislação partidária do País. Desde que o Tribunal Superior Eleitoral reinstituiu a criação de partido como exceção à perda de mandatos de parlamentares trânsfugas, as normas reabriram a brecha para a infidelidade partidária e abriram nova brecha para a desconexão eleitoral. Assim o partido que hoje conta com a quarta maior bancada da casa legislativa representante da população nacional não foi votado por nenhum eleitor e ainda, como efeito, desorganiza o tamanho das bancadas formadas nas eleições pelo eleitorado daqueles partidos que lhe forneceram quadros.


Rachel Meneguello – cientista política, professora da Unicamp – 30.12.2011
IN “Carta Capital” – http://www.cartacapital.com.br/edicao-da-semana/veja-os-destaques-da-edicao-impressa-de-cartacapital-22/

sábado, 17 de março de 2012

A esquerda mundial depois de 2011


o Occupy Wall Street, a Primavera Árabe e os Indignados não alcançaram tudo o que esperavam, Mas conseguiram alterar o discurso mundial, afastando-o dos credos ideológicos do neoliberalismo para temas como a desigualdade, a injustiça e a descolonização. Pela primeira vez em muito tempo, pessoas comuns discutiram a própria natureza do sistema em que vivem; deixaram de o ver como um dado adquirido e imutável.


Immanuel Wallerstein
Por qualquer ângulo que escolhamos, 2011 foi um bom ano para a esquerda mundial – seja qual for a abrangência da definição que façamos dela.
A razão fundamental foram as condições económicas negativas que atingem a maior parte do mundo. O desemprego, que era alto, cresceu ainda mais. A maioria dos governos enfrentou altos níveis de endividamento e redução da receita. A resposta que deram foi a da imposição de medidas de austeridade às suas populações, ao mesmo tempo em que tentavam proteger os bancos.
O resultado disso foi uma revolta mundial dos “99%”, seguindo a designação dada pelos movimentos Occupy Wall Street (OWS). A revolta foi contra a excessiva polarização da riqueza, os governos corruptos e a natureza essencialmente antidemocrática desses governos – tenham ou não sistemas multipartidários.
Não que o OWS, a Primavera Árabe ou os Indignados tenham alcançado tudo o que esperavam. Mas conseguiram alterar o discurso mundial, afastando-o dos credos ideológicos do neoliberalismo para temas como a desigualdade, a injustiça e a descolonização. Pela primeira vez em muito tempo, pessoas comuns discutiram a própria natureza do sistema em que vivem; deixaram de o ver como um dado adquirido e imutável.
Para a esquerda mundial, a questão, agora, é como avançar e converter o sucesso do discurso inicial em transformação política. O problema pode ser formulado de forma muito simples. Ainda que exista, em termos económicos, um abismo claro e crescente entre um grupo muito pequeno (1%) e outro muito grande (os 99%), a divisão política não segue o mesmo padrão. Em todo o mundo, as forças de centro-direita ainda comandam aproximadamente metade da população mundial, ou pelo menos daqueles que são politicamente ativos de alguma forma.
Portanto, para transformar o mundo, a esquerda mundial precisará de um grau de unidade política que ainda não tem. Há profundos desacordos tanto sobre objetivos de longo prazo quanto sobre táticas a curto prazo. Não é que esses problemas não estejam a ser debatidos. Ao contrário, são discutidos acaloradamente, e pouco progresso tem sido feito para superar essas divisões.
Essas divergências não são novas. Isso não as torna mais fáceis de resolver. Existem duas grandes divisões. A primeira é em relação a eleições. Não existem duas, mas três posições a respeito. Existe um grupo que suspeita profundamente de eleições, argumentando que participar delas não é apenas politicamente ineficaz, mas reforça a legitimidade do sistema-mundo existente.
Os outros acham que é crucial participar de processos eleitorais. Mas esse grupo divide-se em dois. Por um lado, existem aqueles que afirmam ser pragmáticos. Eles querem trabalhar de dentro – dentro dos maiores partidos de centro-esquerda quando existe um sistema multipartidário a funcionar, ou dentro do partido único de facto quando a alternância parlamentar não é permitida.
E existem, é claro, os que condenam esta política de escolher o chamado mal menor. Insistem que não há diferenças significativas entre os principais partidos e são a favor de votar nalgum que esteja “genuinamente” na esquerda.
Todos estamos familiarizados com este debate e já ouvimos os argumentos muitas vezes. No entanto, está claro, pelo menos para mim, que se não houver alguma ação comum entre esses três grupos em relação às táticas eleitorais, a esquerda mundial não tem muitas hipóteses de prevalecer a curto ou a longo prazo.
Acredito que exista uma forma de conciliação. Consiste em fazer uma distinção entre as táticas de curto prazo e a estratégia de longo prazo. Concordo muito com os que argumentam que obter poder estatal é irrelevante, e possivelmente põe em perigo as possibilidades de transformação a longo prazo do sistema-mundo. Como estratégia de transformação, foi tentada diversas vezes e falhou.
Isso não significa que participar nas eleições seja uma perda de tempo. É preciso considerar que uma grande parte dos 99% está em grande sofrimento no curto prazo. E é este sofrimento a sua preocupação principal. Tentam sobreviver e ajudar as suas famílias e amigos a fazer o mesmo. Se pensarmos nos governos não como agentes potenciais de transformação social, mas como estruturas que podem afetar o sofrimento a curto prazo, por meio de decisões políticas imediatas, então a esquerda mundial ver-se-á obrigada a fazer o que puder para obter deles medidas capazes de minimizar a dor.
Agir para minimizar a dor exige participação eleitoral. E o debate entre os que propõem o mal menor e os que propõem apoiar partidos genuinamente de esquerda? Isso torna-se uma decisão de tática local, que varia enormemente de acordo com muitos fatores: o tamanho do país, a estrutura política formal, a demografia, a posição geopolítica, a história política. Não há uma resposta padrão, nem pode haver. Nem a resposta para 2012 vai necessariamente servir para 2014 ou 2016. Não é, pelo menos para mim, um debate de princípios, mas sim de uma situação tática em cada país.
O segundo debate fundamental presente na esquerda é entre o que chamo de “desenvolvimentismo” e o que pode ser chamado de prioridade à mudança da civilização. Podemos observar esse debate em muitas partes do mundo. Ele está presente na América Latina, nos debates acesos que decorrem atualmente entre governos de esquerda e movimentos indígenas – por exemplo na Bolívia, no Equador, na Venezuela. Também pode ser acompanhado na América do Norte e na Europa, nos debates entre ambientalistas/verdes e os sindicatos, que priorizam a manutenção dos empregos existentes e a expansão da oferta de emprego.
De um lado, a opção “desenvolvimentista”, apoiada por governos de esquerda ou por sindicatos, sustenta que, sem crescimento económico, não é possível enfrentar os desequilíbrios económicos do mundo de hoje, quer sejam as polarizações no interior de cada país, quanto às que existem entre países. Este grupo acusa os seus oponentes de apoiar, pelo menos objetivamente e talvez subjetivamente, os interesses das forças de direita.
Os que apoiam a opção antidesenvolvimentista dizem que priorizar o crescimento económico está errado em dois aspetos. É uma política que simplesmente continua as piores características do sistema capitalista. E é uma política que causa danos irreparáveis – sociais e ecológicos.
Essa divisão é ainda mais apaixonada, se é que é possível, do que a divergência sobre a participação eleitoral. A única forma de resolvê-la é com compromissos, caso-a-caso. Para torná-lo possível, cada grupo precisa acreditar na boa fé e nas credenciais de esquerda do outro. Não será fácil.
Essas diferenças poderão ser superadas nos próximos cinco ou dez anos? Não tenho a certeza. Mas se não forem, não acredito que a esquerda mundial possa ganhar, nos próximos 20 ou 40 anos, a batalha em torno do tipo de sistema que teremos quando o sistema capitalista entrar definitivamente em colapso.




Immanuel Wallerstein – Sociólogo e professor universitário norte-americano – 23.01.2012
Tradução, revista pelo autor, de Luis Leiria para o Esquerda.net.

IN “Esquerda.net” – http://www.esquerda.net/opiniao/esquerda-mundial-depois-de-2011

quinta-feira, 15 de março de 2012

Desigualdade de gênero é estupidez econômica, diz Banco Mundial


Em relação ao empoderamento, a desvantagem continua absurda. Em todo o mundo, apenas 20% da representação parlamentar é feminina. Mesmo no Brasil que elegeu sua primeira presidenta, o percentual de mulheres com cargo eletivo é irrisório. A bancada feminina na Câmara ocupa apenas 45 das 513 vagas. No Senado, são 12 mulheres dentre as 81 cadeiras. No ranking geral, o Brasil é o 116º país em representação feminina.
                                                                                                  
Najla Passos
Investir em políticas de redução das desigualdades de gênero favorece o crescimento dos países, com efeitos diretos na aceleração da economia. Esta é uma das conclusões do relatório sobre o desenvolvimento mundial de 2012, lançado nesta terça (6), pelo Banco Mundial, durante as comemorações dos 80 anos do voto feminino no Brasil. 
“Além de moralmente condenável, manter a desigualdade de gênero é uma estupidez econômica”, afirmou o vice-presidente do Departamento de Redução da Pobreza e Gestão Econômica do Banco Mundial, Otaviano Canuto. 
O relatório aponta, por exemplo, quando as mulheres que operam na agricultura têm acesso a insumos e fertilizantes como os homens, o produto agrícola do país aumenta até 4%. Mostra, também, que a eliminação da segregação no emprego aumenta a produtividade em até 25%.
Demonstra, ainda, que a participação das mulheres na vida política do país melhora a qualidade das políticas públicas. “Nos Estados Unidos, o direito ao voto das mulheres reduziu a mortalidade infantil de 8% a 15%”, exemplificou o vice-presidente. 
Segundo ele, desde que o banco passou a editar o relatório, há 30 anos, esta é a primeira vez que a publicação é dedicada ao tema da desigualdade de gêneros. E os resultados são reveladores. “Há um paradoxo em relação ao combate às desigualdades de gênero no mundo. Em algumas áreas, há progressos relativamente rápidos. Em outras, esse progresso é lento ou mesmo inexistente”, disse. 
Entre as áreas em que foi verificado um avanço significativo, o destaque fica com a educação. O estudo aponta que, em 20 anos, a taxa de mulheres matriculadas nas universidades aumentou sete vezes, contra apenas quatro vezes dos homens. 
Mesmo assim, 35 milhões de mulheres que deveriam estar nos bancos escolares ainda estão alijadas do ensino superior. Essas mulheres estão concentradas, principalmente, na África e no sul da Ásia. E dois terços delas pertencem a minorias étnicas. 
Em relação à expectativa de vida, também houve avanço. De 1960 para cá, as mulheres estão vivendo, em média, 20 anos a mais. Entretanto, 4 milhões ainda morrem precocemente, principalmente em países pobres, onde o acesso à alimentação é priorizado para os homens e os índices de mortalidade materna continuam alarmantes.
A inclusão das mulheres no mercado de trabalho apresentou melhoras significativas. Em 30 anos, 552 milhões de trabalhadoras conquistaram um posto de trabalho. Só na América Latina e Caribe, foram 70 milhões. O Brasil contribuiu muito acima da média para estes números, com incremento de 22% no percentual, contra apenas 2% da média mundial. 
Os salários, porém, continuam inferiores aos dos homens que ocupam os mesmos postos de trabalho. “Uma mulher ganha, em média, US$ 0,80, enquanto um homem, na mesma função, recebe US$ 1”, afirma Canuto. No Brasil, a diferença é ainda maior: os salários pagos às mulheres correspondem a 73% dos pagos aos homens.
Em relação ao empoderamento, a desvantagem continua absurda. Em todo o mundo, apenas 20% da representação parlamentar é feminina. Mesmo no Brasil que elegeu sua primeira presidenta, o percentual de mulheres com cargo eletivo é irrisório. A bancada feminina na Câmara ocupa apenas 45 das 513 vagas. No Senado, são 12 mulheres dentre as 81 cadeiras. No ranking geral, o Brasil é o 116º país em representação feminina.
A questão da violência de gênero, porém, é a que mais preocupa. O relatório estima que 510 milhões de mulheres sofrem abuso sexual, de seus parceiros ou não, pelo menos uma vez na vida.


Soluções apontadas
Para o Banco Mundial, combater a desigualdade de gênero significa, basicamente, facilitar o acesso das mulheres à educação, crédito, capital e terra, proporcionar que elas exerçam atividades de alta produtividade e garantir sua maior representação e voz nas esferas políticas. “O crescimento econômico de um país pode ser maior se for acompanhado de políticas de eliminação das desigualdades de gênero, reitera Canuto.
Segundo ele, o relatório do Banco Mundial é peça importante no diálogo com as equipes econômicas dos países e, por isso, pode impactar favoravelmente na luta por mais verbas para as políticas para as mulheres. Entretanto, destaca que, para operar as mudanças necessárias, o preponderante é garantir a vontade política em nível nacional. 


Najla Passos – 01.03.2012