La fuerte asimetría entre los países adscritos a la
Convención (interamericana de derechos humanos) versus aquellos que la
financian y manejan, pero que no la han ratificado, es decir que no se someten
a las decisiones de la Comisión o de la Corte, esa fuerte asimetría ha
terminado por pervertir por completo una herramienta pensada inicialmente en
beneficio de todas y todos los americanos.
Luis Britto García
1 ¿Se sometería usted a un órgano investigador que lo acusa sin
especificar los hechos, que acepta como pruebas rumores o recortes de prensa,
que lo incrimina por hechos hipotéticos, futuros e inciertos, que en lugar de
interpretar las leyes pretende decir cuáles se deben aplicar y cuáles no, que
se pone a decidir asuntos que están legítimamente en manos de otras oficinas o
tribunales que sí son competentes? En 195 párrafos de su Informe de 2012 sobre
los Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA incurre repetidamente en estas prácticas, violatorias
de sus propios estatutos.
2 ¿Se pondría usted en manos de un órgano investigador prejuiciado? La
CIDH entre 1977 y 1998 (cuando ocurrían desapariciones y masacres) recibió solo
cuatro denuncias de violación de los Derechos Humanos en Venezuela, pero desde
1999 cuando el Presidente Chávez llegó al poder hasta 2012, ha recibido 102
denuncias, de las cuales ha admitido 38, mantiene en trámites 61 y tiene 3 como
archivadas. Vale decir, 25 veces más denuncias recibidas y diez veces más
admitidas en once años, que en 21 años.
3 ¿Se entregaría usted a un órgano pagado por adversarios que además no
están sometidos a él? Estados Unidos financia el 54% del Presupuesto de la OEA.
Según denunció Rafael Correa, países que no han firmado la Convención Americana
y que por lo tanto no están sujetos a la CIDH, y ONGs radicadas en ellos pagan
el 96,5% del Presupuesto de ésta.
4 ¿Acataría usted un órgano que lo incluyera a capricho en categorías
denigrantes inventadas por él? Desde 2003 la CIDH incorpora a Venezuela en un
supuesto Capítulo IV que comprende países “regidos por gobiernos que no han
llegado al poder mediante elecciones populares”, donde el goce de los derechos
hubiera sido suspendido por medidas “tales como el estado de emergencia, el
estado de sitio, suspensión de garantías” o donde se cometieren “masivas
violaciones” de éstos. Venezuela no presenta ni uno solo de tales supuestos.
Pero la CIDH excluye de tal categoría a países que les permiten visitas, incluso
si están en plena guerra civil, como Colombia ¿La categoría es jurídica, o
turística?
5 Estas son las tesis que sostenemos los representantes de Venezuela en
la sede de la CIDH en Washington el 16 de marzo de 2013. No es nuestro país el
único indignado con tales prácticas, ni la primera vez que se le reprochan a la
CIDH. Fueron también condenadas por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión
sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema
Interamericano, aprobado por el Consejo Permanente de la OEA, el 13 de
diciembre de 2011. Las críticas fueron ratificadas en Cochabamba por nuestro
embajador Embajador Roy Chaderton, quien expuso que la Comisión no debe ser
fortalecida sino refundada por la OEA, para que responda a los intereses de la
mayoría de los miembros que la integran y no a los de Estados Unidos y Canadá,
quienes no han ratificado la Convención Americana.
6 Durante la Conferencia de Guayaquil de 11 de marzo de 2013, Rafael
Correa emite contundente discurso, del cual, por su pertinencia, citamos in
extenso pasajes culminantes. Sobre la agenda de la Conferencia, resume el
Presidente: “Los temas más importantes de este proceso: sede de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, nacionalidad de sus miembros y
financiamiento exclusivo de los Estados parte de la Convención Americana de los
Derechos Humanos; procedimientos claros, objetivos y contemplados en la
normativa para la promoción y defensa de los Derechos Humanos; Universalidad de
derechos e Informe Anual único de la CIDH, y adopción de un Código de Conducta
para la CIDH y sus Relatorías”. Acerca de la contradicción entre países
sometidos a la Convención Americana y países que no la suscribieron, como
Estados Unidos y Canadá, pero que pretenden utilizar la Convención para dominar
a los adheridos a ella: “Los que firmamos nos obligamos a esto, los que no
firman no se obligan a nada y está bien, es su ejercicio de soberanía; el
problema se presenta cuando ellos son los que financian, tienen la sede de la
Comisión y de la Convención, uno de los organismos básicos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, sin haber firmado la respectiva
Convención”. En lo relativo a las conductas abusivas de la CIDH, que se
extralimita en sus competencias, sigue denunciando Correa: “Aquí se enumeran
las funciones, no quisiera cansarlos leyendo cada una de ellas, pero revisen
adecuadamente y vean ¿dónde se le da como función a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos fiscalizar a los Estados?, ¿dónde se le da como función
dictar medidas cautelares y dónde se le otorga autonomía a la Comisión?
Revisen, por favor, aquí están los documentos. Y, Competencias, artículo 44:
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a
la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta
Convención, pero por un Estado Parte. Es decir, esto solo obliga a los Estados
Parte. Cualquier ciudadano, incluso de fuera de los Estados Parte puede
denunciar, pero solo a los Estados Parte. Entonces, tenemos grandes
responsabilidades, hemos asumido grandes deberes, pero obviamente eso también
significa que tenemos derechos, al menos para dirigir el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.
[APLAUSOS]… La fuerte asimetría (y creo que se deduce de lo que he
leído) entre los países adscritos a la Convención versus aquellos que la
financian y manejan, pero que no la han ratificado, es decir que no se someten
a las decisiones de la Comisión o de la Corte, esa fuerte asimetría ha
terminado por pervertir por completo una herramienta pensada inicialmente en
beneficio de todas y todos los americanos. En lugar de eso, unos países
pretenden intervenir en otros, en tanto se erigen en jueces a su vez injuzgables
por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del Sistema y
especialmente de la Corte”. Y sobre la intolerable contradicción entre Estados
suscriptores y no suscriptores: “¿Cómo es posible, que la sede de la CIDH se
encuentre en un país que NO es Estado Parte del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos [APLAUSOS]… Repito: que alguien con algo de lógica, con algo
de sangre en la cara, me diga ¿Cómo es posible que la sede de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sea un país que NO es Estado Parte, que no
reconoce dicho Sistema, y, de hecho, que no ha ratificado NINGUNO de los
instrumentos interamericanos sobre Derechos Humanos? ¿Cómo es esto posible?
¿Por la costumbre? Bueno, América Latina se está sacudiendo estas malas
costumbres, señores”. Acerca del tema todavía más delicado de los
financiamientos de la CIDH, que obviamente dictan su comportamiento, denuncia
Correa: “¿Cómo es posible (que alguien me responda) que la CIDH se financie
casi en su totalidad, exactamente en un 96.5 por ciento, por países que no han
ratificado la Convención de Derechos Humanos, por Estados denominados ‘Estados
Observadores’, que no son parte del Sistema Interamericano, y por organismos y
supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países? ¿Cómo
es posible esto? Es decir, pagan para controlar a los demás, en nombre de los
DERECHOS HUMANOS. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Todos
sabemos que desde que el mundo es mundo, aquel que financia impone las
condiciones ¡Ya basta de tanta hipocresía! El país sede de la Comisión está
únicamente sujeto a la jurisdicción de la CIDH en su condición de país miembro
de la OEA; por tanto, no está sujeto (como lo está Ecuador y como lo están
todos ustedes presentes aquí) a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ni tampoco a la Comisión cuando éstas actúan como órgano de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no se trata de una simple
coincidencia ni de una ingenuidad, sino que esto responde a una visión
política, de doble moral, que se aplicó en nuestra región por décadas, cuando
se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas,
patrias altivas con pueblos libérrimos y dignos”. En torno a la doble moral que
encubren este financiamiento y esta inmunidad, aporta Correa escandalosos
ejemplos: “Y las contradicciones son clamorosas, les insisto, al dictador
Carmona, un día después del derrocamiento temporal de Chávez, ya lo llamaba ‘Su
Excelencia’, ‘Su Ilustrísimo Gobierno´; mientras que, por ejemplo, cuando se
aplica la ley y se lleva a juicio a cualquier periodista pillo, ahí sí se lo
pone como atentado a los Derechos Humanos; y mientras tanto, no se dice nada,
insisto, del bloqueo a Cuba o de las torturas en la base de Guantánamo (qué van
a decir, si pierden el trabajo futuro que están esperando), o de los Derechos
Humanos de los propios agraviados por la prensa corrupta, agravios,
linchamiento mediático que atentan todos los días contra los artículos 11 y 13
de la Convención, que defiende la honra, la reputación de las personas.
Insisto, Ecuador no aceptará más este descarado neocolonialismo”. Sobre la
posibilidad de acuerdos que permitan que todo siga igual, apostrofa Correa:
“Por ahí escuché que se hablaba de ‘negociar’ las reformas a la CIDH con los
miembros de la Comisión; incluso, si es correcta una versión de prensa, el
Presidente de la Comisión habría dicho que lo único en lo que están dispuestos
a ceder es en normar de mejor manera las medidas cautelares. ¿Negociar? Aquí no
tenemos absolutamente nada que negociar con ninguna burocracia. La Asamblea de
Estados Partes debe ser el máximo organismo que con toda legitimidad pueda dar
mandatos a las diferentes instancias del Sistema Interamericano.[APLAUSOS]…
¿Negociar? Que se ubiquen un poquito por favor. Para defender los Derechos
Humanos, debemos ser los primeros en cumplir con la legalidad y las normas,
pero pese a que las competencias y funciones de la CIDH están perfectamente
definidas (como lo demostré) en la Convención Americana de Derechos Humanos y
en el Estatuto aprobado por la Asamblea General (que ya lo vamos a ver),
increíblemente en el reglamento hecho por ellos mismos, se declaran autónomos
(lo cual no dice por ningún lado la Convención ni el Estatuto) y se arrogan funciones,
como las de dictar medidas cautelares, que tampoco están establecidas ni en el
Estatuto ni en la Convención, peor aún en la Carta Fundacional de la OEA”.
Tras lo cual el Presidente culmina su arenga con una declaración
terminante: “El Estado ecuatoriano no reconoce, porque no está en la
Convención, no está en la Carta de la OEA, no está en los Estatutos; el Estado
Ecuatoriano no reconoce la capacidad de la CIDH para imponer medidas cautelares
de cumplimiento obligatorio a los Estados, únicamente reconoce esa capacidad en
la Corte…”
7 Siguiendo el espíritu del discurso de Rafael Correa 18 de los 23
países firmantes de la Convención Interamericana adoptan las resoluciones
siguientes: “1)Insistir en la importancia del equilibrio entre los derechos y
las obligaciones de los Estados que forman parte de la OEA. Frente a ello,
acuerdan promover estímulos positivos para lograr la adhesión de todos los
Estados miembros de la OEA al Pacto de San José. A tales efectos, acordaron
designar una delegación de Cancilleres de los Estados parte para que realicen
gestiones directas con aquellos Estados que no son parte de la CADH. En este
marco, propiciaremos que los miembros de la Comisión sean elegidos entre los
nacionales de los países que hayan ratificado la Convención. 2)Encomendar a la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fortalecer los esfuerzos de
promoción de los Derechos Humanos, mediante el apoyo a los sistemas nacionales.
3) Convocar a todos nuestros países como Estados Parte a asumir plenamente el financiamiento
del Sistema, a través del presupuesto ordinario de la OEA y de las
contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la Organización.
Asimismo, se podrán considerar contribuciones voluntarias no condicionadas ni
direccionadas. 4) En función del principio de indivisibilidad de los derechos
humanos, proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales y
garantizar el financiamiento para el cabal cumplimiento de los fines de cada
una de ellas. 5) Solicitar al Secretario General que presente un análisis
detallado de los costos de funcionamiento de los órganos del SIDH. 6)
Considerar la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos esté ubicada en un Estado parte de la Convención Americana de
Derechos Humanos. 7) Dar continuidad a la convocatoria de esta Conferencia de
Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como un espacio
de dialogo permanente en este ámbito. 8) Encargar a Ecuador las coordinaciones
necesarias para llevar a cabo la próxima Conferencia de Estados Parte y la
configuración de la delegación de cancilleres para los efectos señalados en el
numeral 1.”
8 Son acuerdos trascendentes. En sustancia, exhortan a los países que no
forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), como
Estados Unidos y Canadá, a que se integren a él, o dejen de entrometerse.
Exigen que sólo puedan ser magistrados en el SIDH los nacionales de los países
que sí han firmado la Convención, y que uno de dichos Estados sea la sede. Recomiendan
fortalecer los sistemas nacionales de Derechos Humanos, para no depender de los
internacionales. Demandan análisis riguroso de los costos de funcionamiento del
SIDH, y financiamiento real de los Estados miembros, para evitar indebida
influencia de los financiadores ajenos al sistema, y que todas las relatorías
sean especiales, para evitar que se preste atención a las más financiadas, como
las dedicadas al ejercicio de la comunicación. Son demandas apoyadas por 18 de
los 23 paìses que han suscrito la Convención Americana: una contundente mayoría
de 78,26%. Es el tercer, y quizá último llamado para que la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos rectifique errores.
9 El 19 de marzo de 2013 la Comisión Interamericana anuncia la
autoreforma de su Reglamento Interno. En el nuevo texto no acoge ni una sola de
las exigencias aprobadas por mayoría absoluta en la Cumbre de Guayaquil. Para
las burocracias de la CIDH, nada significa la mayoría del 78,26% de los Estados
signatarios de la Convención Americana; vale decir: nada significa la
democracia.
10 En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
que se celebra el 22 de marzo de 2013 y en la cual se aborda el candente tema
del financiamiento de las relatorías de la Organización, sobre todo la referida
a la libertad de expresión, el ex canciller mexicano Jorge Castaneda sostiene
que los países del ALBA pretenden destruir el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, y que por tanto “el ALBA debe ser mandado al infierno".
Los Estados signatarios del ALBA-TCP de inmediato rechazan de forma categórica
"las infelices declaraciones" del ex-Canciller, y afirman que
"Los países del ALBA hemos planteado la necesidad de reformar los
organismos internacionales para colocarlos al servicio de los pueblos,
democratizando la toma de decisiones y reduciendo la influencia de los grandes
centros de poder mundial sobre sus actuaciones". Y reiteran que "nos
oponemos a que la relatoría del Derecho a la libertad de expresión siga siendo
financiada por el poder mediático internacional, para utilizarla contra los
Gobiernos Progresistas de nuestro Continente. De allí que, no sea el ALBA el
propiciador de la destrucción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
sino las propias naciones poderosas, que lo han utilizado como instrumento para
agredir a los países que no están alineados a sus intereses imperiales y
despóticos". Por su parte Roy Chaderton, el embajador de Venezuela ante la
OEA, en la citada reunión del 22 de marzo expresa que "Es curioso el sentido
de justicia que tiene la CIDH, que juzga sólo a ciertos Estados objeto de la
antipatía política imperial, ejemplo Venezuela, pero no sanciona a los que
verdaderamente incurren en la violación de DD.HH". Y añade que el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos que "pasó tantos años ciego, sordo y
mudo ante violaciones de DD.HH. en Venezuela, a partir de Chávez no ha hecho
más que aceptar las falsas denuncias de los anteriores violadores con el
acompañamiento musical de dueños de medios", para concluir que
"Estamos en rebelión contra este corrupto y pusilánime sistema. La
primavera está entrando en la OEA". Pero dentro de las vetustas
cristalerías de su sede en Washington impera sólo el invierno burocrático. O
rectifica, o la rectificamos.
Luis Britto Garcia – Doutor em Direito, escritor e ensaísta venezuelano – 14.03.2013
IN AlbaTV – http://www.albatv.org/Derechos-IN-Humanos.html
