terça-feira, 30 de outubro de 2012

Manifestaciones estudiantiles en Chile: ausencia escolar


La llamada “Ley Hinzpeter” impone drásticas sanciones a quienes promuevan o participen en futuras protestas estudiantiles,
(...) Se llegó al extremo de incluir entre los delitos toda forma de registro fotográfico, audiovisual o de sonido.
La pretensión gubernamental de reeditar entre nosotros las conocidas prácticas pinochetistas de represiones masivas como fundamento de un “orden policiaco” debe ser denunciada como prácticas abiertamente antidemocráticas.

Alvaro Cuadra
1.- Estudiantes ausentes.
Mucho se ha especulado en torno a la eficacia de las protestas, en cuanto, se afirma, la mayoría de los estudiantes ni siquiera están inscritos en los registros electorales. De suerte que el coro vocinglero por una educación pública, gratuita y de calidad no vale mucho a la hora de contar votos. En la actualidad, se ha modificado la ley electoral en el sentido de una inscripción automática y del voto voluntario. En principio, no hay ninguna razón teórica o empírica que indique una transformación radical del padrón electoral.
La cuestión de fondo es si acaso los millones de jóvenes ausentes en los procesos electorales modificarán su comportamiento en virtud de una ley de la república. Pareciera que la indiferencia a las elecciones se relaciona más bien con una “desconfianza radical” respecto al sistema político en vigencia que a otra cosa. Esto explica la distancia del movimiento estudiantil frente a los partidos tradicionales, incluidos los partidos de izquierda, y la multiplicación de diversas agrupaciones alternativas. Hasta el presente, los partidos mismos no han mostrado un particular interés en reconstruir los puentes hacia los movimientos sociales en general y hacia el movimiento estudiantil en particular.
El síndrome de los “estudiantes ausentes” significa, ni más ni menos, la existencia de un “mundo político paralelo” sin vasos comunicantes con la institucionalidad política construida tras la dictadura. Esta no es una buena noticia para las autoridades de gobierno ni para la “clase política” adscrita al oficialismo o la oposición. Este mundo político otro es variopinto y reconoce matices, sin embargo, como conjunto expresa una “racionalidad política” muy alejada del cálculo electoralista y de los “grandes temas” que se discuten en el poder legislativo.
Para decirlo con moderación, en la mayoría de estos “estudiantes ausentes” hay indiferencia, acaso desdén, hacia el “establishment” político tradicional; y no faltan buenas razones que expliquen esta actitud arraigada entre los más jóvenes. Los cuatro gobiernos concertacionistas fueron capaces de poner en evidencia que dicho conglomerado no era la solución sino una parte importante del problema. En un balance retrospectivo de la mentada Concertación, se podría afirmar que más allá de los discursos, lo cierto es que el país no avanzó significativamente hacia una democracia más plena, convirtiéndose en los hechos en mera administradora del orden heredado, aplicando medidas cosméticas cuando hubo ocasión. La modificación de la LOCE por la LGE resume muy bien este punto de vista.

2.-  Piñera, Hinzpeter y los otros
La llamada “Ley Hinzpeter” impone drásticas sanciones a quienes promuevan o participen en futuras protestas estudiantiles, entendiendo como agravante el usar capucha. El gobierno le ha puesto “suma urgencia” a esta iniciativa del ejecutivo y ya ha sido aprobada por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en diciembre 2011. Se busca convertir en “delito” lo que la autoridad considere un atentado contra las personas y/o contra la propiedad. Las penas consideradas son de presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años de cárcel. Se llegó al extremo de incluir entre los delitos toda forma de registro fotográfico, audiovisual o de sonido.
Lo que quiere el señor ministro es fortalecer un “estado policiaco” que criminalice toda expresión de los movimientos sociales. Es claro que si llega a aprobarse este proyecto de ley, el concepto mismo de democracia en Chile descendería varios escalones hacia el sótano del autoritarismo y sería el equivalente de apagar un incendio con gasolina. El proyecto pone en evidencia, una vez más, la escasa vocación democrática del actual gobierno de derechas y la miopía política de que adolece.
Basta imaginar a cientos o miles de jóvenes estudiantes procesados en virtud de esta ley para dimensionar la profundidad del dislate. Solo la incapacidad política de un gobierno explica el talante autoritario de una administración como la actual. Convertir el mero llamado a una movilización en “incitación”  de “desórdenes u otro acto de fuerza” es una grave limitación a la libertad ciudadana. El proyecto de ley pareciera redactado por un encargado de la DINA, pues carece del más mínimo tino político que se espera de un ministro de estado.

3.- El espectro de Pinochet
Las actuaciones recientes del actual mandatario muestran que el espectro de Pinochet todavía se pasea por La Moneda. Para vergüenza de este país, hace muy poco sectores de extrema derecha se han permitido enaltecer la figura del sátrapa en un acto público, haciendo apología del crimen y el terrorismo de estado. Este acontecimiento que habría sido inaceptable en cualquier democracia sana ha sido posible entre nosotros gracias a una actitud permisiva y tolerante de un gobierno de derechas que posa de liberal. Lo cierto, es que en el seno de la Alianza política de la derecha  el liberalismo político no existe. La elite dirigente no es otra que aquella que consagró el terror en “Chacarillas”, formada en un anticomunismo de Guerra Fría y, desde luego, en el neoliberalismo de Chicago.
En este contexto, nada tiene de singular que un ministro de “Renovación Nacional”, la supuesta “ala liberal” de nuestra derecha haya engendrado un proyecto de ley digno de las más afiebradas ensoñaciones del “Mamo Contreras” El gobierno de Piñera, como el dios Jano, tiene dos caras. Un rostro sonriente y demagógico cada vez que engaña a los chilenos con promesas y mentiras, un rostro autoritario y agresivo cuando se trata de hacer frente a los movimientos sociales que se expresan en diversas ciudades del país. Es triste observar los establecimientos educacionales cercados por carros policiales y a los estudiantes convertidos en delincuentes por autoridades incompetentes e incapaces del más mínimo respeto por los planteamientos de los jóvenes estudiantes de Chile.
La pretensión gubernamental de reeditar entre nosotros las conocidas prácticas pinochetistas de represiones masivas como fundamento de un “orden policiaco” debe ser denunciada como prácticas abiertamente antidemocráticas. Los ciudadanos tienen pleno derecho a expresar su malestar ante el atropello a sus derechos. No es lícito que este gobierno o cualquier otro convierta las escuelas en “campos de concentración” de corte fascista, no es aceptable que un gobierno que se reclama democrático patrocine una iniciativa legal que, en los hechos, niega las libertades más elementales.
Hasta el presente, el gobierno, y por extensión la “clase política” en su mayoría, ha cerrado las puertas a las demandas de los estudiantes, buscando soluciones cupulares que burlan una y otra vez las cuestiones de fondo. Hasta el presente, las autoridades solo enarbolan la cavernaria política del garrote, negándose a buscar con seriedad una real salida política al conflicto. Los estudiantes han estado ausentes de la institucionalidad política porque no se les reconoce en su estatura de ciudadanos, han estado ausentes porque se buscan soluciones sin que el movimiento estudiantil sea tomado en cuenta. En definitiva, la ausencia estudiantil no es sino un síntoma más de una democracia enferma.

Alvaro Cuadra –Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS – 23.08.2012

sábado, 27 de outubro de 2012

Levante Popular da Juventude faz esculacho em 11 estados


a juventude organizada pelo Levante sai às ruas para denunciar a impunidade de torturadores e criminosos da ditadura com o objetivo de sensibilizar a sociedade e garantir que a Comissão (da Verdade) tenha liberdade para fazer o seu trabalho e alcance seus objetivos.

 Nesta segunda-feira (14.05.2012), o Levante Popular da Juventude promoveu mais uma série de esculachos contra torturadores e agentes da repressão da ditadura militar por diversos estados do Brasil. Os atos se basearam na denuncia de ex-agentes que participaram direta ou indiretamente de ações de tortura na época e em frente a prédios que serviam para tais fins, como o Departamento de Ordem Política e Social (Dops) e o Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (Doi/Codi).
Foram realizadas 12 mobilizações organizadas nacionalmente em 11 estados: PE, PA, BA, CE, SE, PB, RN, SP, MG, RJ, RS. Oito agentes foram denunciados publicamente por meio dos esculachos, ao apontarem suas participações nos processos de tortura durante a ditadura.
Os manifestantes apoiam a instalação da Comissão da Verdade, cobram a localização e identificação dos restos mortais de desaparecidos políticos e exigem que os torturadores sejam julgados e punidos.
Além disso, os jovens condenam a movimentação dos setores conservadores dentro e fora das Forças Armadas, que não aceitam a democracia e não admitem a memória, a verdade e a justiça, desrespeitando a autoridade da presidenta Dilma Rousseff e ministros de Estado, como no manifesto “Alerta à nação”.
Desta forma, a juventude organizada pelo Levante sai às ruas para denunciar a impunidade de torturadores e criminosos da ditadura com o objetivo de sensibilizar a sociedade e garantir que a Comissão tenha liberdade para fazer o seu trabalho e alcance seus objetivos.

Ações
Em São Paulo, cerca de 100 jovens fizeram o esculacho do homem que torturou a presidenta Dilma Rousseff, o tenente-coronel reformado Maurício Lopes Lima, reconhecido pela presidenta como torturador da Operação Bandeirante, no município do Guarujá, no litoral de São Paulo.
O estado de Minas Gerais protagonizou outras duas ações. Em Belo Horizonte, o alvo de mais 100 pessoas foi a casa de João Bosco Nacif da Silva, médico-legista da Policia Civil da ditadura militar, denunciado pela participação num crime de assassinato e tortura na capital, em 1969. João Bosco foi responsável por autos de corpo delito na época, como no caso de João Lucas Alves, ao atestar um laudo médico dizendo que o jovem havia se suicidado, de acordo com o livro Tortura Nunca Mais.
No interior do estado, no município de Teófilo Otoni, outros 40 jovens fizeram um ato público nas ruas do centro da cidade. O ponto de partida da marcha foi a antiga cadeia da cidade e o Tiro de Guerra do Exército, e finalizaram na Praça Tiradentes. A atividade teve como objetivo resgatar a memória de Nelson José de Almeida, militante da organização política Comando de Libertação Nacional (COLINA), morto aos 21 anos no município. Além de denunciar o responsável por sua prisão, tortura e morte: o antigo 1º tenente da Polícia Militar Murilo Augusto de Assis Toledo, que foi agente do Dops de Minas.
Já na Bahia, por volta de 150 jovens de Feira de Santana, Cruz das Almas e Salvador foram às ruas da capital para fazer um esculacho contra o torturador Dalmar Caribé, cabo do Exército na ditadura, e responsável pelos assassinatos dos lutadores populares Carlos Lamarca e Zequinha Barreto. Os jovens seguiram em direção à Associação Cultural e Esportiva Braskem (ACEB), localizada no bairro do Costa Azul, local onde funciona a Associação de Karatê da Bahia (ASKABA), entidade fundada em 23 de novembro de 1967, pela família Caribé (Denilson Caribé de Castro e Dalmar Caribé de Castro).
No Rio de Janeiro, 50 jovens fizeram um protesto em frente a casa do torturador José Antônio Nogueira Belham, no Flamengo, Zona Sul. Belhan, envolvido nas torturas como colaborador e informante, foi o chefe do DOI-CODI do Rio. Dentre as inúmeras torturas e assassinatos cometidos em sua repartição está a do engenheiro civil e militante pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) Rubens Paiva, como citado no livro A Ditadura Escancarada, de Elio Gaspari.
Em Sergipe, o esculachado foi o médico apoiador da ditadura Dr. José Carlos Pinheiro, diretor do Hospital e Maternidade Santa Isabel, o mesmo alvo da última ação. Ele é acusado de acompanhar presos políticos submetidos à tortura no 28° Batalhão de Caçadores. Os cerca de 50 jovens denunciam que a função do médico era “diagnosticar” a saúde dos homens e mulheres torturados para determinar se eles aguentariam ou não mais atos de violência.
Em Pernambuco, o torturador escolhido foi o desembargador aposentado Aquino de Farias Reis. Aquino foi delegado de plantão no DOPS de Pernambuco, quando o preso político Odijas Carvalho, estudante de agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), foi barbaramente torturado aos 26 anos de idade e morto em consequência das torturas, em 30 de fevereiro de 1971. A ação aconteceu em frente ao Condomínio Ilha do Retiro, onde fica sua residência.
No Pará, um grupo de aproximadamente 50 pessoas realizou uma ação de escracho em frente ao prédio do Ministério da Fazenda, na cidade de Belém. O objetivo foi denunciar que naquele prédio trabalham dois torturadores da ditadura militar: Magno José Borges e Armando Souza Dias. Os dois ligados ao DOI-CODI estiveram no episódio da Guerrilha do Araguaia. Além dos cargos públicos, uma denúncia publicada pelo jornalista Mario Augusto Jakobskind diz que ambos também trabalham na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
Na capital do Rio Grande do Norte os jovens resgataram a memória mostrando os rostos e contando a história de quem morreu por defender a liberdade e justiça, ao homenagearem pessoas torturadas e mortas pelo regime, como Edson Neves, Emanuel Bezerra, Anátalia Alves e José Silton Pinheiro. O ato, com um caráter de agitação, aconteceu na Praça Cívica de Natal, em frente ao Palácio dos Esportes.
No Ceará, o foco da ação foi a antiga sede da Polícia Federal, que funcionou como um centro de tortura onde vários militantes de movimentos sociais e partidos políticos foram presos e torturados durante a ditadura, e que hoje em dia abriga a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor). Participaram da ação na capital cearense cerca de 80 pessoas, juntamente com outras entidades e ex-presos políticos, os jovens se mobilizam pela Comissão Nacional da Verdade, em Fortaleza (CE).
Já na Paraíba, o Levante promoveu uma manifestação na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e na Escola Estadual Presidente Médici, em João Pessoa, com o intuito de dialogar com os estudantes e resgatar à memória o período opressor da Ditadura Militar.
Em Santa Maria (RS), houve uma série de colagem de cartazes pela cidade para denunciar os tempos da ditadura civil-militar brasileira. A atividade procurou problematizar junto à população a necessidade de instauração da Comissão da Verdade, que vai apurar os crimes cometidos durante o período. 


IN “Brasil de Fato” – http://www.brasildefato.com.br/node/9564


quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Metrô não acompanha demanda, atrasa e superlota; número de panes quase dobrou


Segundo sindicato da categoria, sistema sofre de automação, terceirização, carência de profissionais e de investimento.

Jessika Marchiori  
São Paulo – Os testes de um novo sistema de sinalização chamado CBTC, sigla em inglês para Controle de Trens Baseado em Comunicação – em português mais claro, trens operados remotamente – , e o aumento da demanda estão entre as explicações para as falhas constantes no metrô de São Paulo. O número de ocorrências passou de 32 em 2010 para 59 em 2011, e as queixas têm sido frequentes neste ano.
O presidente da Federação Nacional dos Metroviários e secretário-geral do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Paulo Pasin, afirma que as falhas aumentam porque o sistema deveria ter sido ampliado há muito tempo: “Os sucessivos governos não deram a atenção devida e estamos com um sistema extremamente defasado. Se não houver uma expansão, a população será cada vez mais penalizada.”
O CBTC começou a ser instalado há um ano e meio, em caráter experimental, na linha 2 - Verde, entre as estações Vila Prudente e Sacomã. Segundo Pasin, em vez de solucionar problemas, o modelo provoca ainda mais falhas. “O novo sistema tem ocasionado problemas a uma linha que não tinha muitas ocorrências.” Com a circulação dos trens prejudicada, os efeitos da superlotação se agravam. As panes vão de bloqueios de portas por usuários a defeitos técnicos nos sistemas de controle das composições.
Os novos trens não possuem portas laterais e isso dificulta o trabalho dos operadores nas falhas conhecidas como "carrossel". Quando há um pouco mais de demora para resolver o problema, o reflexo se dá em todas as estações e a consequência é a paralisação dos trens. “Quando o trem fica desenergizado, o ar-condicionado desliga. Falta ventilação e a operação para a abertura de portas é muito maior”, alerta Pasin.
A superlotação e a falta de trens são as principais queixas dos usuários do metrô. Rosana Moreira, auxiliar de cobrança, que mora na Vila Ema, na zona leste da capital, reclama dos trens lotados e do tempo que perde para conseguir embarcar. “A fila é imensa nas estações e para embarcar é uma dificuldade”, reclama.
De acordo com dados fornecidos pelo Metrô, a linha 2 Verde concentra o maior número de paralisações. Os casos mais que triplicaram no período, subindo de sete (2010) para 24 (2011).
A falta de funcionários é um outro grave problema apontado por Pasin. O aumento no número de funcionários poderia resolver parte dos problemas crônicos do transporte metroviário. “Mais operadores de trens durante o dia ajudaria a reduzir as paralisações, a melhorar o atendimento e a segurança e aliviaria um pouco a superlotação.”
O comerciante Carlos Augusto Cerqueira, que pela primeira vez fazia a viagem da Penha, também na zona leste, para o centro de São Paulo, se assustou com a situação. “Saí de casa às 6h20 e estou chegando às 7h58. Para embarcar tive de ir até a estação Itaquera e esperei mais 20 minutos. É muito cheio e para ‘melhorar’ ainda mais a situação,as pessoas ficam na porta e quem precisa sair primeiro enfrenta outro transtorno”.
Pasin destaca ainda como agravante da situação a terceirização dos serviços. De acordo com ele, cada vez mais se retira do metroviário a função de cuidar da manutenção da rede, o que não garante a qualidade do serviço. “Quando a função é exercida pelos metroviários a qualidade é muito maior. Nossa capacidade é reconhecida internacionalmente e não é à toa que a companhia dá consultoria para a construção de muitos metrôs por aí. Infelizmente, a terceirização é política do governo do estado”, avalia o sindicalista.

Atrás de México, Santigo e Buenos Aires
O metrô paulistano é tido como um dos mais modernos do mundo, mas o serviço poderia ser muito melhor se não fosse a lentidão com o que o governo do Estado investe no sistema, que começou a operar nos anos 1970 e possui 70 quilômetros de extensão divididos em cinco linhas. A média diária de passageiros é de 3,4 milhões, sendo que a cidade tem quase 12 milhões de habitantes e é o centro de uma Região Metropolitana com 20 milhões de pessoas.
A Cidade do México, centro de um conglomerado urbano com o mesmo número de habitantes, começou seu sistema metroviário na mesma época que o de São Paulo e já chegou a 202 quilômetros em suas 11 linhas.
A Grande Santiago, no entorno na capital do Chile, também inaugurou sua primeira linha em meados dos anos 1970. Com 6,6 milhões de habitantes, a cidade é servida por 105 quilômetros e cinco linhas de metrô, e deve chegar a 120 quilômetros em 2014.
Buenos Aires, na Argentina, começou a construir suas linhas subterrâneas no início do século 20. Hoje conta com 56 quilômetros em seis linhas, para uma população de 3 milhões de pessoas.



Jessika Marchiori  – 14.03.2012

segunda-feira, 22 de outubro de 2012

A democracia moderna e a estética da moeda


Na sociedade em que tudo se pauta pela exibição midiática, desaparece o pudor, atestando-se o enfraquecimento do sentimento de vergonha ligado à moral social.

Olgária Matos
Favorecimentos ilícitos, informações privilegiadas, tráfico de influências, gratificações particulares, desvio de verbas públicas, suborno, omissões por interesses próprios ou partidários, formação de cartéis e negligências várias são, nas democracias modernas, práticas de corrupção e, como tais, sujeitas às leis que regulam infrações.
Deixando-se, pois, à Justiça a função de julgar, absolver ou condenar o governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, em 2010, sua detenção suscitou, como veiculado pela mídia, júbilo, como ocorreu também com a do ex-governador Paulo Maluf, a dos proprietários da Daslu e da Schincariol, respectivamente. Os dominantes não estão acima da lei.
Como, desde o impeachment do ex-presidente Fernando Collor até o presente momento, o fenômeno só se tem ampliado – não se tratando apenas de segredo de informação como antes, mas de algo com maior visibilidade agora –, compreende-se que as diversas figuras da corrupção não são fato isolado, mas atravessam a sociedade inteira.
Identificando nas democracias contemporâneas dispositivos que colocam as práticas autorizadas no limiar da ilegalidade, o filósofo Walter Benjamin anotou: “O valor venal de cada poder é calculável. Nesse contexto só se pode falar de corrupção onde esse fenômeno se torna excessivamente manipulado. Tem seu sistema de comando num sólido jogo entrelaçado de imprensa, órgãos públicos, trustes, dentro de cujos limites permanece inteiramente legal” (“Imagens de Pensamento”, Rua de Mão Única).

A violência da moeda
O dinheiro como valor hegemônico na sociedade contemporânea supostamente promove a ascensão social, baseada exclusivamente em critérios econômicos e no prestígio do dinheiro. Em seu livro O Processo Civilizatório, Norbert Elias analisa os primórdios da “revolução burguesa” na França, indicando a democratização dos costumes da corte. A burguesia, no esforço de alcançar uma legitimidade que não fosse a do dinheiro (que ainda não se impusera como valor), procurou “aristocratizar-se”, adotando a etiqueta e “as boas maneiras” como medidas da polidez e da convivialidade. Como lhe faltava o universo de tradições e méritos da nobreza, esforçou-se para ascender aos bens culturais.
Mas, com a institucionalização da sociedade de consumo, os bens culturais, que exigiam iniciação para serem compreendidos em suas linguagens próprias – como as artes e os saberes literários –, foram sendo abandonados e passaram a se reger pela obsolescência constante. De onde o advento de “modas intelectuais”. A ideologia do “novo-rico” prescinde até mesmo do “verniz da cultura”.
A ideologia dominante em uma sociedade, como Marx observou, é a da classe dominante, e, em nosso tempo, a dos “novos-ricos”. O “novo-rico” é aquele que conhece o preço de todas as coisas, mas desconhece seu valor. Sob seus auspícios, a educação produz uma cultura que atrofia a sensibilidade e o pensamento; a educação é entendida pela ideologia do “novo-rico” como “ serviço” e como mercadoria mais ou menos barata, dos quais o novo-rico é cliente e consumidor.

A perda da autoridade
A política institucional contemporânea participa da falência da escolaridade e da ética que a ela se vinculava quando a educação, ao menos em seus princípios fundadores, humanistas e republicanos, propunha, primordialmente, formar as crianças para fazer delas adultos mais felizes e melhores.
As detenções espetaculares de acusados de crimes do “colarinho branco” promovem uma pseudocatarse da sociedade, de onde não estão ausentes a agressividade e a “pulsão de morte”. Do outro lado, a estética “novo-rico” opera com dólares nos sapatos ou maços de reais nas roupas íntimas.
Na sociedade panóptica, em que tudo se pauta pela exibição midiática, desaparece o pudor, atestando-se o enfraquecimento do sentimento de vergonha ligado à moral social que, por sua vez, diz respeito à “flexibilização” do sentimento de culpa na consciência moral. O fim da autoridade paterna e o “pai humilhado” coincidem com a sociedade infantilizada em que não se reconhece mais a diferença entre as gerações, entre pais e filhos, masculino e feminino, bom gosto e mau gosto. Em tempos comandados pela ideologia “novo-rico”, tudo pode ser dito e mostrado; cada um de nós é chamado a apresentar em público atos e sentimentos como se fossem ideias.

Mídia e difamação: o comprometimento da democracia
A República moderna e a democracia, em suas origens e fundamentos, basearam-se, uma vez associadas, na confiança e no “franco dizer” de todos os cidadãos, isto é, na liberdade de expressão, diversa, esta, da delação. Porque hoje prospera a desconfiança como forma de sociabilidade, as delações programadas e premiadas – elaboração de dossiês sensacionalistas em época eleitoral ou denúncias por parte de funcionários e auxiliares de governo – estão se constituindo como práticas reconhecidas e aceitas pelos poderes instituídos e pela opinião pública, com recompensa cash e com a diminuição de penas criminais dos delatores quando estes são criminosos condenados pela Justiça.
O convite à delação tem uma história, cuja expressão mais próxima foi a Revolução Francesa, que reabilitou as medidas do Ancien Régime em jornais publicados entre 1789 e 1791, como La Dénonciation Patriote (A Denúncia Patriótica), L´Espion de Paris (O Espião de Paris) e L’Écouteur aux Portes (O Espreitador de Portas). Denúncias de vizinhos, cartas anônimas ou dossiês preparados para esses fins ocorreram também durante a ocupação alemã em Paris, na Segunda Guerra Mundial, bem como foi rotina nos regimes totalitários, na Alemanha durante o nazismo e na URSS, convertendo-se em política de Estado sob Stalin.
Da demagogia à difamação, do jogo com as engrenagens da Justiça ao direcionamento da opinião pública, da obsessão com a segurança nacional ao patriotismo perverso, da vigilância cidadã ao fim da tranquilidade individual, da defesa do bem público à transgressão do espaço privado, a delação está ligada aos momentos mais sombrios da história. O estudo da delação ao longo do tempo oferece-nos suas relações com o espaço público em que se mesclam verdades e seu contrário, informações e falsificações, intervindo diretamente na formação da opinião pública.
Na ausência de um ministério público, a Atenas democrática antiga – a mesma que inventou a política, o teatro e a filosofia – criou o “delator público”, que dizia respeito à proteção do espaço comum partilhado, o qual reinava soberano. E, para reparar seus abusos, julgava-se também o acusador, analisando suas intenções, a classe social de que provinha e outras circunstâncias de sua vida, podendo ele também ser condenado para o bem da cidade, caso suas intenções fossem de vingança, estritamente subjetivas ou particulares.
Resta saber se o recurso à delação voluntária mediante recompensa em dinheiro não induz à corrupção – dadas as oportunidades que se oferecem para quem procura desembaraçar-se de um adversário indesejado ou então para aquele que se deixa comprar por ele – e, ainda mais, quando vai se tornando um meio para o funcionamento da Justiça. 


Olgária Matos – Professora titular de filosofia na Unifesp – fevereiro de 2012

sexta-feira, 19 de outubro de 2012

Função pedagógica do Supremo?


a manifestação concisa sobre o mérito da causa é acompanhada de longos excursos sobre problemas brasileiros. Há ministros que dissertam sobre a substância da democracia, exaltando valores como legalidade, retidão e transparência. Há outros que fustigam a corrupção e, em geral, a falta de ética na política. Outros ministram aulas de história, referindo-se, por exemplo, aos males herdados do colonialismo e ao patrimonialismo brasileiro como condicionantes que permitem interpretar os fatos julgados na ação. Também é alvo de reflexões e críticas o sistema político brasileiro e suas mutáveis alianças, típicas do presidencialismo de coalizão.

Dimitri Dimoulis
Nos últimos dias, os debates jurídicos sobre a Ação Penal 470 concentraram-se em dois temas. Houve controvérsias sobre as exigências de clareza e objetividade das provas penais. Discutiu-se também muito sobre os requisitos e os riscos da teoria do domínio do fato no direito penal garantista.
Foi menos comentado um elemento que predomina nos votos dos ministros vogais, isto é, dos que votam após relator e revisor. A apresentação oral desses votos é comparativamente curta e, na substância, repete elementos de prova e interpretações jurídicas do relator e do revisor.
O interessante é que a manifestação concisa sobre o mérito da causa é acompanhada de longos excursos sobre problemas brasileiros. Há ministros que dissertam sobre a substância da democracia, exaltando valores como legalidade, retidão e transparência. Há outros que fustigam a corrupção e, em geral, a falta de ética na política. Outros ministram aulas de história, referindo-se, por exemplo, aos males herdados do colonialismo e ao patrimonialismo brasileiro como condicionantes que permitem interpretar os fatos julgados na ação. Também é alvo de reflexões e críticas o sistema político brasileiro e suas mutáveis alianças, típicas do presidencialismo de coalizão. Lamentou-se também a falha ética na estratégia de advogados que admitiram crimes menores (e prescritos) de seus clientes para negar envolvimento em crimes mais graves (e ainda puníveis).
Usando expressões fortes, metáforas e citações literárias, a maioria dos ministros considera que é tarefa do tribunal oferecer lições de ética política e social. O STF exerce abertamente uma função pedagógica que amplia de duas maneiras a competência de uma Corte em matéria penal. Primeiro, o tribunal considera-se não somente guardião jurídico da Constituição, mas também guardião moral da higidez da vida pública. Segundo, o STF considera que extensas argumentações políticas e sociológicas constituem fundamento válido de uma sentença penal.
Essa opção teve repercussão social positiva, tornando-se o STF um novo tribuno do povo. Mas não está isento de riscos. Pois mostra que o STF é um tribunal que, além de decidir causas com interesse político, decide com base em considerações políticas. Esse é o risco da "pedagogia do bem".

Dimitri Dimoulis  Professor da Escola de Direito de São Paulo da FGV e Diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais – 11.10.2012
IN “O Estado de São Paulo” – http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/mensalao/story.aspx?cp-documentid=254171653






O golpe imaginário de Ayres Britto

não há e nunca houve um projeto de golpe no governo Lula. Nem de revolução. Nem de continuísmo chavista. Nem de alteração institucional que pudesse ampliar seus poderes de alguma maneira.
Lula poderia ter ido as ruas pedir o terceiro mandato. Não foi e não deixou que fossem. Voltou para São Bernardo mas, com uma história maior do que qualquer outro político brasileiro, não o deixam em paz. Essa é a verdade. Temos um ex grande demais para o papel. Isso porque o PT quer extrair dele o que puder de prestígio e popularidade. A oposição quer o contrário. Sabe que sua herança é um obstáculo imenso aos planos de retorno ao poder. 

Paulo Moreira Leite
Confesso que ainda estou chocado com o voto de Ayres Britto, ao condenar oito réus do mensalão, ontem.
O ministro disse: “[O objetivo do esquema era] um projeto de poder quadrienalmente quadruplicado. Projeto de poder de continuísmo seco, raso. Golpe, portanto”
Denunciar golpes de Estado em curso é um dever de quem tem compromissos com a democracia. Denunciar golpes de Estado imaginários é um recurso frequente quando se pretende promover uma ruptura institucional.
O caso mais recente envolveu Manoel Zelaya, o presidente de Honduras. Em 2009 ele foi arrancado da cama e, ainda de pijama, conduzido de avião para um país vizinho. Acusava-se Zelaya de querer dar um golpe para mudar a Constituição e permanecer no poder. Uma denúncia tão fajuta que – graças ao Wikileaks – ficamos sabendo que até a embaixada dos EUA definiu a queda de Zelaya como golpe. Mais tarde, ao reavaliar o que mais convinha a seus interesses de potência,  a Casa Branca mudou de lado e encontrou argumentos para justificar a nova postura, fazendo a clássica conta de chegar para arrumar  fatos e os argumentos.
Em 31 de março de 64, tivemos um golpe de Estado de verdade, que jogou o país em 21 anos de ditadura. O golpe foi preparado pela denúncia permanente de um golpe imaginário, que seria preparado por João Goulart para transformar o país numa “república sindicalista.” Basta reconstituir os passos da conspiração civil-militar para reconhecer: o toque de prontidão do golpismo consistia em denunciar projetos anti democráticos de Jango.
Considerando antecedentes conhecidos, o voto de Ayres Britto é preocupante porque fora da realidade.
Vamos afirmar: não há e nunca houve um projeto de golpe no governo Lula. Nem de revolução. Nem de continuísmo chavista. Nem de alteração institucional que pudesse ampliar seus poderes de alguma maneira.
Lula poderia ter ido as ruas pedir o terceiro mandato. Não foi e não deixou que fossem. Voltou para São Bernardo mas, com uma história maior do que qualquer outro político brasileiro, não o deixam em paz. Essa é a verdade. Temos um ex grande demais para o papel. Isso porque o PT quer extrair dele o que puder de prestígio e popularidade. A oposição quer o contrário. Sabe que sua herança é um obstáculo imenso aos planos de retorno ao poder. 
Ouvido pelo site Consultor Jurídico, o professor Celso Bandeira de Mello, um dos principais advogados brasileiros, deu uma entrevista sobre o mensalão, ainda no começo do processo:
ConJur — Como o senhor vê o processo do mensalão?
Celso Antônio Bandeira de Mello − Para ser bem sincero, eu nem sei se o mensalão existe. Porque houve evidentemente um conluio da imprensa para tentar derrubar o presidente Lula na época. Portanto, é possível
que o mensalão seja em parte uma criação da imprensa. Eu não estou dizendo que é, mas não posso excluir que não seja.

Bandeira de Mello é amigo e conselheiro de Lula. Foi ele quem indicou Ayres Britto para o Supremo. A nomeação de Brito – e de Joaquim Barbosa, de Cesar Pelluzzo – ocorreu na mesma época em que Marcos Valério e Delúbio Soares andavam pelo Brasil para, segundo o presidente do Supremo, arrumar dinheiro para o “continuísmo seco, raso.”
Os partidos políticos podem ter, legitimamente, projetos duradouros de poder. É inevitável, porque poucas ideias boas podem ser feitas em quatro anos.
Os tucanos de Sérgio Motta queriam ficar 25 anos. Ficaram oito. Lula e Dilma, somados, já garantiram uma permanência de 12.
Tanto num caso, como em outro, tivemos eleições livres, sob o mais amplo regime de liberdades de nossa história.
Para quem gosta de exemplos de fora, convém lembrar que até há pouco o padrão, na França, eram governos de 14 anos – em dois mandatos de sete. Nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt foi eleito para quatro mandatos consecutivos, iniciando um período em que os democratas passaram 20 anos seguidos na Casa Branca. Os democratas de Bill Clinton poderiam ter ficado 12 anos. Mas a Suprema Corte, com maioria republicana, aproveitou uma denúncia de fraude na Flórida para dar posse a  George W. Bush,  decisão ruinosa que daria origem a uma tragédia de impacto internacional, como todos sabemos.
O ministro me desculpe mas eu acho que, para  falar do mensalão como parte de  projeto de “continuísmo seco, raso,” é preciso considerar o Brasil  uma grande aldeia de Gabriel Garcia Márquez. Em vez da quinta ou sexta economia do mundo, jornais, emissoras de TV, bancos poderosos, um empresariado dinâmico, trabalhadores organizados e  100 milhões de eleitores, teríamos de coronéis bigodudos com panças imensas, latifúndios a perder de vista, cidadãos dependentes, morenas lindas e apaixonadas,  capangas de cartucheira.
No mundo de Garcia Marquez, não há democracia, nem conflito de ideias. Não há desenvolvimento, apenas estagnação, tédio e miséria. Naquelas aldeias do interior remoto da Colômbia,  homens e mulheres famintos vivem às voltas de um poder único e autoritário. Esmolam favores, promoções, presentes, pois ninguém tem força, autonomia e muito menos coragem para resolver a própria vida.  Desde a infância, todos os cidadãos são ensinados a cortejar o poder, bajular. É seu modo de vida. Como recompensa, recebem esmolas.
No mensalão de Macondo, seria assim.                                       
Será esta uma visão adequada do Brasil?
Em 1954, no processo que levou ao suicídio de Getúlio Vargas, também se falou em golpe. Com apoio de uma imprensa radicalizada, em campanhas moralistas e denuncias – muitas vezes sem prova – contra o governo, dizia-se que Vargas pretendia permanecer no posto, num golpe continuísta, com apoio do ”movimento de massas.”
Era por isso, dizia-se, que queria aumentar o salario mínimo em 100%. Embora o mínimo tivesse sido congelado desde 1946, por pressão conservadora sobre o governo Eurico Dutra, a proposta de reajuste era exibida como parte de um plano continuísta para agradar aos pobres – numa versão que parece ter lançado os fundamentos para as campanhas sistemáticas contra o Bolsa-Família, 50 anos depois.
Embora falasse em mercado interno, desenvolvimento industrial e até tivesse criado a Petrobrás, é claro que Vargas queria apenas, em aliança com o argentino Juan Domingo Perón (o Hugo Chávez da época?), estabelecer uma comunhão sindicalista na América do Sul e transformar todo mundo em escravo do peleguismo, não é assim? E agora você, leitor, vai ficar surpreso. Um dos grandes conspiradores contra Getúlio Vargas, especialista em denunciar golpes imaginários, foi parar no Supremo. Chegou a presidente, teve direito a um livro luxuoso com uma antologia de suas sentenças.
Estou falando de Aliomar Baleeiro, jurista que entrou no tribunal em 1965, indicado por Castelo Branco, o primeiro presidente do ciclo militar, e aposentou-se em 1975, o ano em que o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura pelo porão da ditadura. Baleeiro deixou bons momentos em sua passagem pelo Supremo. Defendeu várias vezes o retorno ao Estado de Direito. Chegou a dar um voto a favor de frades dominicanos que faziam parte do círculo de Carlos Marighella, principal líder da luta armada no Brasil. A ditadura queria condenar os frades. Baleeiro votou a favor deles.
Tudo isso é muito digno mas não vamos perder a o fio da história que nos ajuda a ter noção das coisas e aprender com elas. Em várias oportunidades, o ministro que faria a defesa do Estado de Direito contribuiu para derrotá-lo. O ministro chegou ao STF com uma longa folha de serviços anti democráticos.
Em 1954, ele era deputado da UDN, aquele partido que reunia a fina flor de um  conservadorismo bom de patrimônio e ruim de votos. Um dos oradores mais empenhados no combate a Getúlio Vargas, Baleeiro foi a tribuna da Câmara para pedir um “golpe preventivo”. (Pode-se  conferir em “Era Vargas — Desenvolvimentismo, Economia e Sociedade,” página 411, UNESP editora.)
Os adversários de Vargas tentaram a via legal, o impeachment. Tiveram uma derrota clamorosa, como diziam os locutores esportivos de vinte anos atrás:  136 a 35. Armou-se, então, uma conspiração militar. Alimentada pelo atentado contra Carlos Lacerda, que envolvia pessoas do círculo de Vargas, abriu-se uma pressão que acabaria emparedando o presidente, levado ao suicídio.
Baleeiro permaneceu na UDN e conspirou contra a campanha de JK, contra a posse de JK e  contra o governo JK.  Sempre com apoio nos jornais, foi um campeão de denúncias. Era aquilo que, mais uma vez com ajuda da mídia, muitos brasileiros pensavam que era o Demóstenes Torres – antes que a verdade do amigo Cachoeira viesse a tona.
Baleeiro estava lá, firme, no golpe que derrubou Jango para combater a subversão e a …corrupção. Foi logo aproveitado pelo amigo Castelo Branco para integrar o STF. Já havia denuncia de tortura e de assassinatos naqueles anos. Mortos que não foram registrados, feridos que ficaram sem nome. Não foramapurados, apesar do caráter supremo das togas negras.
Entre 1971 e 1973, Baleeiro ocupava a presidência do STF. Nestes dois anos, o porão do regime militar matou 70 pessoas. Nenhum caso foi investigado nem punido, como se sabe. Nem na época, quando as circunstâncias eram mais difíceis. Nem quarenta anos depois, quando pareciam mais fáceis.
Em 1973, José Dirceu, que pertenceu a mesma organização que Marighella, vivia clandestinamente no Brasil. Morou em Cuba mas retornou para seguir na luta contra o regime militar. Infiltrado no
grupo, o inimigo atirou primeiro e todos morreram. Menos Dirceu. Os ossos de muitos levaram anos para serem identificados. Nunca soubemos quem deu a ordem.
Não se apontou, como no mensalão, para quem tinha o domínio do fato para a tortura, as execuções.
Um dos principais líderes do Congresso da UNE, entidade que o regime considerava ilegal, Dirceu foi preso em 1968 e saiu da prisão no ano seguinte. Não foi obra da Justiça, infelizmente, embora estivesse detido pela  tentativa de reorganizar uma entidade que desde os anos 30  era reconhecida pelos universitários como sua voz política. 
(Figurões da ditadura, como o pernambucano Marco Maciel, que depois seria vice presidente de FHC, Paulo Egydio Martins, governador de São Paulo no tempo de Geisel, tinham sido dirigentes da UNE, antes de Dirceu).
A Justiça era tão fraca , naquele período, que Dirceu só foi solto como resultado do sequestro do embaixador Charles Elbrick, trocado por um grupo de presos políticos.  Mas imagine.
Foi preciso que um bando de militantes armados, em sua maioria garotos enlouquecidos com Che Guevara,  cometesse uma ação desse tipo para que  pessoas presas arbitrariamente, sem julgamento, pudessem recuperar a liberdade. Que país era aquele, não? Que Justiça, hein?
Preso no Congresso da UNE, também, Genoíno foi solto e ingressou na guerrilha do Araguaia.
Apanhado e torturado em 1972, Genoíno conseguiu esconder a verdadeira identidade durante dois meses. Estava em Brasília quando a polícia descobriu quem ele era. Foi levado de volta a região da guerrilha e torturado em praça pública, como exemplo.
Ontem a noite, José Dirceu e José Genoíno foram condenados por 8 votos a 2 e 9 votos a 1. Foi no final da sessão que Ayres Britto falou em “projeto de poder de continuísmo seco, raso. Golpe, portanto”.

Paulo Moreira Leite – Jornalista – 11.10.2012

quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Quando Deus pauta a política


A ascensão e o fortalecimento dos evangélicos na arena política se relacionam mais com a defesa de interesses corporativos de algumas igrejas do que a valores propriamente religiosos

Glauco Faria
Nos últimos meses, os evangélicos têm aparecido cada vez mais no cenário político e nas manchetes dos noticiários, ostentando grande capacidade de interferir nas decisões políticas e causando arrepios a muitos que consideram o Estado laico ameaçado. As vitórias do segmento ficaram evidentes em episódios como o recuo do Ministério da Educação na distribuição de kits para combater a homofobia nas escolas, a não veiculação de um vídeo de combate à aids voltado para o público LGBT, os inúmeros obstáculos interpostos ao PLC 122 – que criminaliza a homofobia – no Congresso Nacional e mesmo a rocambolesca postura do governo e de seus representantes no Parlamento no item da Lei Geral da Copa, que previa a liberação de bebidas nos estádios.
Outro momento constrangedor para o governo federal se deu quando Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência, se reuniu com representantes da Frente Parlamentar Evangélica para, entre outros pontos, pedir desculpas por declarações em que teria criticado os religiosos durante o Fórum Social Temático de Porto Alegre. A impressão geral, e que inteligentemente os próprios líderes evangélicos fazem questão de reforçar, é que o governo e grande parte do Congresso se dobram diante das pressões do setor. Mas qual a natureza desse poder dos evangélicos? Trata-se de uma força superestimada ou é fruto de uma articulação de interesses que vem se tornando mais sólida nos últimos anos?
Para entender o papel desempenhado pelos evangélicos na política, é preciso resgatar as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, em 1986. Até aquele ponto, pentecostais e neopentecostais não se organizavam para garantir sua participação na política institucional. Alguns chegavam a repelir tal possibilidade: foi o caso dos dirigentes da Assembleia de Deus, que desencorajavam seus fieis ao pregar que eles não deveriam se envolver com partidos, movimentos sociais, sindicatos e organizações similares. Mas, para garantir seu espaço na elaboração da nova Constituição, lideranças da própria Assembleia de Deus, do Evangelho Quadrangular e da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD, que nunca sustentou o discurso antipolítico) passaram a se organizar com fins eleitorais.
Paul Freston, em seu livro Evangélicos na política brasileira: história ambígua e desafio ético, conta que, em janeiro de 1985, na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, políticos evangélicos de outras igrejas, como Íris Rezende, pediram à instituição que se envolvesse nas eleições para o novo Congresso. Naquele mesmo ano, em um encontro realizado em abril, os assembleianos apresentaram candidatos recrutados em suas fileiras, sendo que, em quatro estados, apoiaram outros candidatos pentecostais. A tática eleitoral, hoje muito conhecida dos brasileiros em geral, foi a do medo, como descreve Freston, que entrevistou o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, José Wellington Bezerra da Costa. Segundo o religioso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) “estava com um esquema armado para estabelecer a religião católica como a única religião oficial”. As lideranças da Assembleia de Deus também faziam questão de lembrar que a nova Constituição poderia estabelecer pontos como a legalização do aborto, a liberação das drogas e o casamento de homossexuais.
Ali, já se notava o potencial eleitoral da igreja: dos 18 indicados, 13 foram eleitos, além de um suplente. Na legislatura anterior, a igreja tinha apenas um deputado. No total, os evangélicos chegaram a ocupar 33 cadeiras no Congresso Nacional, pautando debates de cunho moral na Casa, como ressaltam Alvaro de O. Senra e Denise S. Rodrigues no artigo “Irmão vota em Irmão!”, publicado na revista Espaço Acadêmico. “Nessa conjuntura, criaram-se condições para que uma agenda política conservadora, de inspiração religiosa, pusesse na pauta dos debates e votações do Legislativo temas controversos, como a possibilidade de financiamento público para o ‘tratamento’ de homossexuais que desejassem ‘reverter’ para a condição de heterossexualidade.” Sem fazer qualquer separação entre a esfera política e a moralidade privada, os parlamentares se entrincheiraram em trabalhos como os da subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, manifestando-se contra a igualdade de direitos para homossexuais, o aborto, a descriminalização das drogas, e defendendo a censura nos meios de comunicação.
Mas a atuação não se limitava a temas relativos à moral. Os interesses corporativos das igrejas foram defendidos de uma forma bastante usual dentro das práticas do Parlamento: a fisiologia. Além de marcar presença na Subcomissão da Ciência, Tecnologia e Comunicação, o grupo obteve benefícios: em troca do apoio dado à emenda que concedia um ano a mais de mandato ao presidente Sarney (de autoria do deputado Matheus Iensen, do PMDB-PR, da Assembleia de Deus, que controlava emissoras de rádio e uma gravadora evangélica); alguns membros parlamentares ligados às igrejas foram agraciados com concessões de rádio e televisão.
Valdemar Figueiredo Filho, autor de Coronelismo Eletrônico Evangélico, destaca que, no período de 1985 a 1988, foram dadas 946 concessões de rádio e 82 concessões de televisão, sendo que 539 (52%) foram distribuídas entre janeiro e outubro de 1988, últimos meses da Constituinte, quando se debatia a duração do mandato do presidente José Sarney. Na prática, a área de comunicação seria a principal área de atuação dos parlamentares evangélicos. “Os interesses na representação política estão relacionados às estruturas midiáticas de que os grupos religiosos dispõem. É o que de fato justifica a formação de uma bancada parlamentar”, argumenta Figueiredo Filho.
A Assembleia Constituinte representou um verdadeiro divisor de águas na representação política evangélica. Segundo Leonildo Silveira Campos, foi ali que houve uma diferenciação entre “políticos evangélicos” e “políticos de Cristo”. O primeiro grupo, disperso, cuja origem remete à República Velha, não era composto por representantes dos interesses corporativos de suas igrejas e se inspirava nos ideais liberais dos norte-americanos. Já o segundo grupo passa ao largo de ideologias ou programas partidários, representando, prioritariamente, as demandas de suas organizações religiosas. 
Nesse sentido, a fraqueza do sistema partidário brasileiro favorece a inserção dos “políticos de Cristo”, que se distribuem por diferentes partidos, de acordo com as negociações com dirigentes e maiores possibilidades eleitorais em cada local. Um advento recente, o surgimento de uma nova classe média, seria também mais uma oportunidade para algumas instituições religiosas ganharem poder político. “Temos a emergência, no Brasil, de uma classe C, que é conservadora e vinculada ao consumo e à família. A palavra de ordem é sucesso, e não mobilização social. O perfil de liderança que se alimenta dessa situação é um líder carismático, que fala ‘Deus está comigo’, e é esse tipo de liderança que está surgindo, é o discurso do sucesso do indivíduo aumentando sua eficácia”, sustenta o sociólogo Rudá Ricci. “Como não temos um sistema de representação que se enraíza nessa classe C, tais lideranças ganham força. Vem aumentando a relação daqueles que professam alguma fé com a materialidade, usando a religião como fator de ascensão social.”
O sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira também observa que a fragilidade dos partidos é um fator que favorece o fortalecimento desses grupos religiosos na arena política. “O Estado é o campo próprio das políticas públicas, e é legítimo que igrejas e outros organismos da sociedade queiram influenciar o rumo dessas políticas. O problema é quando as igrejas – e outros organismos da sociedade – se comportam como se fossem partidos políticos e usam sua capacidade de influir nas eleições para reivindicar privilégios diante do Estado”, argumenta. “Um Estado respaldado por partidos políticos fortes – como pretende o projeto cidadão de Reforma do Estado – pode resistir a tais pressões. Um Estado despolitizado, porém, é frágil diante de pressões indevidas. Infelizmente, é este o nosso caso.”

Impérios midiáticos
“Essas igrejas nascem no espaço da comunicação, a liturgia é de comunicação de massa, seja eletrônica ou televisiva, tem um timing que é distinto das igrejas protestante e católica tradicionais.” Valdemar Figueiredo Filho se refere às igrejas pentecostais e neopentecostais, que representariam, na classificação proposta por Campos, os “políticos de Cristo”. Aliás, é necessário que se faça uma diferenciação: a participação dos evangélicos na população vem crescendo, de 9%, em 1990, para 15,4%, em 2000, segundo o Censo do IBGE. Mas quem alavanca o crescimento são os pentecostais e neopentecostais, enquanto denominações tradicionais do protestantismo se encontram estagnadas ou em declínio. E, para crescer e se consolidar, o investimento, econômico e político, na área de comunicação é crucial.
Levantamento feito por Figueiredo Filho com dados da Anatel e da Abert, em março de 2006, mostra que 25,18% das emissoras de rádio FM das capitais brasileiras são evangélicas, sendo que 69,11% destas pertencem ao campo pentecostal, com domínio da Igreja Universal do Reino de Deus, que detém 24 emissoras. Já entre as AM, a proporção é de 20,55%, sendo que a Assembleia de Deus possui nove emissoras. Segundo o cientista político, “o rádio configura o dizer e o fazer dos atores políticos que representam esses grupos evangélicos”. E há mais dados sistematizados por ele para confirmar isso. Em 2003, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara tinha 51 membros titulares, sendo que 16 contrariavam a norma que proibía parlamentares de serem sócios ou diretores de empresas concessionárias. Esses 16 representavam 37 empresas concessionárias: 31 emissoras de rádio e seis de televisão, sendo que quatro faziam parte da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), instalada oficialmente em 2003, e eram concessionários de 21 das 37 emissoras.
Dentre os grupos midiático-religiosos, sem dúvida o que mais se destaca é a Universal. Nem tanto pelo número de fieis, já que, conforme o Censo de 2000 do IBGE, ela tem nas suas fileiras 1,23% da população, ficando muito atrás da Assembleia de Deus (4,95%), da Igreja Batista (1,86%), da Congregação Cristã do Brasil (1,46%) e mesmo dos espíritas (1,33%). Mas é da sua característica empresarial, com ênfase na comunicação, que emana sua força. “Levando-se em conta os grupos de comunicação, a Universal é a mais forte, e com isso tem um poder político que se sobrepõe a outros grupos”, comenta Figueiredo Filho.
“A Universal é uma grande empresa que usa o imaginário da população e tem uma alta elaboração. Ela não se instalou nos moldes tradicionais, é um teatro e um mercado, que trabalha com produtos. Cada semana ela lança um produto novo, como qualquer empresa que sabe qual é seu público-alvo; existe uma corrente dos 70 pastores, outra para os empresários, para quem tem problemas financeiros...”, enumera Saulo de Tarso Cerqueira Baptista, autor de Cultura política brasileira, práticas pentecostais e neopentecostais. Ele ressalta que a igreja, assim como outras vertentes religiosas, não atrai apenas os seus fieis, mas, justamente por conta desses “produtos”, também chama a atenção de pessoas que professam outra fé e eventualmente frequentam um templo da IURD ou assistem a seus programas televisivos e radiofônicos em busca de cura ou de uma graça. A organização religiosa, proprietária da Rede Record, uma das maiores redes de comunicação do País, sabe diferenciar os objetivos de cada um de seus negócios. Enquanto na sua grade de programação restringe os programas religiosos à madrugada, aluga espaços no horário nobre em outras redes.
O exemplo de sucesso da organização comandada por Edir Macedo ainda teria estimulado outras denominações pentecostais a seguir o seu exemplo de inserção na política institucional, algo em que foi pioneira. “Algumas igrejas, como a Assembleia de Deus, foram praticamente arrastadas para esse campo, porque estavam perdendo terreno. Entrevistei um dirigente da Assembleia, que foi eleito vereador, e ele dizia: ‘Não sou político, mas é uma exigência dos pastores novos porque estávamos perdendo para a Universal’”, conta Cerqueira Baptista. “Considero que o fortalecimento político [dos evangélicos] se deu mais pela presença mais significativa e intensa nos partidos. Hoje, o PRB e o PSC têm grupos evangélicos/pentecostais em suas lideranças e em cargos-chave do partido. Há uns 20 anos que o bispo Rodrigues, ex-líder político da IURD, entendeu a importância da estrutura partidária e, de dentro, passou a atuar, no PL naquela época. Para ele, esse era um ponto central”, explica Alexandre Brasil Fonseca, doutor em Sociologia pela USP. “A TV, chamada de quarto poder no Brasil, representa uma série de elementos e ocupa papel importante no processo de legitimação de grupos evangélicos. A propriedade de emissoras de rádio e TV é um ponto importante, principalmente quando vão além da pregação religiosa, caso em que a IURD tem sido exemplar. Fora isso, o fato de alguém ter muito tempo de TV para pregações religiosas não representa, a priori, garantia de eleição para nada. O R.R. Soares [líder da Igreja da Graça] é um bom exemplo, ele foi candidato várias vezes a deputado e nunca se elegeu. Recentemente, conseguiu emplacar o irmão como deputado.”
O poder exercido de forma centralizada na Universal não a favoreceu apenas no mundo dos negócios de comunicação, mas também lhe dá um cacife eleitoral que não é proporcional à sua representação entre os evangélicos, superando as demais igrejas do segmento. Conforme Cerqueira Baptista, a igreja mantém seus representantes no Parlamento como “qualquer outro empregado da corporação”. Os fiéis das igrejas evangélicas, em geral, têm um grau de exposição à autoridade religiosa muito maior do que aqueles que seguem outras religiões, como destaca o sociólogo Eduardo Lopes Cabral Maia, autor do artigo “Os evangélicos e a política”, publicado na Revista dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC. De acordo com ele, aproximadamente 82,65% dos evangélicos vão ao culto uma ou mais vezes por semana, enquanto entre os católicos apenas 35,71% têm esse alto grau de exposição. Também entre eles há o menor número de fieis com baixo grau de exposição (9,69%). Essa maior participação dos evangélicos em cultos e atividades pode sugerir uma maior influência do discurso apresentado pelas igrejas e suas lideranças, incluindo-se aí os destinados a demonstrar que o voto no candidato da igreja é o melhor voto para o fiel/eleitor.

A relação com os governos
Na primeira eleição presidencial em que os “políticos de Cristo” já eram um grupo com força relevante, em 1989, Fernando Collor de Mello foi o ungido por muitos segmentos evangélicos, contando com manifestações públicas de apoio de líderes da Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus e Igreja Universal. No segundo turno, Lula, o então candidato petista, foi “demonizado” pelo jornal da igreja de Edir Macedo. Como afirma Cerqueira Baptista, boatos davam conta de que o “comunista ateu” proibiria cultos em espaços públicos, e os templos seriam transformados em escolas. Outros reclamavam da proximidade do PT com os católicos e viam em Collor uma oportunidade de “equilibrar o jogo”. A diferença que definiu a eleição em favor do postulante do PRN ficou em torno de 4 milhões de votos. “O Robinson Cavalcanti, bispo anglicano, era amigo do Frei Betto, e apareceu uma vez no horário eleitoral. Na época, o [Luiz] Gushiken era responsável pelo diálogo com o setor religioso, e ele sabe tanto de campo religioso como eu sei de sânscrito. Foi feita uma frente evangélica aqui [Pará], mas havia grandes dificuldades, porque quando ia conversar com o pessoal da campanha, eles não tinham a mínima noção de conversar. Se o PT tivesse humildade...”, conta.
Mas Collor deu muito menos do que se esperava, e logo os evangélicos começaram a reclamar. Ainda assim, foram os parlamentares que mais hesitaram a votar a favor do impeachment do presidente, como anotou o jornalista Jânio de Freitas na Folha de S. Paulo, um dia após o impedimento de Collor, deixando mostras de uma relação pouco republicana com o governo. “O Planalto só notou que o impeachment passaria à 1 hora de ontem, quando soube que a bancada dos evangélicos fechara com a oposição.” 
FHC também teve o apoio da maioria dos líderes evangélicos para sua eleição em 1994, mas a relação não foi tranquila, em especial com a Universal. Cerqueira Baptista resgata o fato de os membros da igreja acharem que o governo beneficiava a Rede Globo, que a “perseguia”. “A TV Globo ainda tem o poder de divulgação, mas nós temos o poder de mobilização. Senhores políticos, não venham bater às nossas portas à época das eleições, porque vocês vão ganhar também um verdadeiro não”, ameaçava pela imprensa o pastor Ronaldo Didini. Em 1994, Mario Covas, candidato a governador de São Paulo, havia recebido apoio por escrito na Folha Universal, assim como o candidato ao Senado José Serra, que, com Covas, chegou a participar de uma cerimônia da Universal, em que ambos foram chamados ao púlpito por Didini e apresentados como candidatos da Igreja Universal.
As fiscalizações da Receita Federal e da Previdência eram o que mais incomodava a IURD – elas ocorriam em frequência bem maior do que ocorria com a Globo, segundo seus líderes, e ainda seria beneficiada com aportes do BNDES, o que não ocorria com a Record. Em 1998, FHC não teve o apoio da Universal, que, mais tarde, articulou com o PL a aliança que levou Lula à Presidência em 2002. “Bom, eu vim para cá, me aproximei do PT, me aproximei do Genoino, do Zé Dirceu, de todos os líderes do PT e... houve uma distensão, não é? Eles desconfiavam da gente, tinham ódio da gente, a gente desconfiava e tinha ódio deles. Esse ódio acabou e começou a haver uma aproximação”, relatou o bispo Carlos Rodrigues, uma das principais lideranças da Igreja e do PL em depoimento a Cerqueira Baptista, em junho de 2004. “Mas hoje os evangélicos como grupo, como segmento, não têm nenhuma representação no governo Lula. Isso não tem, não é?”, reclamava Rodrigues, acusando ainda a Igreja Católica de ter derrubado Benedita da Silva, supostamente uma representante dos evangélicos (embora em sua ação parlamentar nem sempre tivesse se alinhado nas questões morais) da pasta da Ação Social (antecessora do Ministério do Desenvolvimento Social), para colocar Patrus Ananias. Rodrigues, que liderava com mão de ferro a bancada da Universal no Congresso, cairia após o escândalo do mensalão.
E hoje, como é a relação com o governo Dilma? “Existem sinais de que [a Frente Parlamentar Evangélica] está mais forte, mais próxima de influenciar o governo. A escolha do senador Marcelo Crivella para o Ministério da Pesca é um sinal importante para se avaliar. Apesar de pequena, não é uma pasta tão irrelevante, ainda mais se considerarmos que foi ocupada no governo Lula por José Fritsch, militante da Pastoral Católica”, destaca Cerqueira Baptista. “Nesse sentido, ao se colocar o Crivella, sinaliza-se uma perda de espaço católico e uma ampliação, ao menos simbólica, de espaço para os neopentecostais. A Frente Parlamentar Evangélica não considera que Crivella a represente, até pela própria natureza dos evangélicos e por constituírem um conjunto de tradições e igrejas diferentes, mas para eles é melhor um Crivella do que um católico.”
“O que temos atualmente se relaciona mais por características do Estado brasileiro, em que temos uma grande importância das relações pessoais nos processos (questão bem retratada no trabalho de Marcos Otavio Bezerra). Vejo que isso tem um peso maior do que propriamente o valor do religioso na sociedade contemporânea”, analisa Alexandre Brasil Fonseca. “A nomeação do Crivella como ministro só foi possível em decorrência de um partido que atua com o governo do PT desde o primeiro mandato de Lula e nesse sentido é que se concretiza a decisão. O simples fato de ele ser ‘representante evangélico’ não seria suficiente para tanto e mesmo os líderes da Frente Parlamentar Evangélica foram rápidos em afirmar a ‘não representação’ de Crivella em relação ao segmento.”
Nesse ambiente de fortalecimento de alas conservadoras no Congresso, como ficariam discussões cruciais como a igualdade de direitos para os homossexuais e o direito ao aborto, por exemplo? “A bandeira moral, quando se torna uma bandeira política, quase sempre funciona como uma camuflagem de interesses que não querem se explicitar, como são os interesses corporativos (interesses particulares, da própria entidade) ou a defesa de políticas sem respaldo social (isto é, políticas conservadoras que mantêm privilégios de pequenos grupos)”, alerta Pedro Ribeiro de Oliveira. “Veja dois casos típicos: a defesa do ensino religioso confessional nas escolas públicas (garantia de emprego a professores indicados pelas autoridades eclesiásticas) e a oposição à descriminalização do aborto (arma eleitoral contra partidos liberais e de esquerda).” 
Algo importante de se ressaltar é que as bandeiras do conservadorismo não unem necessariamente todos os membros da Frente Parlamentar Evangélica, mas conseguem agregar outros setores do Parlamento e conta com a omissão (devidamente calculada em termos de risco eleitoral) de outros. “Algo que a imprensa nunca soube trabalhar é a ação de uma ‘frente subterrânea’ católica. Subterrânea porque não mostra a cara dela, e se trata de um grupo maior do que o evangélico. A Frente Parlamentar Evangélica tem estatuto, se manifesta, é visível e é possível saber o partido de cada um e o que ele faz. Mas, na frente parlamentar católica, é mais difícil, porque não fazem questão de assumir, e em muitas causas, como nessas questões do kit anti-homofobia, eles se unem”, aponta Cerqueira Baptista. Para Rudá Ricci, o processo eleitoral de 2010, quando temas morais vieram à tona no fim do primeiro turno e no segundo do pleito presidencial, fortaleceu esses grupos. “Na eleição presidencial, pela primeira vez os neopentecostais perceberam que poderiam se aliar a alas ultraconservadoras da Igreja Católica, e essa somatória dá um contingente muito razoável”, acredita.
A união entre evangélicos e católicos em torno das questões morais, dobradinha que já se evidencia na pré-campanha de algumas cidades do Brasil, combina dois tipos de estratégia diferentes e pode potencializar ainda mais o seu alcance. “Esse ponto é o mais complicado, pois amplia em muito a escala dessas ações. A relação dos católicos com o Estado se dá desde sempre, e os evangélicos têm se caracterizado por fazer um barulho maior. Unir essas duas estratégias, como [Gilles] Kepel salientou no livro A revanche de Deus, passa por ações ‘pelo alto’ e ‘por baixo’, representando uma potencialização de ações e posturas”, reflete Brasil Fonseca. “Isso pode ser visto no episódio do ensino religioso no Rio de Janeiro. O projeto de um parlamentar ligado à Renovação Carismática [da Igreja Católica] atuou em consonância com o casal Garotinho”, lembra.
“Evidente que essas bandeiras unem setores conservadores católicos e evangélicos, mas se trata de uma coalizão de interesses, e não uma aliança estratégica diante de um imperativo ético”, pondera Ribeiro de Oliveira. Para ele, é necessário amplificar algumas discussões para toda a sociedade, o que seria uma forma de superar os obstáculos interpostos pelos mais conservadores. “A estratégia das igrejas – pelo menos no caso da Igreja Católica romana – consistia em definir esses temas como essencialmente morais, de modo a impedir que fossem incluídos na pauta política. Foi a pressão de movimentos sociais – notadamente feministas e gays – que trouxe esses temas para a agenda política”, lembra. “Agora, a estratégia é outra: já que o debate é inevitável, trata-se de mantê-lo restrito ao âmbito das autoridades eclesiásticas, como se elas de fato representassem o consenso de suas igrejas. Trazer esses temas para um debate amplo e honesto, na sociedade, só trará benefícios para o Estado e para as próprias igrejas – que serão levadas a formar a convicção de seus adeptos.”


Glauco Faria – abril de 2012