quinta-feira, 30 de maio de 2013

¡Alerta em Chile! Se agudizan las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche


Existen denuncias graves que deben ser atendidas, que involucran hechos de lesa humanidad, que ética y moralmente no pueden omitirse, con testimonios que son alarmantes. Esto se incrementa aún más, al considerarse que el Pueblo Mapuche ha sido víctima del despojo de su territorio ancestral, reducción y empobrecimiento, lo que ha causado un masivo éxodo de la población rural a zonas urbanas y que en el presente, muestra, además, una serie de proyectos invasivos y atentatorios en las pocas tierras que quedan.

Mapuexpress
En este último tiempo hemos vuelto a ver una escalada de violencia, represión, criminalización y militarización de varios territorios Mapuche. Son los casos en el territorio de Temucuicui; el territorio de Chequenco; el territorio de Lleu Lleu, los territorios de Makewe - Trapilwe, entre otros, viviendo un clima de violencia policial extrema, en el marco de la represión estatal a las reclamaciones por tierras ancestrales o ante la resistencia de la imposición de proyectos de expansión forestal y minera o en el caso particular de un proyecto de aeropuerto.
Existen denuncias graves que deben ser atendidas, que involucran hechos de lesa humanidad, que ética y moralmente no pueden omitirse, con testimonios que son alarmantes. Esto se incrementa aún más, al considerarse que el Pueblo Mapuche ha sido víctima del despojo de su territorio ancestral, reducción y empobrecimiento, lo que ha causado un masivo éxodo de la población rural a zonas urbanas y que en el presente, muestra, además, una serie de proyectos invasivos y atentatorios en las pocas tierras que quedan.
Preocupante es en ese sentido, los graves daños sociales, algunos casi irreparables, que se ha venido haciendo en territorios mapuche donde se quiere imponer, a modo de ejemplo, un contaminante ducto tóxico de la celulosa Arauco Celco en la zona de Mehuin, territorio Lafkenche; o las amenazas a los territorio Pewenche y Huilliche cordillerana de Curarrehue, Neltume, Pilmaiquén, Alto Bio Bio con Proyectos de Represas hidroeléctricas, siendo un ejemplo paradigmático la inundación de un cementerio mapuche en Ralco Lepoy en los Altos del Bío Bío y el evidente etnocidio cultural, social que se realizó; o como viene ocurriendo sobre prospección minera, en varias zonas, como el Lleu Lleu; O en Quepe, con los intentos de imposición de un aeropuerto internacional.
Asimismo, es vergonzoso para Chile no haber modificado su legislación militar. El Estado continúa llevando a tribunales militares causas que involucren crímenes o violaciones cometidos por agentes policiales y/o militares en contra de civiles, en absoluta impunidad y estos casos debieran ser competencia de los tribunales civiles, como se ha establecido en la sentencia Palamara versus Estado chileno, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005).
Se trata de prioridades que se debe asumir en pro de los avances democráticos y respetuosos de los derechos humanos, sin embargo, solo queda demostrado que se sigue anclado a instituciones fácticas y cómplices de crímenes. Casos como los asesinatos de Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún y Matías Catrileo en el Pueblo Mapuche o Rodrigo Cisternas y Manuel Gutiérrez del Pueblo chileno, son un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo: impunidad ante los abusos cometidos por agentes, en actos evidentemente repudiables y condenables por cualquier sistema que se diga de justicia.

Derechos Colectivos de los Pueblos
Es primordial que el Estado chileno atienda y asuma las diversas recomendaciones que los organismos internacionales de Derechos Humanos que le obligan a reformar su legislación, en conformidad a las normas internacionales de Derechos y que les son vinculantes:
- Todos los Pueblos tienen derecho a ser reparados cuando se les ha violentado, como ocurre con las tierras ancestrales del Pueblo Mapuche (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2007), es urgente que se asuma una política de reparación y/o compensación conforme a los intereses y necesidades Mapuche, atendiendo cada una de sus partes, se trata de demandas públicas que desde hace años se han instalado y que la institucionalidad del estado conoce perfectamente.
- Todos los Pueblos y sus comunidades tienen derecho a definir su propio desarrollo, atendiendo aspectos sociales, culturales, espirituales, ambientales, económicos y no a recibir imposiciones de industrias que solo han demostrado impactos, depredación y destrucción en todos estos aspectos (Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 y Convenio 169 de la OIT, asimismo la declaración ONU sobre el derecho al desarrollo y los diversos pactos de DDHH).
- El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
Asimismo, la defensa de los territorios y las recuperaciones de tierras, es un derecho humano inalienables e irrenunciable, son temas prioritarios y que a esta altura, con todos los años de conflicto y crisis, bueno sería que el Estado chileno comience a garantizar la paz social asumiendo políticamente las medidas de reparación y compensación que corresponden sobre los daños causados, atendiendo la proporcionalidad de los derechos atropellados en el Pueblo Mapuche, considerando los estándares internacionales al respecto.
Lo mismo, sin que el orden presentado signifique ideas de prioridad, las reclamaciones por JUSTICIA frente a los cobardes asesinatos a jóvenes Mapuche por reclamar tierras ancestrales, son a la vez, temas irrenunciables y aparentemente el Estado chileno no tiene interés de garantizar procesos y procedimientos justos para castigar a aquellos agentes estatales policiales y militarizados que se descontrolan y actúan como criminales y matones, reflejando lo indigno e ilegitimo de sus instituciones.
El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos (Pacto Derechos Civiles y Políticos y Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Los hechos: Se agudizan las violaciones a los derechos humanos
Lo único que se ha demostrado y evidenciado con las últimas acciones del Estado chileno y sus agentes policiales es que en este país continúan plenamente vigentes políticas aberrantes de diversas formas de colonialismo, el apartheid, las diversas formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjera como las transnacionales, y de corporaciones o particulares chilenos, la agresión y amenazas contra la soberanía de los pueblos chileno e indígenas y contra la integridad social y territorial, y los constantes actos o amenazas de militarización, que han atentado, vulnerando los derechos humanos.
Persisten los actos abusivos e insensatos promovidos por parte de ciertos sectores con poder, y de un Estado chileno sin interés de respetar y reparar los derechos humanos, ni de proporcionar soluciones eficientes y garantizar la paz social de las comunidades, el que, por el contario, ejecuta a través de sus aparatos de inteligencia y policiales constantes asedios, allanamientos, aplicación de la fuerza bruta, irrupción de hogares, bombas lacrimógenas, disparos, existiendo ahí niños, niñas y ancianos indefensos, existiendo amplio material público que lo verifica.
Nos sumamos de esta forma a los distintos pedidos que se han venido haciendo para la solidaridad y atención inmediata a la situación de los Derechos Humanos, en este caso, del Pueblo Mapuche, y, particularmente, ante la violenta persecución que diversas personas de la dirigencia y la representación tradicional mapuche, como el reciente caso del werken Mijael Carbone Queipul de la Alianza Territorial Mapuche, perseguido y amenazado de muerte por agentes estatales, y de muchos otros y otras, en diversos territorios que son perseguidos y criminalizados, como ocurre en la Comunidad Juan Paillalef, en Temulemu, en Temucuicui autónoma, en Winkul Mapu en Ercilla, las comunidades Lafkenche de Mehuin, en Rofúe, Makewe y Quepe, en el territorio de Lleu Lleu, entre otras, que vienen recibiendo desde el Estado chileno agresión y violencia sistemática, por el solo hecho de manifestar el ejercicio, la defensa y reclamación de sus derechos individuales y colectivos.
Extendemos este alerta a las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, solidarias y conscientes frente a estos graves hechos que vienen ocurriendo, para informarse y actuar y no guardar silencio.


Mapuexpress – 02.12.2011
In “Mapuexpress” (Albatv) –  http://albatv.org/Se-agudizan-las-Violaciones-a-los.html

terça-feira, 28 de maio de 2013

Novas expressões do conservadorismo brasileiro


Segundo o cientista político André Singer, a quebra da hegemonia da esquerda no plano cultural e a resistência aos programas sociais do lulismo e à resultante ascensão social estão na raiz das ondas conservadoras que prosperam atualmente no Brasil.

Luiz Brasilino
DIPLOMATIQUE – Em debate na USP realizado em agosto, o senhor identificou que a esquerda brasileira perdeu a hegemonia no plano cultural que possuía nas décadas de 1960 a 1980. Como se deu esse processo?
ANDRÉ SINGER – Parto de artigo famoso do professor Roberto Schwarz1 em que ele sugere a ideia de que houve um fenômeno inesperado depois do golpe de 1964: em lugar de uma retração da cultura de esquerda, tivemos um período de expansão e até de hegemonia cultural – não política − da esquerda. Fiquei com isso na cabeça e me ocorreu, embora nunca tenha podido escrever a respeito, que talvez essa hegemonia cultural tenha persistido até o final dos anos 1980. Isso porque, passado o período mais duro da repressão, que começou com o AI-5 em dezembro de 1968 e foi até a chamada abertura com o [Ernesto] Geisel em 1974, essa hegemonia cultural da esquerda voltou. Lembro bem que, no final dos anos 1970 e começo dos 1980, praticamente não se encontravam pensadores, articulistas e ideólogos que tomassem posições abertamente de direita. Estávamos sob hegemonia política da direita, mas no plano cultural a hegemonia da esquerda continuou e até se acentuou no final dos anos 1970, quando se iniciou o que talvez tenha sido, por sua capilaridade, o maior movimento grevista ocorrido no Brasil. Esse movimento de base gerou o que chamo de “onde democrática”, aproximadamente de 1978 a 1988, com uma profusão de movimentos organizados configurando uma democratização da sociedade por baixo, e isso acentuou ainda mais a hegemonia cultural da esquerda. Paralelamente, no final dos anos 1970, começo dos 1980, tem início no mundo a onda neoliberal.
DIPLOMATIQUE – E o Brasil estava em descompasso com essa tendência.
ANDRÉ SINGER – O neoliberalismo no Brasil foi retardado por essa conjuntura, cujo emblema maior talvez tenha sido a campanha das “Diretas já”. Só que, no plano mundial, começou a crescer o neoliberalismo, um fenômeno ideológico que o [historiador inglês] Perry Anderson classifica como o de maior sucesso de toda a história. Ou seja, não é apenas um conjunto de políticas governamentais, mas uma concepção de mundo que ganhou corações e mentes. Finalmente, entre o fim dos anos 1980 e começo dos 1990, o neoliberalismo entrou no Brasil.
DIPLOMATIQUE – A eleição de 1989 é um marco dessa inflexão?
ANDRÉ SINGER –  É um marco desse processo, que depois foi aprofundado pelas políticas do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas não é só isso, porque estamos falando de hegemonia cultural. O que acontece é que os valores de mercado, de ascensão individual, de competição e os valores ligados a uma intensa mercantilização dos espaços públicos começaram a se tornar correntes, sobretudo na chamada classe média tradicional e depois em estratos médios mais amplos. Então, passamos a assistir ao surgimento de manifestações ideológicas, com articulistas, autores de livros e até artistas, produtores influentes, que defendiam abertamente esses pontos de vista, algo que não se encontrava até meados dos anos 1980. Assim, a presença quase total que a esquerda tinha no plano da cultura foi quebrada e passou a haver uma competição na qual continua existindo uma esquerda, mas a direita é crescente. Com isso, não quero dizer que ela necessariamente vai se tornar hegemônica, mas passou a haver uma competição.
DIPLOMATIQUE – Qual é o papel das Igrejas nesse processo?
ANDRÉ SINGER – Esse é um fator extremamente importante, porque o Brasil é um país onde o catolicismo era e continua sendo muito forte. É visível que a inflexão da Igreja Católica para a esquerda nos anos 1960 e 1970 impactou muito no sentido dessa hegemonia cultural. A influência da Igreja Católica no Brasil era enorme, continua sendo muito grande, e, quando ela virou para a esquerda, arrastou camadas extensas da sociedade. Nos anos 1980, a onda neoliberal influenciou a Igreja com uma virada para a direita que começou com o papa João Paulo II e lentamente foi entrando no Brasil. Isso é muito importante para entender a presença da hegemonia cultural da esquerda e depois sua quebra. A esse fator se soma um segundo, que é a avalanche pentecostal e neopentecostal no Brasil. O crescimento das confissões evangélicas parece ser compatível com a proliferação de uma ideologia mais conservadora. É difícil fazer afirmações categóricas, porque esse universo é muito diversificado, mas a impressão que tenho é que as confissões pentecostais e neopentecostais tendem a favorecer uma percepção de que a melhora das condições de vida depende do esforço individual, não de movimentos coletivos.
DIPLOMATIQUE – O senhor também identifica outras ondas conservadoras que extrapolam o plano cultural, especialmente entre a classe média paulistana. Quais são elas?
ANDRÉ SINGER – Em termos de classe propriamente, não há dúvida de que esse segmento tem uma propensão conservadora por razões materiais. Trata-se de uma parcela dentro de uma sociedade muito desigual como a brasileira, que tem privilégios, que tem o que perder, portanto, há motivos para uma inclinação no sentido da manutenção da situação que a beneficia. Porém, o que aconteceu é que uma parte desse segmento, que estou chamando de classe média tradicional, entrou e participou da frente antiditadura durante os anos 1970 e 1980, gerando uma simpatia por posições mais à esquerda. Isso explica também certa entrada que o PT chegou a ter nesses segmentos no começo de sua trajetória. Essa situação mudou radicalmente com o surgimento do lulismo, um processo dos últimos dez anos.
DIPLOMATIQUE – É desse realinhamento que o senhor trata em seu novo livro?2
ANDRÉ SINGER – Tem a ver, mas nesse caso é um fenômeno particular dentro do realinhamento: a classe média tradicional se fechou em bloco contra as políticas sociais promovidas pelo lulismo. Parece ser uma reação ao processo de ascensão social de setores que antes estavam estagnados numa condição de muita pobreza. É um fenômeno muito recente e não está bem pesquisado, mas a gente vê, ouve conversas, lê no jornal essa reação à presença de pessoas de renda mais baixa nos aeroportos. O que isso significa? Esses espaços eram exclusivos; só pessoas com renda mais alta podiam frequentar.
DIPLOMATIQUE – Sintomático disso são as reclamações por parte das classes média e alta sobre uma crescente dificuldade de encontrar empregados domésticos.
ANDRÉ SINGER –  É, isso é o elemento que coloquei no meu livro Sentidos do lulismo. Chama muito minha atenção também porque houve realmente uma mudança no trabalho doméstico, com elevação da renda e melhora das condições de trabalho. Isso tem a ver com o fato de que caiu o desemprego e entraram em cena programas sociais que criaram um piso, dando a essas pessoas a possibilidade de escolher não trabalhar por menos de certa quantia, o que é extremamente importante se considerarmos que existem cerca de 6 milhões de empregados domésticos no Brasil. É um elemento desse conjunto de mudanças que está ocorrendo no Brasil e, aparentemente, há uma reação a isso por parte da classe média. Há também uma terceira onda, que é ainda menos conhecida e mais recente: um neoconservadorismo em uma parcela bem pequena do conjunto das 30 milhões de pessoas que ultrapassaram a linha de pobreza nos anos Lula, um segmento que deu um passo além, subindo não um, mas dois ou três degraus. Um fator disso tem a ver com o medo da mudança. Essas pessoas teriam certa consciência de que o processo de ascensão não durará para sempre e, portanto, não seriam simpáticas a políticas para promover a ascensão de novas camadas, pondo em risco aquilo que já ganharam. Outro elemento desse neoconservadorismo é que, às vezes, se nota entre aqueles que sofreram um processo de ascensão social uma antipatia com os programas sociais. É curioso. É como se essas pessoas se “dessolidarizassem” daquelas que ainda precisam da transferência de renda, compartilhando uma impressão de que o processo de ascensão social decorre do esforço individual, e não de políticas coletivas. Um terceiro fator, mais específico da cidade de São Paulo, é a questão do empreendedorismo. Isto é, há uma quantidade de pessoas envolvidas com pequenos negócios e tentando melhorar de vida por meio deles. Bom, esse pequeno empreendedor tem uma tendência conservadora, justamente porque ele só conta consigo mesmo, diferentemente de um assalariado.
DIPLOMATIQUE – O que organiza esse movimento conservador? Não há um partido que canalize essas ondas. Pode-se dizer que a mídia cumpre esse papel?
ANDRÉ SINGER – Essas ondas conservadoras não estão sendo expressas no plano da política, sobretudo da política partidária. Por quê? Porque nesse ponto entra em jogo outro fator, que é o realinhamento eleitoral. À medida que o lulismo obteve uma maioria no país, a oposição foi obrigada a jogar com as regras do jogo impostas por esse movimento. Essa é a principal consequência do realinhamento. Ele fixa uma agenda, por isso o lulismo é tão importante, porque determinou uma agenda no país, e esta é, fundamentalmente, a redução da pobreza. Sendo essa a agenda, a oposição não pode expressar nitidamente o ponto de vista de sua base social, porque assim ela perderia as eleições. Essa é a razão pela qual o candidato do PSDB em 2010, o ex-governador José Serra, propôs duplicar o número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família, em lugar de combatê-lo, como gostaria a classe média tradicional. Desse modo, ocorre um fenômeno curioso: há um crescimento da ideologia conservadora na sociedade, mas ela não encontra expressão na política. Quanto aos meios de comunicação, nós precisamos entender o seguinte: o conservadorismo no Brasil é muito antigo e tem um lastro histórico profundo. O diferente nessa história foi o período de hegemonia cultural da esquerda. Agora, estamos voltando para um momento anterior, mas que é de uma certa normalidade, porque o Brasil tem esse lastro conservador. Os meios de comunicação têm um papel nisso? Certamente. Mas é preciso também considerar que a análise dos meios de comunicação não deve ser feita em bloco; eles não são uma coisa só, há certa heterogeneidade. [Porém,] Partes do sistema de mídia certamente compõem essa primeira onda conservadora que está quebrando a hegemonia cultural da esquerda.
DIPLOMATIQUE – Como o lulismo, um fenômeno tão contraditório, opera nessa chave?
ANDRÉ SINGER –  O lulismo é uma nova síntese que junta elementos conservadores e não conservadores. Por isso é tão contraditório e difícil de entender. O lulismo pegou um apreço pela manutenção da ordem que tem ressonância nos setores mais pobres da população. Nesse ponto, retomo a questão de que, na formação social brasileira, se tem um vasto subproletariado que, por estar aquém da condição de proletário, não tem como participar da luta de classes, a não ser em situações muito especiais e definidas. Assim, o que o lulismo fez foi juntar esse apreço pela ordem com a ideia de que é preciso mudar. Que tipo de mudança? A redução da pobreza por meio da incorporação do subproletariado ao que chamo de cidadania trabalhista. Desse modo, o lulismo propõe transformações por meio de uma ação do Estado, mas que encontra resistência do outro lado. Basta prestar atenção no noticiário para ver como o embate político está posto o tempo todo nas decisões econômicas, no braço de ferro a cada momento em que se precisa baixar os juros, aumentar o gasto público ou controlar o câmbio. Essas decisões passam por um tremendo embate político que não está nas ruas; é preciso ler o jornal com atenção para perceber. O lulismo propõe mudanças, mas sem radicalização, sem um confronto extremado com o capital e, portanto, com a manutenção da ordem. Nesse sentido, é um fenômeno híbrido, que captura um tanto desse conservadorismo. Por isso uma análise mais simplista e dicotômica não consegue dar conta da complexidade da situação que estamos vivendo.
DIPLOMATIQUE – Em 2010, o senhor deu uma entrevista destacando a importância de o PT se manter na esquerda para politizar esse subproletariado.3 É isso que pode frear essas ondas conservadoras?
ANDRÉ SINGER – O Brasil ainda tem uma herança daquilo que chamei de grande onda democrática dos anos 1980. Que herança é essa? Primeiro a Constituição, com mecanismos de participação direta e, além disso, dispositivos efetivos de organização da sociedade. Grandes movimentos sociais se organizaram e uma parte deles segue atuando na sociedade, enquanto novos surgem, embora também seja possível identificar certos movimentos que declinaram. O Brasil ainda tem energia organizativa de baixo para cima. Segundo pesquisas que li, [essa energia] foi incrementada pelo Bolsa Família. Principalmente em comunidades do interior, as mulheres estão adquirindo certa autonomia a partir do momento em que têm um cartão, não dependem de mais ninguém e recebem uma quantia de dinheiro por mês, recurso a que elas nunca tiveram acesso e que é, sobretudo, constante, com o qual elas podem contar. Há indicações de que essas mulheres estão se organizando, por exemplo, em cooperativas, empreendimentos igualitários de mudança de sua condição de vida. Tudo que seja organização da sociedade pela base ajuda a frear essas ondas conservadoras. Não há motivo para imaginar que essa onda conservadora venha de maneira avassaladora, que não há nada do outro lado. Sobre a questão do PT, gostaria de observar que, como eu disse em 2010, continuo acreditando que este momento é especial, porque se abriu uma janela de oportunidade para o diálogo da esquerda com os segmentos mais pobres da população. Isso é muito interessante porque, sobretudo no Nordeste, esse era o setor que votava normalmente com o conservadorismo e agora está com o lulismo. É uma oportunidade ímpar de politizar esses setores, no sentido da transformação social. No entanto, de 2010 para cá, passados quase dois anos, não vejo o PT muito engajado nesse tipo de trabalho. Eu às vezes temo que essa oportunidade seja perdida, uma oportunidade que está aberta para toda a esquerda. Porém, os setores da esquerda que não estão no PT têm tido dificuldade para compreender os avanços sociais e simultaneamente o impacto conservador que o lulismo representa. Há que se entender essa contradição e, ao não entender, perde-se a plataforma de diálogo com os setores que estão sendo beneficiados por essas políticas.


1  “Cultura e política, 1964-69”. In: Roberto Schwartz, O pai de família e outros estudos, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.
2  Singer identifica que, desde a reeleição do presidente Lula em 2006, houve uma aproximação do subproletariado em direção ao lulismo e um distanciamento do PT por parte da classe média tradicional. Ver Os sentidos do lulismo, Companhia das Letras, São Paulo, 2012.
3  “Cabe ao PT politizar o subproletariado”, Brasil de Fato, São Paulo, n.374, 29 abr.-5 maio 2010.

Luis Brasilino – Jornalista, editor do “Le Monde Diplomatique Brasil” – 02.10.2012
André Singer -Cientista político e professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
IN “Le Monde Diplomatique Brasil” http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1268

domingo, 26 de maio de 2013

UPP: o poder simplesmente mudou de mãos?


O coronel Robson Rodrigues, da Polícia Militar do Rio, uma das cabeças pensantes do projeto de pacificação, reconhece de bom grado: “Realmente são as Olimpíadas que ditam nossa escolha. Eu diria até que, sem esse evento, a pacificação nunca teria acontecido”.

Anne Vigna
A cena poderia acontecer em qualquer bairro da cidade: uma patrulha da polícia que desembarca com estrondo e piora ainda mais o engarrafamento. Mas é preciso estar numa favela do Rio de Janeiro para observar uma jovem tentando acalmar a polícia e ouvindo como resposta, aos gritos, que era melhor “não insistir” porque, afinal de contas, “quem manda aqui somos nós”. Desde 2009, os moradores da favela do Pavão dizem: “O dono do morro mudou”. Os traficantes deram lugar à polícia; as armas e o poder simplesmente mudaram de mãos. Trata-se aqui do resultado mais flagrante de um programa que data de 2008: a “pacificação” das favelas. Mas seu impacto nem sempre é negativo.
Os donos do morroé o título que a equipe do Laboratório de Análise da Violência, dirigido pelo sociólogo Ignácio Cano, escolheu para seu estudo (publicado em julho de 2012) sobre a pacificação no Rio.1 Os trabalhos mostram que, mesmo incompleto e imperfeito, o dispositivo ofereceria resultados incontestáveis em matéria de segurança. “Nas treze primeiras favelas pacificadas no Rio, o número de mortes violentas diminuiu em 70% e as que eram provocadas por intervenções policiais estão agora próximas de zero”, explica o sociólogo. Crítico de longa data da violência das forças da ordem, Cano não poderia ser acusado de idolatria securitária. E seu relatório não poupa os excessos policiais e as escolhas estratégicas duvidosas: “Teria sido bem mais inteligente pacificar em primeiro lugar as favelas mais violentas. Mas a escolha foi feita em função dos grandes eventos esportivos, não da realidade da criminalidade”. O coronel Robson Rodrigues, da Polícia Militar do Rio, uma das cabeças pensantes do projeto de pacificação, reconhece isso de bom grado: “Realmente são as Olimpíadas que ditam nossa escolha. Eu diria até que, sem esse evento, a pacificação nunca teria acontecido”.
A pacificação nasceu do que se chama no Rio uma “conjuntura excepcional”: a cidade ganhou a organização das Olimpíadas e, pela primeira vez, o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do estado, Sérgio Cabral, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, selaram uma aliança política. Há muito tempo a luta contra as facções criminosas do Rio não produzia quase nenhum resultado, apenas um número cada vez mais elevado de mortos, particularmente jovens negros. Um pequeno grupo de policiais foi então enviado a Boston, em 2005, para analisar a operação Cease fire (“Cessar fogo”), que acontecia nos bairros pobres (e portanto negros) da cidade. A ideia: criar uma unidade de polícia próxima, ao contrário das ideias que tinham sido defendidas pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e sua “tolerância zero” entre 1994 e 2001. Em Boston e no Rio, a polícia concentrou seus esforços contra as armas e renunciou a interferir no tráfico de drogas, mesmo que a tarefa se revelasse muito mais árdua no Brasil, onde era preciso também recuperar o acesso aos territórios onde a polícia só se aventurava esporadicamente numa efusão de violência.
A primeira operação ocorreu em 2008: foi uma agência de comunicação que criou o termo “pacificação” (que não era utilizado em Boston). Depois disso, alguns símbolos permaneceram: a polícia de elite do Batalhão de Operações Especiais (Bope) – que se tornou célebre pelo filme Tropa de elite (2007) – fincou sua bandeira no meio do território, antes que uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) fosse instalada. Uma maneira de deixar bem clara a “mudança de proprietários”. Com a preocupação de evitar a violência, as operações eram comunicadas com antecedência a fim de que os traficantes e as armas pudessem desaparecer. A maioria das pacificações aconteceu, então, sem que se atirasse uma só bala.
Uma vez que a UPP é estabelecida, entra em ação a segunda fase da pacificação: a UPP social, “um componente essencial sem o qual a política de segurança não pode funcionar”, insiste o coronel Rodrigues. O objetivo é instalar serviços públicos e criar equipamentos destinados a dinamizar a economia local. “No papel, o projeto é maravilhoso, mas na prática há poucos meios e nenhuma democracia”, deplora a urbanista Neiva Vieira da Cunha. Censuram a cidade por construir teleféricos custosos nos morros, ao passo que os moradores pedem em primeiro lugar hospitais e serviços de saneamento básico.
No entanto, algumas mudanças sociais e econômicas já são visíveis. Para Cano, esse é inclusive um dos efeitos mais positivos da pacificação: “A diminuição da estigmatização das favelas é real; os moradores não sentem mais a necessidade de omitir seu endereço no momento de procurar emprego”. Os moradores das favelas pacificadas finalmente obtêm empregos formais. Será o suficiente para afastar os jovens do tráfico de drogas? “O tráfico não é apenas questão de dinheiro, mas também de poder. Ao tirar as armas, a pacificação derrubou os bastiões e o tráfico perdeu muito de seu atrativo”, estima Rubem César, diretor da ONG Viva Rio, que trabalha há vinte anos nas favelas. Um atrativo que a polícia ainda não possui, principalmente quando ela se comporta, como é por vezes o caso, num “terreno conquistado” e exerce a mesma forma de controle social autoritário.

1 . Laboratório de Ánalise da Violência, "Os donos do morro: uma avaliação exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro". Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012

Anne Vigna – Jornalista – 07.01.2013
IN Le Monde Diplomatique Brasil – http://diplomatique.org.br/artigo.php?id=1328

quinta-feira, 23 de maio de 2013

Onde está o investimento privado?


O governo tem usado de incentivos, convencimento e pressão para incentivar o investimento privado e reduzir os efeitos internos da crise internacional. Apesar das privatizações dos anos 1990, grande parte do dinheiro alocado em serviços e infraestrutura foi feito pelo Estado. A necessidade de planejar e atender à população com qualidade e preços competitivos colocam em pauta também a necessidade de uma fiscalização mais eficiente por parte das agências reguladoras

Marcel Gomes
O governo federal “inaugurou” em 2012 a temporada de caça aos investimentos privados. Com o diagnóstico de que o empresariado pode fazer muito mais pelos setores de infraestrutura, sobretudo aqueles em que participa da gestão, a presidenta Dilma Rousseff tem empregado diversos mecanismos de incentivo, pressão e convencimento.
Para os transportes, como rodovias e aeroportos, a estratégia é fazer novas concessões. No caso das telecomunicações, a solução foi pressionar as companhias através de mecanismos regulatórios. E, para o ramo da energia, em que o novo marco regulatório mantém o setor atrativo para empresas privadas, a moeda de troca é a revisão dos contratos, que começam a vencer em 2015. O objetivo imediato é reduzir o custo da conta de luz.

Essencial para o crescimento
A elevação da taxa de investimento do Brasil, hoje abaixo de 20%, é vista como fundamental para fazer o país crescer de modo sustentável. A meta é evitar o chamado “voo de galinha”, imagem marcante de vários momentos da história econômica brasileira, em que períodos curtos de expansão são sucedidos por fases de estagnação – nem tão curtas assim. Sinal de que a preocupação é atual, os últimos dados disponíveis do Produto Interno Bruto (PIB), referentes ao segundo trimestre, desanimaram. A economia cresceu apenas 1,2% nos doze meses anteriores a junho, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O problema é que havia poucos sinais de recuperação no horizonte. Isso é revelado por um outro indicador divulgado pelo IBGE junto com o PIB: a Formação Bruta de Capital Fixo. Esse índice, que mede quanto as empresas gastaram com bens de capital, como máquinas e equipamentos, caiu 0,7% no trimestre, acumulando recuo de 0,3% em doze meses. São justamente os investimentos das empresas, tão necessários para aquecer a economia, que não dão sinais de avanço. Sem isso, torna-se mais difícil que o crescimento do PIB em 2012 supere sequer os 2%, um índice pequeno se comparado aos demais países em desenvolvimento.
Não há dúvida que os investimentos privados podem ajudar a mudar esse cenário. Mas não de qualquer maneira. A experiência brasileira, sobretudo na era das privatizações da década de 1990, revela que o empresariado, por si só, não possui a solução para todos os nossos males econômicos. Basta lembrar a crise do apagão, entre 2001 e 2002, poucos anos após a venda de distribuidoras de eletricidade; o alto custo e a baixa qualidade dos serviços de telefonia, apesar de sua evidente expansão; e o elevado preço dos pedágios em parte das rodovias sob concessão.
Como, então, atrair o investidor privado sem tirar do Estado seu poder regulador? Como permitir que o empresário se interesse pelas concessões e ganhe dinheiro, sem prejudicar o interesse público? Essas questões têm sido enfrentadas por técnicos do governo e pela presidenta Dilma, em particular. Enquanto críticos afirmaram que o governo faz privatizações mesmo após denunciá-las durante a campanha eleitoral, a presidenta responde com a alegação de que as novas concessões são “parcerias”, nas quais o arranjo normativo garantiria o “fortalecimento das estruturas de planejamento e de regulação”.

Transporte e logística
Entre as carências de infraestrutura do país, uma das mais notáveis está no setor de transportes e logística. A matriz rodoviária, a mais cara e poluente, predomina no deslocamento das mercadorias. Em um país continental, caminhões transitam por milhares de quilômetros em estradas esburacadas e mal sinalizadas. Para atacar o problema, o governo lançou em agosto o Programa de Investimentos em Logística, que prevê a aplicação de R$ 133 bilhões em obras de rodovias federais e ferrovias, ao longo de 25 anos.
O programa prevê a concessão de 7,5 mil quilômetros de estradas e a duplicação de 5,7 mil. O modelo de disputa selecionará a concessionária pelo menor valor de tarifa de pedágio a ser cobrada dos usuários, o que já foi testado em outras concessões de rodovias, como a Fernão Dias, entre São Paulo e Belo Horizonte. Por exigência contratual, o concessionário só poderá exigir pedágio após a conclusão de 10% das obras previstas. Cobrança em área urbana é proibida.
A expectativa do governo é elevar o investimento privado. Em 2011, o empresariado alocou R$ 3,8 bilhões nas rodovias, alta de 40% sobre 2002. É pouco, porém, se comparado ao que o setor público vem investindo. Em 2011, os governos federal, estaduais e municipais colocaram R$ 10,5 bilhões nas estradas, com expansão de 238% sobre 2002. Esses montantes, compilados pelo coordenador de Infraestrutura Econômica do Ipea, Carlos Alvares da Silva Campos Neto, foram atualizados em valores de dezembro de 2011.
No caso das ferrovias, o Programa de Investimentos em Logística também aposta no apoio do capital privado para a reforma e construção de 10 mil quilômetros de trilhos. Há trechos considerados estratégicos em termos de logística, como o ferroanel de São Paulo e as ligações ao porto de Santos e entre Rio de Janeiro e Vitória. O modelo escolhido pelo governo mais uma vez se foca na menor tarifa: o leilão de concessão será vencido pela companhia que oferecer o mais baixo preço para o trânsito dos trens. Além disso, os trilhos terão de ser compartilhados por várias empresas.

Incentivo estatal
Entretanto, para aguçar o interesse do setor privado, o governo comprará, através da estatal Valec e após a finalização das obras, toda a capacidade de transporte de cargas, e a revenderá depois aos interessados, por meio de ofertas públicas. Os trilhos, assim, poderão ser usados por operadores ferroviários ou mesmo pelas próprias concessionárias. A vantagem para essas últimas é que o prejuízo será do governo, se a demanda for menor do que a capacidade construída.
Com isso, também no setor ferroviário a expectativa é de aumento da participação privada. Em 2011, o investimento dos empresários em ferrovias alcançou R$ 1,5 bilhão, alta de 110% sobre 2002. Mas, assim como no caso das estradas, a expansão foi bem menor do que a registrada pelos investimentos públicos, que atingiram R$ 4,5 bilhões no ano passado, 290% a mais do que em 2002.

Dúvidas e desafios
Apesar da expectativa do governo em atrair o empresariado, o coordenador do IpeaCampos Neto alerta que há um teto não muito alto para eles. “Depois da concessão desses 5,7 mil km de rodovias, não haverá muitos outros trechos interessantes para o setor privado”, diz ele. Isso significa que o poder público jamais poderá abandonar seu papel de investidor em estradas, sobretudo na abertura de novas rotas. “Há pouca disposição das empresas para construir novas rodovias. A opção é sempre receber a estrutura já pronta”, explica Campos Neto.
O coordenador do Ipea diz que a mesma lógica vale para os aeroportos. Em fevereiro, o governo leiloou os terminais de Guarulhos, Brasília e Campinas, e planeja fazer o mesmo com as estruturas de outras cidades. Os leilões arrecadaram R$ 24,5 bilhões, e os concessionários terão de investir mais R$ 16 bilhões durante o período do contrato. Campos Neto alerta, porém, que a iniciativa privada tem interesse em apenas “10 ou 12 dos 66 aeroportos administrados pela Infraero”. Nesse caso, também, o poder público terá de se manter como um grande investidor aeroportuário. Em 2011, o investimento nesse setor no país era praticamente 100% público, seja via orçamento fiscal ou Infraero. No total, foram aplicados R$ 1,9 bilhão no ano passado, alta de 267% sobre 2002.

Área atraente
Se há uma área que, na opinião de Campos Neto, poderá conquistar mais o interesse do empresariado, é a de portos. Não é à toa que o governo federal prepara um novo pacote para o setor, em que se prevê a construção de terminais pela iniciativa privada e a aplicação de novos investimentos em unidades arrendadas antes da Lei 8.630 (Lei dos Portos), o que seria possível a partir do lançamento de um novo marco regulatório. Espera-se que três novos terminais devam ser construídos e administrados pela iniciativa privada: um em Ilhéus (BA), outro em Manaus (AM), e um porto de águas profundas em Vitória (ES).
“Há muitos atrativos para os portos, como um investimento menor para a construção, se comparado a outras obras, e a carência que temos no setor, que viu o comércio internacional crescer 125% entre 2003 e 2011, em termos de valor”, diz o coordenador o Ipea. Ele espera que esses novos aportes ajudem a elevar a taxa de investimento total em infraestrutura no Brasil – que cresceu para R$ 23,1 bilhões em 2011, um montante 141% superior ao de 2002, mas que ainda se mantém bem abaixo do aplicado por outros países emergentes. O Brasil investe cerca de 0,7% de seu PIB em infraestrutura, enquanto China, Rússia e Coreia superam os 3%.

Telecomunicações na berlinda
Se no setor de transporte a estratégia do governo federal para atrair investimento privado é o convencimento, no caso das telecomunicações predomina a pressão. Segundo Rodrigo Abdalla de Sousa, pesquisador do Ipea e especialista no tema, entre as privatizações da década de 1990 e o ano de 2009 predominou o “modelo neoliberal”. “Tudo estava entregue às empresas. Elas fariam o investimento e a operação, e estiveram submetidas a uma regulação atrasada e fraca”, afirma. Sem uma coordenação central, os investimentos se concentraram “no setor comercial de Brasília, na avenida Paulista, em São Paulo, e na avenida Rio Branco, no Rio”, deixando grandes clarões pelo país. Mesmo nas regiões mais endinheiradas, porém, o serviço tornou-se caro e de baixa qualidade Essa história começou a mudar, explica Sousa, com o lançamento do Programa Nacional de Banda Larga, em 2010. Seu objetivo é proporcionar o acesso ao serviço a 40 milhões de domicílios brasileiros até 2014, a um preço mais barato que o oferecido, à época, pelas operadoras privadas. A Telebrás foi reativada para executar o programa e prestar suporte a políticas de conexão à internet direcionadas a universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais e outras localidades de interesse público. Por sua vez, as operadoras privadas oferecem os planos de acesso mais baratos ao consumidor final – o que, muitas vezes, não acontece, segundo recorrente denúncia da organização não governamental Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).
Na época de anúncio do programa, os investimentos foram estimados em R$ 12,8 bilhões, entre desonerações, capitalização da Telebrás, investimentos em pesquisa e financiamentos. Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) caberia a metade da origem desses recursos, majoritariamente do Estado. Mas, se o setor público fazia sua parte corrigindo erros da privatização, qual seria a contribuição do setor privado?
A resposta a essa questão começou a se materializar com a insatisfação pública manifestada através das listas de reclamações de usuários mantidas pelos Procons. Em julho deste ano, diante da baixa qualidade dos serviços, o Procon de Porto Alegre decidiu proibir as quatro grandes operadoras de telefonia móvel – Vivo, Tim, Claro e Oi – de venderem novos planos. Mais tarde, a proibição foi levada a todo o estado. O exemplo gaúcho exigiu que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tomasse providências.
Como o problema não atingia apenas o Rio Grande do Sul, a Anatel decidiu proibir a venda de novos chips em todo o país. A penalização foi aplicada por estado e atingiu a operadora com maiores problemas em cada um deles. Claro, Tim e Oi foram penalizadas, e apenas a Vivo escapou. Todas, porém, tiveram de apresentar um plano de investimentos para superar as carências. As operadoras foram ao governo e prometeram injetar de cerca de R$ 20 bilhões até 2014, sendo que R$ 4 bilhões teriam sido garantidos pela suspensão da venda de novos chips. Os recursos devem ser aplicados, sobretudo, no aumento do número de antenas de telefonia celular, em equipamentos para aumentar a taxa de transmissão de dados e na melhoria do atendimento aos clientes.


Energia mais barata 
A crise do apagão e a necessidade de racionamento de energia, entre 2001 e 2002, revelaram que o modelo energético brasileiro, desverticalizado pelas privatizações dos anos 1990 e deixado ao sabor do mercado, não funcionava mais. Entre 2003 e 2004, uma nova legislação para o setor lançou as bases de um modelo que, sem abrir mão do setor privado, fortaleceu o papel coordenador do Estado. Foi criada uma entidade responsável pelo planejamento de longo prazo, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), justamente com a função de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de eletricidade.

Em termos de financiamento de novos projetos, a aposta foi em um mecanismo chamado “project finance”, feito com o objetivo de atrair tanto recursos privados quanto públicos. Esse mecanismo ajuda a diluir os riscos de implantação e operação de um novo projeto entre todos os atores envolvidos no setor energético. Isso ocorre porque o fluxo de caixa do projeto é a principal fonte de pagamento do serviço e da amortização do capital de terceiros, enquanto no financiamento corporativo tradicional as garantias são calcadas principalmente nos ativos dos investidores.
Novas hidroelétricas em construção utilizam o mecanismo. Entre elas, o projeto de Belo Monte, tocado pelo consórcio Norte Energia, que tem entre seus membros empresas estatais e privadas como Chesf, Queiroz Galvão e Vale. “O ‘project finance’ trouxe segurança aos investidores”, explica o consultor em energia e diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo Carlos Augusto Kirchner. O mesmo valeria para o BNDES, que também financia a maior parte das grandes e bilionárias obras, inclusive Belo Monte. “Se é mais seguro para o investidor privado, também é para o BNDES”, defende Kirchner.
Para Campos Neto, do Ipea, realmente o “investimento privado deixou de ser um problema para o setor elétrico”. Isso não significa, porém, que o governo tenha deixado as empresas do setor, estatais ou privadas, livres de pressão. A bola da vez é o custo da eletricidade no Brasil, visto como um dos fatores que tiram a competitividade da indústria nacional e comprometem o orçamento das famílias.

Como explica o coordenador doIpea, o custo da energia é relativamente alto – apesar de a produção majoritariamente hidroelétrica ser pouco onerosa – por causa dos encargos tributários e da forma como foram feitos os reajustes após a privatização, baseados no IGPM. “Esse índice variou sempre 20% acima do que o IPCA [o índice oficial de inflação] entre 1996 e 2011”, afirma. “Por isso, desde 2007 os novos contratos passaram a ser feitos com base no IPCA, o que deve evitar aumento real do preço da energia”, diz.
Agora, com a proximidade do vencimento das concessões feitas nos anos 1990, o que acontecerá a partir de 2015, o governo apostará na redução das tarifas. Isso será feito através de corte de encargos e dos preços pagos às usinas hidroelétricas. A justificativa é que os investimentos utilizados na construção das obras no passado já foram quitados, o que reduz custo de operação e manutenção das turbinas.

Recursos privados
Em linhas gerais, o governo concluiu que não pode abrir mão dos recursos privados em obras de infraestrutura. O orçamento fiscal, do qual são dependentes setores como o de transportes, foi capaz de erguer grandes obras pelo território, um patrimônio que é de todos. Entretanto, os desafios trazidos pela inclusão de milhões de brasileiros nos últimos anos pedem a diversificação das fontes de financiamento e de gestão.
É preciso considerar, ainda, que setores como o de aeroportos jamais poderão abrir mão dos investimentos públicos, porque o mercado não tem interesse por alguns equipamentos. Diante disso, fica o Estado com a obrigação de se manter como investidor em grandes obras que, apesar de menos rentáveis do ponto de vista econômico, são fundamentais para a população.


Marcel Gomes – novembro de 2012
IN “Desafios do Desenvolvimento”, ano IX, No 74, IPEA – http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2829:catid=28&Itemid=23

terça-feira, 21 de maio de 2013

Sistema político e sociedade civil no Brasil


A vitória em 2002 colocou para o PT o dilema de optar pela governabilidade com a capacidade de controlar o Congresso ou pela manutenção de um sistema quase alternativo de governo. Sabemos as escolhas, mas o importante é entender as consequências disso para a relação entre governo, sistema partidário e sociedade civil

Leonardo Avritzer
As eleições de 2012 no Brasil irão ocorrer sob o signo de uma profunda descrença no sistema político do país. Não é difícil imaginar os motivos para tal: a Constituição de 1988 avançou em muitos pontos, como a elevação do acesso aos direitos sociais, o crescimento da participação social e o novo papel do Judiciário, mais conectado com a ampliação de direitos. No entanto, a Carta não conseguiu inovar na organização do sistema político. Temos no Brasil praticamente o mesmo tipo de organização que tínhamos no final do regime autoritário: um Congresso Nacional fraco, submetido às vontades do Executivo, com a diferença que o de hoje goza de um nível de confiança extremamente baixo por parte da opinião pública.
A baixa legitimidade do Congresso Nacional e do sistema político como um todo está ligada à ausência de mudanças na organização política no Brasil. A falta de uma forma de financiamento público de campanha associada a uma forte deterioração das práticas políticas e um uso desregrado das emendas de parlamentares ao orçamento são os três elementos que definem o sistema político hoje no Brasil. Por um lado, essas práticas são capazes de gerar um sistema político que é funcional para o governo federal, isto é, um sistema no qual ele aprova suas propostas de lei e tem uma relação estável com o Congresso Nacional. Por outro lado, esse sistema é fortemente questionado pela opinião pública e pela sociedade civil, já que a emergência de escândalos, principalmente de corrupção, é quase endêmica nele. Vale a pena elaborar um pouco o papel do PT e das mudanças estruturais pelas quais ele passou, antes de pensar o que está em jogo nas eleições de 2012.
O PT se consolidou politicamente entre 1988 e 2002 como um outsiderdo sistema político descrito anteriormente. O partido surgiu como um crítico ao sistema político brasileiro e, inicialmente, conseguiu constituir uma bancada parlamentar de nível mais alto do que aquela existente no Congresso Nacional, em razão de uma forte vinculação de seus líderes a diversos movimentos sociais. Isso tornava suas campanhas relativamente baratas e separava o PT das práticas mais correntes no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, como já apontaram diversos cientistas políticos, o partido estabeleceu um sistema de disciplina partidária à margem do sistema político, passando a ter uma bancada disciplinada e solucionando negociadamente suas disputas internas. Esse sistema informal foi capaz de estabelecer uma regulação externa em relação ao sistema político brasileiro e funcionou bastante bem até 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. Então se colocou para o PT o dilema de optar pela governabilidade com a capacidade de controlar o Congresso ou pela manutenção de um sistema quase alternativo de governo. Sabemos quais foram as escolhas feitas, mas o importante é entender as consequências disso para a relação entre governo, sistema partidário e sociedade civil.
O governo Lula gerou, ao mesmo tempo, avanços e retrocessos para a relação entre a sociedade civil e o Estado no Brasil. Os principais avanços estão relacionados ao aprofundamento das formas de democracia participativa no governo federal. As conferências nacionais ampliaram a relação entre Estado e sociedade civil em muitas áreas ao tornarem-se um local de efetiva negociação entre o governo e a sociedade em áreas com forte tradição de participação social, como é o caso da saúde e da assistência social. Ao mesmo tempo, o governo ampliou algumas das áreas sob a influência da participação, criando novos conselhos nacionais ou mesmo novos sistemas gestores. Em áreas como a política urbana ou a segurança alimentar, a participação social foi efetivamente ampliada. Mas esses avanços não estiveram sistemicamente relacionados à organização do Estado, que, em muitos setores, teve reduzida a influência da sociedade civil. Foi o caso, por exemplo, do meio ambiente e da agricultura, em que grandes grupos econômicos passaram a influenciar fortemente a agenda do Estado em questões decisivas, como os transgênicos e as grandes obras de energia elétrica.
Assim, temos hoje um panorama misto quando pensamos na relação entre governo e sociedade civil e em uma agenda de esquerda para o país. Certamente, o Brasil avançou em agendas importantes para a sociedade civil, como a redução da desigualdade e a ampliação da participação social no âmbito do governo federal. Mas a relação entre governo e sociedade civil ficou mais esgarçada em diversos campos, entre os quais cabe destacar o meio ambiente, as grandes obras de energia elétrica e, principalmente, a relação com o sistema político, marcada pela repetida incidência de casos de corrupção e a ausência da reforma política. Esse novo equilíbrio reposiciona a agenda por parte da sociedade civil para as eleições municipais de 2012. Essa agenda deve ser mais seletiva.
De um lado, vale a pena avaliar os candidatos do PT e suas coalizões uma a uma. Os casos de algumas cidades chamam a atenção, e irei abordá-los comparativamente. Em primeiro lugar, pensemos no caso de São Paulo, que traz à baila a disputa interna entre esquerda e direita que tem marcado a vida política da cidade desde a democratização. Nenhum grande município brasileiro teve tão pouca continuidade administrativa como São Paulo, que foi administrado pela totalidade do espectro político, do malufismo ao PT, passando pelo PSDB e pelo DEM. A cidade obedeceu, em suas disputas municipais, tanto à lógica nacional, que prevaleceu em 1988 e em 2000, como às lógicas locais, que dominaram em 1996 e em 2008. A candidatura de Fernando Haddad à prefeitura traz à tona novamente a lógica nacional. O papel do ex-ministro na realização de uma política de educação à esquerda em sua gestão no MEC, com fortes traços de inclusão social e aceitação da diversidade no processo educacional, serão temas durante a campanha. Por todos esses motivos, é de supor que Haddad na Prefeitura de São Paulo irá significar a colaboração entre Estado e sociedade civil.
Outro caso merece ser mencionado: o de Belo Horizonte. A capital já foi exemplo de relação positiva entre sociedade civil e Estado na democratização das políticas sociais. As quatro gestões do PT na cidade foram altamente democratizantes, mas é claro que essa tendência chegou ao limite com a eleição de Márcio Lacerda, que obedeceu unicamente às conveniências individuais do ex-prefeito Fernando Pimentel. Durante a atual gestão, o prefeito se desentendeu com o mundo cultural, com as associações de defesa da reforma urbana e com a juventude. Não está absolutamente claro o que a sociedade civil pode conseguir com a reeleição de Lacerda.
Assim, comparar São Paulo e Belo Horizonte pode dar uma ideia do tipo de posicionamento necessário para pensar o aprofundamento da democracia e de uma relação mais democrática entre Estado e sociedade civil no Brasil. Entender a política brasileira hoje implica perceber que deixamos de ter um partido que se posiciona automaticamente com a agenda da sociedade civil, mas que temos um partido no qual alguns de seus membros continuam defendendo tais políticas. Atuar seletivamente no reforço desses candidatos é importante nas eleições de 2012, pois são eles que têm a condição de fazer avançar uma agenda de ampliação da participação social e de aprofundamento da diversidade e dos direitos.



Leonardo Avritzer – Doutor em sociologia pela New School for Social Research (1993) e pós-doutor pelo Massachusetts Institute Of Technology (MIT), é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais – abril de 2012
IN “Le Monde Diplomatique Brasil” – http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1139